«Es chocante que el expresidente Chaves diga que no conocía los ERE con el dinero que salía de las arcas»

Fue el broche a una jornada, por la mañana y la tarde, donde concretó la conducta supuestamente delictiva de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados de prevaricación y/o malversación en este proceso y en la que desmanteló la coartada de ignorancia esgrimida en el juicio por Manuel Chaves, como presidente andaluz, y por su sucesor y exconsejero de Hacienda, José Antonio Griñán, para eludir cualquier responsabilidad penal en el puzzle de los ERE.

La Fiscalía cuestionó la «llamativa» ignorancia alegada en su descargo por el presidente de la Junta entre 1990 y 2009. «Es poco entendible que decisiones de gran calado y trascendencia política sean absolutamente desconocidas por el presidente de todos los andaluces y sus consejeros». De asumir como válida su ignorancia, «podríamos llegar al absurdo de que las decisiones de mayor calado de la Junta estén en manos de funcionarios de rango inferior porque sus superiores no se consideran conocedores», ironizó el fiscal Juan Enrique Egocheaga. Todo lo contrario. En abril de 2000, mediante una modificación presupuestaria que llegó al Consejo de Gobierno, se instauró un «procedimiento específico» e irregular de concesión y pago de las ayudas de los ERE, que « exigió la decisión aprobatoria » del «presidente de la Junta de Andalucía, el señor Manuel Chaves».

Con este cambio, que no era «menor», « era lógico conocedor de que se suprimía toda la fiscalización previa de cada una de las ayudas que se daban» al sustituir la figura correcta de las subvenciones excepcionales por otro concepto presupuestario, las transferencias de financiación, que encargaba a una agencia pública, IFA/IDEA, el pago de las ayudas que repartía la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo.

«La trascendencia de los cambios hace difícilmente aceptable que el consejero de Empleo asumiera esta decisión por sí solo» o que lo hiciera su consejera de Hacienda, Magdalena Álvarez. «Exigió la aprobación del superior jerárquico de ambos, el señor Chaves», relata el fiscal. En un contexto marcado por las graves crisis empresariales, considera «chocante» que el presidente «no se extrañara de que no llegaba al Consejo de Gobierno ninguna ayuda», a pesar de que era obligatorio por la cuantía de algunas de ellas, « con las cantidades de dinero público que salían de las arcas públicas ». Puso como ejemplo los 16 millones concedidos a Heineken con el llamado «fondo de reptiles».

La Fiscalía sostiene que «la opacidad del sistema exigía que el Consejo de Gobierno no tuviera participación formal alguna» para que las subvenciones no se publicaran en el Boletín Oficial. Anticorrupción desarmó la tesis de que su gabinete actuaba como «un absoluto cortafuegos» y no aportaba a Chaves «ninguna información» sobre ayudas a prejubilados y empresas. «No vamos a exigir que se le cuente todo, pero es igual de ilógico pensar que no se le cuente nada», apunta el fiscal. Recordó las reuniones que Chaves mantuvo con empleados andaluces de la multinacional A Novo Comlink o la carta que le envió un minero de la Faja Pirítica de Huelva en la que alertaba del cobro de ayudas por personas que «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera».

El Ministerio Público sostiene que «pudo y debió» parar las irregularidades cerrando el grifo a Empleo. Cimentó su acusación contra el exconsejero de Hacienda (2004-2009) y expresidente de la Junta de Andalucía (2009-2013) sobre dos pilares: los reproches del ex interventor general Manuel Gómez Martínez cuando declaró en el Tribunal Supremo en el año 2015 y el auto de procedimiento abreviado del instructor de esta causa, Álvaro Martín, en mayo de 2016.

La Fiscalía repitió ante el tribunal los reproches de Gómez a su superior jerárquico tras enviarle a él, a través de la viceconsejera, y a los consejeros de Empleo y de Innovación un informe adicional en 2005 que alertaba de que se estaba «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». Griñán justificó su inacción porque el interventor no emitió un informe de actuación, la fórmula de máxima alerta que le habría obligado a frenar las ayudas. « Títulos no le faltan, evidentemente . Es decir, la excusa del informe de actuación es eso, simplemente, una excusa», declaró el interventor en el Supremo. El fiscal vio «acreditados» los supuestos delitos de prevaricación y de malversación. «Era consciente de la vulneración patente y grosera» de la legalidad, sostiene en su informe.

