El Gobierno niega a la Junta de Andalucía 26 millones de euros para atender a menores inmigrantes

Utilizando, eso sí, buenas palabras y defendiendo que la atención a los menores extranjeros no acompañados «requiere de una actuación conjunta de las autoridades e instituciones vinculadas a su atención», según consta en la carta de respuesta que ha emitido la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad y Consumo y a la que ha tenido acceso ABC. La Consejería de Igualdad lleva desde el mes de junio reclamando fondos extraordinarios al Gobierno para atender a los niños migrantes que llegan solos a las costas andaluzas y que la legalidad vigente establece que pasan inmediatamente a ser tutelados por la administración autonómica. Ydefiende, precisamente, una situación de excepcionalidad.

La clave de estas discrepancias están en que el Gobierno central sólo compara los datos de un año con el anterior para determinar si ayuda o no a las administraciones autonómicas. Así, el año pasado certificó que Andalucía tenía una situación excepcional —por cierto con un Gobierno del PSOE en la Junta — porque se atendieron a un 82% más de niños que en el ejercicio precedente.

Este año 2019 han bajado los ingresos de estos menores en los centros tutelados por la Junta en un 32%, si bien el número de atendidos sigue siendo muy elevado, exactamente un 85,58% más que en 2017 porque la mayor parte de los que llegaron el año pasado siguen estando en el sistema público andaluz de protección. Es decir, se mantiene la situación de excepcionalidad que provocó la llegada de fondos especiales.

En términos absolutos, la Junta atendía hasta el mes de agosto de este año a 5.124 niños extranjeros no acompañados, 2.363 más que en el mismo período de 2017.

Hay que tener en cuenta que todos estos datos se refieren a los niños cuya tutela tiene la administración andaluza. Niños que han llegado a España por las costas andaluzas completamente solos y, en la mayoría de los casos, sin hablar español. La administración debe procurarles no sólo un techo y un sustento sino también ayudarlos en su itinerario formativo para que puedan buscarse la vida en el futuro. El protocolo con estos niños es exactamente igual que el que se sigue con los que son retirados de la tutela de sus progenitores por cualquier circunstancia. La Junta ejerce esta tutela en ausencia de los padres.

Uno de las principales problemas es la falta de plazas disponibles . La red normalizada de recursos residenciales para la atención en Andalucía de todos los menores que se encuentran en situación de desprotección está conformada por 2.359 plazas en 202 centros. Sin embargo, la Junta atiende ahora mismo a 5.124 niños en unos centros que no son cerrados sino que el objetivo es que funcionen como sustitutos de los hogares que estos pequeños no tienen.

Los trabajadores de estas instalaciones, que en algunos casos son públicas y en la mayoría gestionados por entidades y organizaciones en convenio con la Junta, se han quejado en numerosas ocasiones de falta de personal y de problemas de hacinamiento para estos niños.

De hecho, la anterior consejera de Igualdad, la socialista María José Sánchez Rubio, levantó la voz en varias ocasiones ante el Gobierno de Pedro Sánchez reclamando fondos y atención para Andalucía ya que es la comunidad autónoma que más migrantes menores recibe simplemente por cercanía física. Entonces se habló incluso de un reparto de estos niños por diferentes comunidades para así garantizar una mejor atención y su integración en España, pero la solidaridad entre comunidades no llegó. Ahora, con un Gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta y un Ejecutivo central en funciones, los problemas se mantienen sin resolver, aunque los niños son atendidos cada día.

El grupo parlamentario de Vox ha puesto, además, el foco en estos niños a los que culpa de «delincuencia» y pide el aumento de medidas de seguridad para aislar estos centros de los barrios donde están. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, aseguraba este martes que el índice de delincuencia de estos menores tutelados es del 0,54%. Un dato que no se cree el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, «lo pongo en duda porque se trata de una utilización forzada de las cifras. Los vecinos de estos centros que afirman que han aumentado los pequeños delitos y la inseguridad».