Andalucía aprueba un plan de ayudas para contratar a jóvenes en prácticas, investigadores y mujeres en paro

Con esta normativa, la Junta de Andalucía da cumplimiento a los compromisos incluidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) , el plan presentado por el Gobierno central y aprobado por Bruselas para remontar la profunda crisis económica, social y sanitaria provocada por el Covid-19, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. De los 140.000 millones de euros que va a recibir España en los próximos cinco años, la mitad serán en forma de transferencias a fondo perdido, y el resto serán préstamos y créditos que se deberán reembolsar.

Éstos son los seis programas de incentivos destinados a los colectivos más perjudicados por la crisis derivada de la pandemia que va a desplegar la consejería que dirige Rocío Blanco (Ciudadanos):

La cifra de jóvenes que ni tienen empleo ni cursan estudios en España resulta difícil de digerir. El 41,68% de los jóvenes menores de 25 años en Andalucía busca trabajo y no lo encuentra. Sin salidas a la vista, muchos de ellos están condenados a la inactividad. La pandemia ha estrechado el cuello de botella del acceso de los jóvenes al mercado laboral y el desenganche de los jóvenes a la formación.

Para atajar esta situación se ha creado el Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, dotado de 29,11 millones de euros. Se trata de ofrecer su primera a oportunidad laboral a jóvenes desempleados menores de 30 años que hayan finalizado su formación . De este modo, podrán adquirir competencias profesionales y facilitar su incorporación al mercado laboral. El plan financia la ocupación de los jóvenes bajo la modalidad de contrato en prácticas en las administraciones públicas y entidades del sector público andaluz.

Empleo crea subvenciones que varían entre los 1.783,83 euros por mes y trabajador en los grupos de cotización de la Seguridad Social del 5 al 9 (21.405 euros por año de contratación), y los 2.675,74 euros en grupos de cotización del 1 al 4 (32.108 por año). Además, se incluyen ayudas al desplazamiento de 1.000 euros por persona cuando procedan de una provincia distinta a la del centro de trabajo, con una cobertura máxima del 25% de los contratados.

Se priorizarán los puestos en tareas relacionadas con la transición ecológica y la economía verde, la digitalización de servicios , la cohesión social y el desarrollo local rural. La propia Administración podrá ofrecer estas prácticas remuneradas, a través las agencias, sociedades mercantiles y consorcios del sector público andaluz, los ayuntamientos, diputaciones y entidades públicas dependientes.

Las contrataciones tendrán una duración mínima de diez meses y máxima de doce, a tiempo completo , y para su cobertura las entidades deben presentar una oferta ante el Servicio Andaluz de Empleo. Los trabajadores se seleccionarán teniendo en cuenta los criterios de mayor adecuación al puesto, estudios específicos y valoración curricular mediante el uso del currículum ciego. El 10% de las contrataciones concedidas se reservarán para personas con discapacidad , salvo que no se llegue a un mínimo de 10 por entidad.

El segundo paquete de ayudas que recoge el decreto ley, denominado Programa Investigo, está dotado de 38,88 millones de euros. Su objetivo es fomentar contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años para la realización de iniciativas de investigación e innovación , preferentemente en ocupaciones referidas a sanidad, transición ecológica, economía verde (energías renovables, tratamiento de aguas y residuos e industria agroalimentaria), así como digitalización de servicios y data science.

Los encargados de realizar las contrataciones serán los organismos de investigación y difusión de conocimientos, universidades públicas, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos , entidades públicas sujetas a derecho privado y privadas sin ánimo de lucro, además de empresas que estén invirtiendo en investigación e innovación. Las subvenciones cubrirán los costes laborales y salariales de la contratación a jornada completa , por un período mínimo de doce meses y máximo de 24, de jóvenes inscritos como demandantes de empleo en el SAE en el momento de comenzar la relación contractual.

La subvención oscila entre los 22.405 euros por persona y año en el caso de contratos en los grupos de cotización del 5 al 9, y los 33.108 por persona y año en los grupos del 1 al 4. No se podrá contratar a jóvenes que hayan desempeñado cualquier tipo de puesto de investigación en la misma entidad en los seis meses anteriores, y nuevamente se prevén ayudas al desplazamiento de 1.000 euros con la cobertura de un máximo del 50% de las contrataciones.

