Casi 1.900 niños inmigrantes se han escapado este año de los centros de acogida de Andalucía

Maeztu, que ha inaugurado en Sevilla las 34 Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, ha señalado la importancia de la acogida «consciente y comprometida» de los menas frente «a la amenaza de los debates que asocian a estos niños y niñas a la delincuencia , los privilegios frente a los que ya están aquí, los discursos xenófobos o la criminalización de este fenómeno».

Desde la Consejería de Igualdad, que tiene las competencias en materia de inmigración de menores, reconocen la cifra de menas fugados de la red de asistencia , pero señalan que la tasa de abandono del sistema es cada vez menor. Además de esos abandonos voluntarios del sistema, los niños inmigrantes dejan los centros de la Junta de Andalucía por reunificación familiar en el país de origen -aunque eso solo ha ocurrido en diez ocasiones en este año-, por reunificación famliar en España -221 casos- o por cumplir la mayoría de edad -725 casos-.

De todas las causas de baja del sistema, las fugas son, con diferencia, las más habituales . Se trata del 62 por ciento de la pérdida de niños inmigrantes que registra la Junta de Andalucía.

Maeztu, ha señalado que «nos jugamos muchos» en esta acogida y que se debe entender que «no es una carga, es un beneficio a la sociedad». «La migración de los pobres es tan antigua como la humanidad y pone a prueba nuestro sentido de la justicia; no debemos abordarlo como un problema, sino como una oportunidad para recuperar nuestra identidad », ha señalado Jesús Maeztu, para quien los menores extranjeros tienen el «derecho a ser tratados con hospitalidad y no a rechazarlos con hostilidad».

El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado «lo contradictorio de la situación, porque los mismos países que abogan por la supresión de fronteras y el libre tránsito como premisas sobre las que construir ese mundo globalizado, supuestamente mejor y más justo, son a la vez los primeros en demandar el cierre de fronteras y las restricciones al libre tránsito, cuando estas premisas se aplican, no a las mercancías, sino a las personas ».

«Sin embargo, muchos de estos países, a la hora de afrontar este fenómeno, parece como si sólo fueran capaces de vislumbrar al inmigrante que pretende participar de sus riquezas y su bienestar. O ponen el foco de atención en el importante volumen de recursos que detraen de los Sistemas de protección. Mientras, un velo les oculta al niño que demanda su amparo y protección. Quizás sea por ello que la legislación que se pretende aplicar a estos menores sea con preferencia la de extranjería y no la de protección de menores», ha afirmado Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz ha concluido que «un niño nunca es un inmigrante. Un niño es una persona que por su situación tiene derecho a una especial protección y tutela de los poderes públicos. A un niño no se puede ni se debe añadir apellidos como inmigrante o refugiado. Su estatuto jurídico debe ser siempre y, en todos los casos, el de menor de edad por encima del estatuto de persona extranjera».