El exconsejero de Presidencia de la Junta (1996-2009) dirigía los «consejillos» donde hasta tres veces se presentó un proyecto de decreto para regular ayudas que eran «totalmente opacas», pero «no prosperó». Para la Fiscalía, no hay duda de que conocía el decreto y que «no había norma reguladora» de las mismas . En su etapa, quien fue mano derecha de Chaves en el Ejecutivo andaluz durante 15 años «estuvo presente en las reuniones de crisis de grandes empresas» como Gres de Vilches, EDM Séneca y Hamsa. Se entrevistó con las familia RuizMateos para reflotar esta planta de productos cárnicos de Jaén. Añade que dio órdenes al exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, aunque el encausado declaró que a veces se «usaba su nombre en vano». «Pero se usaba», apostilló el fiscal.

Quien fuera consejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004 y luego ministra de Fomento «conoció la trascendencia del cambio efectuado en el año 2000 pasando del concepto de subvenciones excepcionales al de transferencia de financiación y lo que ello suponía», en términos de menor control del dinero, según el relato de la Fiscalía. Álvarez «consintió el uso inadecuado de las transferencias», a sabiendas de que no se cumplía la finalidad legalmente prevista con el pago de las subvenciones. « No es muy creíble que negara tener un conocimiento mínimo de la política de ayudas de la Junta frente a crisis empresariales, negar conocer el programa 31L como parlamentaria o cómo se articulaban las ayudas», explicó el fiscal Manuel Fernández Guerra.

El consejero andaluz de Empleo (2000-2004) derivó a sus subordinados la responsabilidad en el caso ERE alegando que «se limitaba a firmar» los documentos que le pasaban . Esta tesis «no soporta el más mínimo análisis sobre lo que significa ser el máximo responsable de su Consejería y se contradice con lo dicho en instrucción por Guerrero, su entonces viceconsejero Antonio Fernández y el exsecretario general técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez».

«Su intervención en la concesión de las ayudas se deduce de la prueba practicada» y de los documentos, añade. Puso como ejemplos la campaña de publicidad del Servicio de Emergencias 112 financiada con fondos de los ERE, suscrita por Viera, o las ayudas a empresas de la Sierra Norte sevillana, en una de las cuales trabajaba su hija.

Como presidente del IFA, el exviceconsejero Fernández firmó junto con Viera el convenio marco de 2001 que consagró el sistema «ilícito» de ayudas y a partir de 2004 se convirtió en consejero de Empleo. La Fiscalía recordó que Fernández figuró en el ERE de la bodega González Byass donde estaba en excedencia, expediente que fue subvencionado por la Junta. «El sistema montado por los encausados permitía y casi permitió que un consejero de Empleo pudiera figurar como prejubilado y beneficiario de una renta», por lo que «difícilmente podemos asegurar» que fueran ayudas asistenciales para proteger a extrabajadores, como alegan las defensas. Anticorrupción asegura que «participó» en la decisión de algunas ayudas, como una a Santana que sirvió para indemnizar a exdirectivos.

El consejero de Innovación y presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego agencia IDEA) entre 2004 y 2009 «conoció las consecuencias del uso inadecuado de las transferencias de financiación. No hizo nada y permitió que Empleo siguiera usando esta herramienta presupuestaria vulnerando el régimen legal previsto». Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, directores generales de IDEA desde 2004 a 2008 y desde 2008 a 2009, así como el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román, conocían «cómo se concedían las ayudas», según la Fiscalía.

«Ante la importancia de los incumplimientos recogidos en los informes de Control Financiero Permanente de IDEA es impensable que no se los leyera ni prestara atención a la evolución del problema . No cabe alegar que eran numerosos informes para justificar su no lectura. Doce informes recogían incumplimientos», recrimina la Fiscalía a la exviceconsejera de Hacienda.

El fiscal fue muy conciso al calificar la conducta del exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez . Se preguntó por qué levantó la retención de crédito de 2004 si se mantenía un déficit millonario en las cuentas de IDEA del que responsabilizó a Guerrero, quien contraía más compromisos que presupuesto tenía. Su sucesor en la Dirección de Trabajo, Juan Márquez, «siguió utilizando» el mismo sistema opaco sin cambiar lo sustancial más allá de los retoques «formales».