La Junta quiere asumir la defensa del exconsejero Vallejo en el caso Invercaria

Loles López recordó que el propio Vallejo reconoció en su declaración ante el juez que en Servivation no hubo plan de negocio, propuesta de inversión ni análisis por parte del personal técnico de Invercaria, pero a pesar de ello la Junta de Andalucía le concedió 1.180.000 euros, que fueron aprobados por el consejo de administración de Invercaria y el consejo rector de Idea. Agregó que el Gobierno andaluz «no ha recuperado ni un solo céntimo de ese dinero».

La secretaria general del PP andaluz considera que «se han utilizado artimañas jurídicas para amparar a un amigo» y se preguntó «qué sabe el señor Vallejo y qué teme el PSOE para haber hecho esta argucia y disparate jurídico» , ya que la defensa de Vallejo se hará por los letrados de la Junta, que está personada en la pieza como acusación.

El PP andaluz, que está personado en la causa, ha presentado un escrito oponiéndose a la solicitud presentada el 7 de octubre en el juzgado por un letrado de la Junta para sustituir a los abogados privados del ex consejero Vallejo. Además, la dirigente popular exigió a Díaz que dé marcha atrás y anunció que pedirá explicaciones en el Parlamento andaluz al consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha asegurado que la solicitud de asumir desde la Junta la defensa del exconsejero está avalada por un informe del gabinete jurídico del Gobierno andaluz. Según el vicepredidente, este informe «dice claramente que no se encuentra concernido en el asunto en cuestión el señor Vallejo . Y como no se encuentra concernido tiene derecho como todo cargo público a ser defendido en ese caso concreto, a diferencia de lo que ocurre en otras piezas separadas».

El número dos del Gobierno andaluz ha explicado que la Junta se ha posicionado «claramente» en el procedimiento específico y que en las piezas separadas ha ido especificando cuál es la posición, «siempre por criterios exclusivos del gabinete jurídico». Asimismo, ha pedido dejar que el derecho se pronuncie y «no hacer utilizaciones partidistas interesadas».