Juanma Moreno recibirá a Isabel Díaz Ayuso y a Fernando López Miras y negocia con Ximo Puig

Y en una cosa coinciden los cuatro dirigentes autonómicos —tres del PPy uno del PSOE— en la necesidad de abrir el debate de manera urgente porque mientras se mantenga el actual modelo , Andalucía, Valencia y Murcia están recibiendo fondos de menos para prestar los servicios públicos a sus ciudadanos. O, lo que es lo mismo, los andaluces, valencianos y murcianos tienen menos dinero público para sufragar los servicios esenciales .

Esta merma está cuantificada en Andalucía precisamente por la exconsejera de Hacienda y actual ministra María Jesús Montero. Según los cálculos que se hicieron bajo su mandato , Andalucía recibe cada año 800 millones de euros menos de los que le correspondería si el actual modelo de financiación autonómica se aplicase con criterios correctores.

Ni Ximo Puig ni Juanma Moreno quieren hacer de este asunto una cuestión partidaria sino de defensa de los intereses de sus ciudadanos . Ambos han acordado mantener un encuentro para que se haga visible esta alianza, y están negociando si será en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, o en la sede de la Generalitat valenciana. Los dos parecen dispuestos a ceder visitando la otra comunidad. Ximo Puig ya trató de poner en marcha este eje cuando Susana Díaz era presidenta de la Junta pero los acontecimientos políticos dieron al traste con unos planes que ahora se retoman.

Quienes ya está confirmado que acudirán al Palacio de San Telmo serán la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso , que tendrá un encuentro institucional con Juanma Moreno probablemente durante la Semana Santa, y Fernando López Miras , presidente de Murcia, que también visitará Sevilla antes del próximo 5 de marzo.

Hay un dato a destacar. Juanma Moreno ha dejado conscientemente fuera de este debate al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo , quien es su aliado en otras cuestiones, sobre todo a nivel interno del PP. Galicia está ahora en campaña electoral y, además, tiene unas peculiaridades en cuanto a población, envejecimiento y dispersión sobre todo, que no son las mismas que sí tienen en común Andalucía y Valencia.

Cada una de las tres comunidades tiene sus propias demandas económicas que no son, ahora mismo, la prioridad política en estos encuentros. Ya habrá tiempo para entrar en los detalles. La batalla ahora está en los nuevos criterios de reparto que se deben incluir en el nuevo modelo de financiación.

Así, hay varios criterios de reparto que ni Andalucía ni Valencia ni Murcia quieren mantener porque les perjudica con datos objetivos. El primero de ellos es la población. El actual modelo de reparto de los fondos del Estado entre las comunidades autónomas —que también negoció el PSOE con ERC y se aprobó en 2009— se basa en un criterio de población ajustada que se calcula teniendo como base la población real y aplicándole una serie de mecanismos correctores (población protegida, grupos por edades, superficie territorial, dispersión de población e insularidad).

Unas cuentas que, en el caso de Andalucía, se traducen en que 220.000 andaluces no computan a la hora de calcular el dinero que llega hasta la hacienda pública regional. Similar situación tiene Valencia, con una población cercana a los cinco millones de personas, que también sale perjudicada con este modelo de reparto. Igual que Murcia aunque su población es menor.

Las tres demandan que los cálculos de reparto se hagan teniendo en cuenta la población real que vive en esas comunidades, aunque Andalucía también aspira a que compute el número de jóvenes, el número de matriculados en centros públicos, y el índice de paro.

Hay otro caballo de batalla en los criterios técnicos de reparto: El funcionamiento de los fondos adicionales (los de cooperación y los de competitividad) que junto con la cláusula de mantenimiento del statu quo. Los dos han desvirtuado el objetivo de equilibrio territorial y la aplicación del concepto de equidad . El tercer criterio es la cesión porcentual de los tributos como, por ejemplo, el IVA. Este modelo va contra la convergencia de las comunidades ya que a mayor renta, más recursos para esa autonomía, lo que también provoca que ciertas comunidades tengan más margen para bajar los impuestos.