¿Por qué los andaluces reciben la mitad de recursos públicos que los vascos para financiar sus servicios?

Los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, el pasado julio, revelan «las enormes diferencias que existen entre las comunidades forales y el resto». La financiación por habitante en el País Vasco alcanzó los 4.654 euros a igual esfuerzo fiscal y competencias homogéneas en el año 2104 , mientras que Andalucía dispuso de 1.915 euros por habitante. Está incluso por debajo del promedio de las regiones que tienen un régimen común, que se sitúa en 2.016 euros. Es decir, un andaluz no recibe ni la mitad de los recursos que un ciudadano vasco para mantener sus servicios y casi el 50% que un navarro (3.734 euros).

La clasificación que aparece en el «Informe sobre la dimensión territorial de la actuación de las Administraciones públicas» reserva a Andalucía el cuarto puesto en el furgón las regiones peor financiadas . El último lugar es para la Comunidad Valenciana, gobernada por el socialista Ximo Puig, con una dotación de 1.798 euros per cápita. Les siguen Murcia (1.840 euros) y Madrid (1.883). Cataluña, inmersa en unas elecciones inciertas tras el «gatillazo» independentista, está justo detrás de Andalucía (1.922). Fuera de las comunidades forales, hay regiones consideradas pobres que salen mejor paradas en el reparto. Son los casos de Extremadura (2.404 euros) o de Galicia (2.282).

Estas abismales diferencias a las que alude Hacienda tienen su origen en el controvertido cupo vasco, un modelo de financiación especial, basado en derechos históricos que están preservados por la disposición adicional primera de la Constitución Española. Este ventajoso sistema permite al País Vasco y Navarra recaudar íntegramente los impuestos a través de sus diputaciones forales. Con posterioridad, ambas comunidades pagan un cupo o hacen una aportación al Estado para costear competencias de esta administración y gastos de funcionamiento de instituciones comunes como el Congreso o la Corona.

En las regiones que tienen un régimen común de financiación, es el Estado quien ingresa la mayor parte de los tributos (salvo aquellos que tenga cedidos, como el discutido Impuesto de Sucesiones y Donaciones ) y luego les traspasa a las autonomías parte de esos ingresos.

El privilegio es doble y palpable para los ciudadanos que residen en los territorios forales. Una cuestión aparte es la gestión que luego se realice con estos recursos. A más financiación, menos impuestos. El citado informe del Ministerio de Hacienda así lo advierte: «La presión fiscal es también significativamente más baja en las comunidades forales, que a diferencia de las regiones de régimen común, muestran un sobreesfuerzo fiscal negativo y muy considerable ».

Los andaluces soportan mayor presión fiscal aunque ganan menos. El salario medio de un andaluz es de 21.381 euros al año . Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, las nóminas más elevadas correspondieron en 2015 al País Vasco (27.571 euros) y a Madrid (26.448 euros).

Un rápido repaso por los principales indicadores autonómicos pone de manifiesto el impacto que tiene esa desigualdad en la calidad de los servicios. Andalucía destaca como la comunidad que menos gasta en sanidad por habitante: 1.090 euros . En el lado opuesto está el País Vasco, que durante el ejercicio de 2015 tuvo un gasto per cápita 1.631 euros. Se da la paradoja que la inversión en sanidad por habitante representa en Andalucía el 6,4% de su PIB, mientras que el gobierno de Íñigo Urkullu (PNV) destinó el 5,3% de la riqueza regional a sanidad. En el conjunto de España, sólo Madrid y Cataluña dedicaron un porcentaje inferior: 3,9 y 4,8 por ciento del PIB, según otro estudio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La brecha llega también a las aulas. Con gran diferencia, el País Vasco es la autonomía que más invierte por alumno : 8.976 euros al año. Gasta el doble que Madrid (4.443), Andalucía (4.510) y Castilla-La Mancha (4.591).