2000-2009: De los alegres años de la hegemonía socialista al «crack» de los ERE

Con el reparto discriminado de fondos públicos, el Ejecutivo andaluz compró voluntades, apaciguó revueltas laborales , rescató industrias desmanteladas tras cientos de millones de euros enterrados en ellas –Cárnicas Molina, Santana o Delphi– y financió despidos de trabajadores incluidos en expedientes de regulación de empleo (ERE), entre los que aparecieron excargos del PSOE que nunca habían trabajado allí.

La mecánica encerraba una triquiñuela. Como la Comisión Europea y los interventores de la Junta habían puesto reparos legales a las primeras ayudas concedidas a Cárnicas Molina en 1999 , en lugar de pagarlas directamente, la Consejería de Empleo optó por hacerlo a través de un órgano externo, la agencia IDEA. El motivo oficial del cambio del sistema, que dio origen al caso ERE, fue agilizar los pagos, pero al sacarlos de los controles administrativos de la Junta se creó un caldo de cultivo para que los expedientes se corrompieran.

Sin vigilancia, imperó la ley del embudo. Ancho para unos ancho, estrecho para otros . Entre 2000 y 2010, 120.829 andaluces se vieron afectados por ERE, pero las ayudas sólo llegaron a 6.096. Como no se publicaban en el Boletín Oficial, parte del dinero acabó en empresas afines al poder político, sindicatos, abogados y comisionistas como Juan Lanzas que acudieron a la tarta de las subvenciones como abejas a un panal de rica miel. Un convenio marco institucionalizó el 17 de julio de 2001 el método irregular que estuvo funcionando hasta 2010 . Al mando de la sala de máquinas estaba el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que gestionó un fondo de 647 millones para repartir entre «criaturas necesitadas de ayudas» y apagar fuegos laborales. No actuaba solo. Era el encargado de hacer desaparecer cualquier quebradero de cabeza por complicado que fuera para sus jefes.

No por casualidad las crónicas periodísticas de la época bautizaron aquel statu quo como la «pax chavesiana» en honor a su protagonista, Manuel Chaves, al que Felipe González encomendó reinventar el modelo de la autonomía. El ministro de Trabajo cogió a regañadientes el mando de la Junta de Andalucía y de la federación más fuerte del PSOE, fracturada por las trifulcas entre guerristas y renovadores.

Chaves ejecutó como un alumno disciplinado el papel que su jefe le había reservado. Su monopolio de poder se asentaba sobre tres pilares: una administración hipertrofiada, la confusión entre la institución y el partido, y el control omnímodo de la Junta .

En 2009 el sector público alcanzó su máxima expansión. La Junta había creado un archipiélago de empresas, fundaciones y entes instrumentales deshabitados de funcionarios en los que reinaba el nepotismo. El epítome de esa impunidad fue la fundación Faffe. Creada en 2003 para formar a los parados andaluces, funcionó como una agencia de colocación de afines hasta que José Antonio Griñán la liquidó en 2011. Parte de ese dinero acabó costeando juergas en clubes de alterne.

La Junta era ya la mayor empresa de la comunidad, la principal empleadora, la primera contratista. Al final de la década, Griñán se topó con una gran rebelión de los funcionarios contra el «decreto del enchufismo», transformado luego en ley, que pretendía integrar en la Junta a unos 20.000 trabajadores de la «administración paralela». Nunca antes 50.000 personas se habían echado a la calle contra un Ejecutivo socialista. Algo se estaba removiendo bajo el suelo del «miniestado» andaluz.

El segundo pilar era la identificación entre el partido y la institución, al punto de que era difícil distinguir dónde acababa el PSOE-A y empezaba la Junta. En el fondo, la segunda no era más que un instrumento para perpetuar al primero en el poder . Prueba de ello es que se renunció a un debate netamente andaluz. Desde 1990 hasta 2008 todas las elecciones autonómicas coincidieron con las generales.

El PSOE se adueñó de la bandera blanquiverde desde la constitución de la autonomía. El mérito no era solo suyo. En gran parte se lo debía al error histórico de la derecha. UCD, con la ayuda de Alianza Popular, predicaron la abstención bajo el lema «Andaluz, este no es tu referéndum» el 28 de febrero de 1980, equivocación que el PP quiso enmendar apoyando la reforma del Estatuto en 2005.

Para entonces el PSOE había copado la base social del andalucismo . En las elecciones de 2008, Chaves arrasó y el «tsunami» socialista fagocitó lo poco que quedaba del Partido Andalucista (PA), que venía de gobernar con el PSOE cuatro años antes. De cinco escaños pasó a cero. El PA se extinguió, preso de los vaivenes, errores, refundaciones y el cainita Juego de Tronos entre sus dirigentes.

La tercera pata sobre la que asentó la hegemonía era un poder que irradiaba desde la Junta hasta los últimos confines de la sociedad. Los disidentes eran sometidos a una fuerte presión. Cajasur, la caja cordobesa controlada por la Iglesia católica, fue el centro de una enconada batalla política porque había dejado la tutela autonómica en 2002. Volvió a estar bajo su paraguas después de que el PSOE desalojara al PP de la Moncloa en unas elecciones convulsionadas por la masacre terrorista del 11-M. Fracasada la fusión con Unicaja, el Banco de España intervino Cajasur. El sueño de un sistema andaluz potente bajo la órbita socialista se había esfumado.

La expresión máxima de este poder eran los acuerdos de concertación social del Gobierno andaluz con la patronal y los sindicatos. La lucha contra el desempleo –el objetivo oficial– era en realidad una coartada para asegurarse la paz social a cambio de ayudas con las que sostener el tren de gasto de los firmantes del pacto. El paro se convirtió en un rentable negocio político . Aquellos acuerdos eran la tramoya de la ciénaga en la que chapoteaba el poder.

Con los primeros efluvios de la corrupción, el Domingo de Ramos de 2009 José Luis Rodríguez Zapatero esgrimió un desgaste demoscópico para forzar la retirada de Chaves a cambio de una Vicepresidencia Tercera con más renombre que fuste político. Sólo puso una condición: señalar a su sucesor. Chaves eligió a su vicepresidente económico, José Antonio Griñán, una decisión de la que no tardaría en arrepentirse. El banquillo de los acusados por el caso ERE, el triste destino de ambos expresidentes, terminaría por reconciliarlos en parte.

Los andaluces volvieron a ser convidados de piedra de un poder subalterno de Madrid. Como había sucedido 19 años antes, otro presidente socialista había decidido por ellos.

Hay una fecha clave para entendertodo lo que pasó después. El 26 de enero de 2009 los directivos de Mercasevilla se reúnen con dos empresarios hosteleros de La Raza para exigirles una mordida a cambio de ayudas de la Junta de Andalucía para montar una escuela de hostelería. La grabación del encuentro, desvelada por ABC, llegó al jefe de gabinete de Chaves, Juan Gallo , quien la entregó, sin transcribir, a la fiscal jefe de Sevilla hasta que acaba en el juzgado de Alaya tras una denuncia del PP.

En aquella reunión, los directivos pronunciaron una frase que explica por sí sola el modo de entender y de ejercer la política sobre la que se había edificado la hegemonía: «La Junta colabora con quien colabora» . Las irregularidades en la gestión del mercado central de abastos de Sevilla destaparon un enorme aparato clientelar capaz de aplastar con dinero público cualquier iniciativa independiente. Como ocurrió en los alegres años veinte, la fiesta terminó con una gran depresión. El régimen andaluz había hecho «crack».