La auditoría a la Junta analizará la eficacia de doce agencias públicas

El pacto de gobierno en sus puntos 8 y 9 compromete al Gobierno del cambio a encargar una «auditoría integral» a la Cámara de Cuentas de Andalucía , «de todos los gastos de la Junta de Andalucía, incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental», con el objetivo de reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales, además de «racionalizar los organismos autónomos, entes instrumentales y otras estructuras duplicadas e innecesarias de la Junta de Andalucía ».

Sin embargo, según se desprende del acuerdo adoptado en el primer Consejo del nuevo Gobierno andaluz , el pasado 26 de enero, el mandato será a la Intervención General y se limita a desarrollar «con carácter prioritario» una auditoría pública dentro del Plan de Control Financiero del ejercicio de 2019 para verificar la «adecuada distribución competencial entre las distintas consejerías y los entes de la Administración para determinar la vigencia de los fines que en su día justificaron la creación de las entidades y, en su caso, si las mismas constituyeron el medio más idóneo para lograrlo».

El acuerdo se ciñe a auditar 12 de las 18 agencias públicas empresariales que constan en la estructura administrativa que ha heredado el nuevo Gobierno. Se trata de las agencias de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Obra Pública, Educación, Energía, Innovación y Desarrollo, Puertos, Vivienda y Rehabilitación, Conocimiento, Servicios Sociales y Dependencias, Medio Ambiente y Agua, Institucionales Culturales y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Quedan fuera de esta primera auditoría otras empresas públicas empresariales sanitarias y la que gestiona la Radio y Televisión de Andalucía , que tendrán un proceso de fiscalización específico.

La estructura del sector público andaluz que recibe el nuevo gobierno andaluz aglutina a un total de 95 entes de los que una decena carece de actividad, o se encuentra en proceso de liquidación o extinción. De los 85 restantes, 73 quedan fuera de la auditoría encargada por el primer Consejo de Gobierno . Se trata –además de las seis referidas agencias excluidas en el acuerdo–, de 12 agencias administrativas, 3 agencias de Régimen especial – entre ellas el Servicio Andaluz de Salud –, 24 sociedades mercantiles, 22 fundaciones y 16 consorcios adscritos.

Fuentes del Gobierno andaluz aseguran que el encargo realizado por el Gobierno a la Intervención General de la Junta es «un primer paso» en el objetivo de racionalizar el sector instrumental y elevar su eficacia. El resto quedará en manos de cada una de las consejerías durante los primeros meses de legislatura .

En ningún caso se trata de una auditoría contable , ya que la propia Junta tiene a través de la Intervención General y la Cámara de Cuentas información contable actualizada sobre todos los organismos.

Se trata de analizar si las agencias señaladas cumplen sus funciones y si hay duplicidad entre las mismas. El nuevo Gobierno sospecha que esa duplicidad existe. Basta plantearse por qué Educación tiene una agencia para proyectar infraestructuras escolares si existe otra agencia de Obra Pública en Fomento.

La auditoría se limitará a realizar recomendaciones y será el Gobierno el que deberá tomar decisiones. La finalidad es tener la información para en el menor plazo posible poder aprobar un decreto ley con el que centralizar la dirección , supervisión y evaluación de las entidades dispersas de la llamada «Administración paralela» como consta en el punto 10 del pacto de gobierno suscrito por el PPy Ciudadanos.

Siendo una auditoría encargada de forma puntual en la actual coyuntura, su puesta en marcha va a permitir introducir una novedad en la forma de trabajo de la Intervención que permita desarrollar un mecanismo de control continuo de la eficacia de los entes instrumentales de la Administración. El modelo se sustenta en la Ley 40/2015 que estableció un año después el marco legal por el que las Administraciones públicas –que hasta ahora limitaban su control a cuestiones contables y financieras– deben dotarse de sistemas de supervisión continua de sus organismos dependientes dirigidas a medir su eficacia. El modelo se puso en marcha a nivel estatal a través de la Intervención general de la Administración del Estado (IGAE) pero no tiene antecedentes en el resto de las comunidades autónomas.

El informe provisional del trabajo permitirá a las distintas consejerías tomar decisiones sobre otros entes paralelos que estén dentro de su estructura. El pacto de gobierno no fijaba plazo alguno para realizar la referida «auditoría integral». Juanma Moreno se comprometió públicamente a hacerlo «en un mes y medio». Se trata de un encargo imposible, aseguran distintos auditores consultados por ABC, sobre todo si lo que se pretende realmente es realizar una «auditoría integral» de la Junta .

Por eso, este solo es un primer paso en la tarea de auditar a los entes instrumentales. El corto plazo descartaba que fueran auditoras externas las que se encargaran del trabajo , porque ello implicaría la convocatoria de concurso público y alargaría en el tiempo las decisiones que sobre el diagnóstico tiene que poner en marcha cuanto antes el nuevo Gobierno.

El Gobierno andaluz ha dejado el asunto en manos de la Intervención General mostrando su confianza en los funcionarios de carrera «de la casa». La Intervención tiene 45 días a partir del 31 de enero, fecha de la a aprobación de su Plan de Control Financiero, para presentar un «informe provisional», plazo que el consejero de Hacienda podrá ampliar «por causas justificadas».