La tercera medida, financiada con 16,22 millones de euros, es el Programa de Apoyo a Mujeres en los ámbitos rural y urbano, residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes , y con necesidades de cualificación o recualificación formativa o profesional. El plan contempla el desarrollo de itinerarios individualizados que integren acciones de diagnóstico de empleabilidad, acciones de orientación laboral y para facilitar la búsqueda de empleo, acciones formativas de cualificación o recualificación profesional, talleres de competencias transversales, acompañamiento e incentivos a la participación o la incorporación laboral.

Ayuntamientos, entidades del sector público andaluz o entidades jurídicas sin ánimo de lucro podrán poner en marcha estos proyectos, y se fija un porcentaje de inserción laboral del 20% de las participantes . El Servicio Andaluz de Empleo financiará los costes salariales del personal técnico que desarrolle este programa , con una cuantía de 32.135 euros por técnico y año . Las mujeres participantes recibirán una ayuda de 515 euros una vez finalizada su participación en un itinerario.

El decreto ley prevé también la puesta en marcha de proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad dirigidos a colectivos especialmente vulnerables , destinados a promover la inserción laboral y la atención personalizada a través de proyectos integrales que incluyen acciones de orientación y de formación y cuentan con un presupuesto de 40,23 millones de euros.

Los beneficiarios de este programa son las personas con discapacidad, desempleadas de larga duración (12 meses en situación de desempleo en los 18 meses anteriores al inicio del proyecto), minorías étnicas, demandantes de empleo mayores de 45 años, personas inmigrantes, mujeres con problemas de integración social, personas desempleadas en riesgo de exclusión social y perceptores de prestaciones. El programa prevé su participarán en proyectos integrados de inserción laboral de una duración máxima de 9 meses, durante los cuales podrán recibir ayudas para conciliar la participación en el proyecto, para el cuidado de familiares, de formación, transporte o alojamiento.

Estos proyectos podrán ser desarrollados por entidades de formación, entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y entidades del tercer sector. La cuantía de la subvención será de 6.000 euros por cada persona participante que concluya el itinerario personalizado que se le haya diseñado. En el caso de los parados de larga duración, se contabilizará su participación siempre que finalice en inserción laboral.

La quinta medida está destinada al mantenimiento del empleo de los trabajadores por cuenta ajena contratados por microempresas y trabajadores autónomos , así como los socios-trabajadores y de trabajo de empresas de emprendimiento colectivo, con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros.

Se trata de una ayuda de 4.500 euros a tanto alzado para compensar parte de los costes salariales de los trabajadores asalariados durante un plazo de seis meses, período en el cual la empresa además debe comprometerse a realizar una actuación que facilite la transición de su actividad hacia la economía verde o digital. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones trabajadores autónomos; microempresas (que no cuenten con más de diez trabajadores y un volumen de negocio inferior a dos millones de euros); cooperativas y sociedades laborales

La sexta medida, llamada Transición del trabajo autónomo y de la economía social hacia una economía verde y digital, prevé un presupuesto de 33,3 millones de euros y tiene por objeto el impulso de actuaciones emprendedoras que contribuyan a la economía verde o digital, así como la transición de la actividad económica ya iniciada hacia este mismo fin. La medida contempla una ayuda a tanto alzado de 4.500 euros para el inicio de actividades económicas tanto de trabajadores autónomos como cooperativas en una actividad profesional o empresarial que contribuya a facilitar la consecución de una economía verde o una economía digital, así como la transición de la actividad.

Todas las ayudas, salvo la última, serán gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo , de manera que las solicitudes para su tramitación estarán disponibles en la Ventanilla Electrónica de este organismo, en la dirección electrónica: https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/ . Las solicitudes de las ayudas para el impulso de actuaciones emprendedoras se cumplimentarán en el modelo normalizado disponible a través del catálogo de procedimientos administrativo en https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos.html . Todas las ayudas, en concurrencia no competitiva se concretarán en las correspondientes convocatorias que se publicarán en el BOJA y difundirán a través de la web de la Consejería y del SAE.