La auditoría desvela duplicidad de funciones en las agencias de la Junta de Andalucía

Las auditorías dan cumplimiento a uno de los primeros compromisos del Gobierno de coalición y suponen el primer paso de la investigación sobre las funciones que desempeñan cada uno de los entes adscritos a la Junta que el anterior Ejecutivo socialista fue creando durante su mandato de 37 años como organismos satélites a las propias consejerías.

Si bien el presidente de la Junta, Juanma Moreno , avanzó en marzo que las referidas auditorías revelaban «un verdadero caos y un descontrol generalizado» de los gobiernos socialistas, los informes que hoy se analizarán en San Telmo son más genéricos y se centran en determinar la eficacia de los entes investigados pero no en su situación contable. No habrá, como se anunció inicialmente, auditorías de infarto, porque los entes que se han analizado suponen solo una pequeña parte de toda la administración paralela y porque las conclusiones de los informes no parece que desvelen mucho más allá de la ineficacia del modelo y gestión de estas agencias.

Los entes analizados son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, la Agencia Pública de Educación, la Agencia Andaluza de la Energía, la de Innovación y desarrollo de Andalucía (IDEA), la de Puertos, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, la del Conocimiento; la Agencia de Servicios Socicales y Dependencia, la de Medio Ambiente y Agua, y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

En el encargo a la Intervención quedaron fuera de la auditoría otras seis agencias como el Servicio Andaluz de Empleo o el Servicio Andaluz de Salud y agencias empresariales como la Radio y Televisión de Andalucía.

Por una parte, los interventores confiman que los servicios y objetivos por los que se crearon estas agencias desde la Junta de Andalucía siguen vigentes, pero ponen en duda el modelo elegido en su día de agencia pública empresarial como el más adecuado a los fines propios de estas agencias.

El objetivo que persiguió la Junta al desarrollar este modelo era descentralizar su gestión , creando entes que escaparan a los controles rigurosos a los que están sometidas las consejerías en materia laboral y de fiscalización. La fórmula jurídica administrativa de la agencia pública empresarial le da cierto grado de independencia, ya que son entes con gestión similar a las sociedades anóminas, que tienen objetivos marcados en planes estratégicos y consejos de administración que le permiten ir más allá del sector público. Ese objetivo, según ponen en evidencia las auditorías, no se cumple.

Las agencias se han convertido en meros intermediarios de las consejerías con lo que sus empleados, que al ser contratados por entes independientes no han estado sometidos por lo general a un proceso de selección reglado, hacen el trabajo propio de los funcionarios. Este extremo ha sido denunciado por sindicatos de funcionarios y hay sentencias -como la referida al personal de la extinta Faffe subrogado en el Servicio Andaluz de Empleo-que advierten de que es una práctica contrario a derecho en la que está incurriendo la Junta.

Entre las conclusiones del informe, fuentes de la Junta destacan la existencia de duplicidad de funciones entre las que desarrollan las consejerías y sus propias agencias. Y entre el trabajo de algunas agencias con el de otras que, estando en distintas consejerías, comparten el mismo objetivo. Esto ocurre con la Agencia de Obra Pública, de Fomento, y la Agencia Pública de Educación, creada para gestionar obras en colegios.

Para la realización de esta auditoría, los directivos de la agencia s se han sometido al mismo cuestionario de 55 preguntas en el que tenían que justificar por qué las funciones de sus agencias deben realizarse desde fuera de la propia Administración general, o si realizan más cometidos que los que aparecen en sus estatutos y están referidos en su objeto social.

Según las fuentes consultadas por ABC la casuística es muy variada, pero la tónica del documento es la existencia de duplicidad y la falta de justificación para desarrollar determinados trabajos , como la gestión de subvenciones etc., por lo que se plantea si no estos entes no deberían desaparecer como tales y que sus objetivos y personal pasen a depender de las propias direcciones generales de las consejerías.

Serán ahora los propios consejeros los que decidan qué hacer con estas agencias a la vista del informe , si absorberlo en las estructuras de las consejerías o reorientarlos para cumplir los objetivos que se marcaron en su día, incluso si estos están justificados en la actualidad en función de las competencias de la propia administración autónoma.

El Gobierno andaluz quiere que se trate de un p roceso transparente y madurado . De hecho, retrasó la presentación del informe, que el presidente fijó en 45 días a partir del 31 de enero, para no interferir en la campaña electoral e impedir que pudiera acusarse a la Junta de utilizar los datos de la Intervención como arma electoral y se confundiera a los ciudadanos de que hay algo más que el afán del Ejecutivo andaluz por reordenar el mastodóntico complejo administrativo heredado en la Junta de Andalucía.