Andalucía poda la maraña de burocracia y desatasca grandes inversiones y obras en mitad de tiempo

A un observador atento como Larra no se le escaparía que muchos trámites rutinarios que en el año 2018 le obligaban a peregrinar de ventanilla en ventanilla, ahora los puede realizar de manera telemática, con un clic desde el ordenador o una aplicación móvil , sin necesidad de presentar documentos ni de rellenar formularios impresos en una yincana administrativa tan exasperante como agotadora. La eliminación de trabas urbanísticas y papeleos innecesarios ha posibilitado que grandes proyectos de inversores privados tarden la mitad de tiempo que antes en ver la luz.

Operaciones más sencillas también han ganado en agilidad. Para obtener una licencia de obras menores en su propia vivienda a través del ayuntamiento como, por ejemplo, el cambio de alicatado o de solería en una azotea, ya no es preciso esperar hasta doce meses en algunos municipios.

Gracias a unos cambios normativos realizados en 2020, la Junta permite iniciar la obra desde el instante en que se presenta una declaración responsable . La comunicación previa también le bastará a un autónomo para abrir una tienda de ropa o de electrónica. Reemplaza a la licencia de ocupación, que puede demorarse hasta nueve meses, y los ayuntamientos verifican con posterioridad que cumplen los requisitos. Antes el comerciante se enfrentaba a la disyuntiva de cruzarse de brazos a la espera de que llegara el permiso o iniciar la actividad, exponiéndose a que le cayera una multa .

Los proyectos de más envergadura, como una explotación minera en suelo rústico , también han ganado en agilidad al librarse de tramitar un plan especial o un proyecto de actuación para ponerlos en marcha. Se ahorra así entre 9 y 24 meses de espera.

Todos estos avances y algunos más son la plasmación práctica del denominado Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado el 9 de marzo de 2020 y convalidado por el Parlamento al mes siguiente, cuando el coronavirus tenía paralizada toda actividad no esencial y confinados a los españoles en sus casas.

Un año después de echar a rodar la legislatura, el nuevo Ejecutivo del PP y Ciudadanos modificaba o derogaba parcialmente 21 textos legislativos y seis decretos tras chequear los procedimientos a los que se enfrentaban los proyectos empresariales en una Administración esclerotizada tras 37 años de monopolio institucional del PSOE. La revisión de trámites, que involucraba a diversas consejerías bajo la coordinación del consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco (Cs), extendía la figura de la declaración responsable, una autorización sin necesidad de control previo que ideó la Unión Europea para abreviar la burocracia.

El resultado fue la eliminación o simplificación de hasta cien trámites que abarcaban a casi todos los ámbitos económicos: comercio, turismo, sanidad, industria, medio ambiente, urbanismo, energía o servicios sociales. La Administración se sacudía parte de las inercias del pasado y ganaba en eficiencia . El citado decreto ley forma parte de una oleada de reformas encaminadas a reducir trabas administrativas, una de las banderas que ha cogido el Gobierno de Juanma Moreno surgido contra pronóstico de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018.

Hasta tres decretos guiados por el mismo objetivo van a ver la luz en esta legislatura que finalizará en 2022. El primer decreto ley dirigido a estimular la economía, aprobado en diciembre de 2019, instauró una vía preferente y urgente para tramitar proyectos de inversión de interés estratégico para la comunidad mediante la creación de la llamada Unidad Aceleradora, adscrita a la Consejería de la Presidencia. Un equipo multidisciplinar de funcionarios de la Junta, llamados ‘project managers’ , se encargan de velar desde dentro de la Administración para que ésta cumpla sus plazos en la emisión de informes y autorizaciones.

¿En qué se traduce esta figura? El beneficio se mide de nuevo en tiempo: las inversiones declaradas de interés ven reducidos a la mitad los plazos ordinarios de los procedimientos administrativos. La Junta da prioridad a iniciativas que contribuyen al desarrollo energético sostenible y a la economía circular. Proyectos de interés estratégico son la ampliación de su polígono industrial de Consentino en la provincia de Almería , que generará 740 empleos directos y 719 millones de euros de inversión; la refinería de Cepsa en San Roque que costará 926 millones y creará 3.200 empleos directos e indirectos, así como la creación de un Centro Andaluz de Protonterapia que impulsan en Córdoba tres empresas dedicadas a la investigación contra el cáncer.

Estos dos decretos leyes ya están en vigor y se completarán con un nuevo paquete de reformas que aprobará el Consejo de Gobierno en los próximos días que afectará a unas 80 normas y contendrá más de 300 medidas de simplificación y reactivación económica que afectarán a toda la Junta. Todo ello forma parte de un plan más amplio para mejorar la regulación económica que propone simplificar 150 procedimientos hasta el año 2024 (su ejecución dependerá del gobierno que salga de las urnas) con vistas a acabar con retrasos injustificados que ahuyentan la inversión, según remarcó el consejero Velasco.

Los robots informáticos, utilizados para desbloquear trámites repetitivos durante la pandemia, también han salido al rescate de la Administración y del ciudadano. Ha permitido despachar en tiempo récord ayudas Covid que habrían tardado meses en resolverse. La Consejería de Empleo incorporó 17 robots que tramitaron 2.500 incentivos a autónomos en un solo día . Las máquinas emplearon mil horas en realizar el trabajo de 238 funcionarios, que se liberaron para realizar funciones con mayor valor añadido.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha automatizado la gestión de la Renta Mínima de Inserción Social . El objetivo es reducir a seis meses el tiempo de espera para acceder a la red asistencial destinada a los hogares más vulnerables, que estaban sufriendo retrasos en su tramitación de hasta año y medio.

La reciente Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que entrará en vigor el 23 de diciembre, bebe de esta filosofía. La nueva norma del suelo reduce la tela de araña administrativa en la que han quedado atrapados promotores y numerosos ayuntamientos andaluces que en los últimos 19 años no han logrado desarrollar o ajustar sus planes de ordenación urbana a la encorsetada ley del suelo actual. Extiende el uso de la declaración responsable para realizar, sin esperar al permiso municipal, « obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto».

Acabar con el calvario de las demoras en las licencias urbanísticas es un caballo de batalla del sector promotor y constructor desde hace décadas. El silencio administrativo favorecerá a partir de ahora a los propietarios de una urbanización de viviendas que presenten un proyecto de reparcelación para tratar de regularizarlas. El ayuntamiento deberá responder en cuatro meses. Si no lo hace, se cumplirá el refrán de «quien calla otorga» en lugar del manido «vuelva usted mañana» de Larra que tantas oportunidades ha hecho perder a Andalucía.