Más de 680 millones en ayudas de los ERE «no debieron salir nunca» de la Junta, según la Fiscalía

En su escrito, el ministerio público concretó el delito continuado de prevaricación imputado a los 21 encausados y otro de malversación de fondos públicos que atribuye a quince de ellos. En su informe señala que «la gravedad de los incumplimientos y reparos» de la Intervención de la Junta evidencia que la Consejería de Empleo dispuso de más de 680 millones de de euros entre los años 2000 y 2009 incluyendo el crédito consignado inicialmente en los presupuestos y las modificaciones presupuestarias aprobadas. Una situación que, en su opinión, era «conocida y buscada» por parte de los 21 ex altos cargos acusados.

Como consecuencia, la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo dispuso de este dinero «a su antojo», sin control y sin necesidad de justificar su uso, lo que «permitía el enriquecimiento de empresas vía ahorro de gastos» en las indemnizaciones a trabajadores y de terceros, como los intermediarios en la tramitación de expedientes.

La Fiscalía Anticorrupción considera que estos fondos «no debieron salir de la Tesorería de la Junta de Andalucía» y aquí «salieron, vaya si salieron» , comentó el fiscal Juan Enrique Egocheaga, autor del informe junto con Manuel Fernández Guerra. A su juicio, los encausados no quisieron ver que había un riesgo de menoscabo de fondos públicos cuando está constatado que hubo «un daño efectivo, real y cuantitativamente muy importantes de menoscabo de fondos públicos».

Juan Enrique Egocheaga ha explicado que con ayudas sociolaborales se beneficiaron durante este periodo 77 empresas , que tuvieron la necesidad de presentar ERE o reducir la plantilla. Para algunos encausados o peritos de parte se catalogó este sistema como «un apoyo selectivo no generalizado», expresión que el fiscal encierra una injusticia.

« Fuera de estas 77, otras empresas no han podido acudir a estas ayudas sociolaborales ni superar crisis empresariales ni tampoco convertir ERE extintivos [de su actividad] en expedientes de suspensión», relató. En total 270 empresas recibieron ayudas. «Sería iluso pensar que sólo 200 empresas eran las únicas en crisis en Andalucía durante diez años», hizo notar el fiscal.

«El conjunto de decisiones adoptadas» por los 21 ex altos cargos acusados provocó que «sólo una mínima parte» de las empresas y trabajadores afectados por despidos «pudieran acceder a los fondos públicos» y que aquellos que sí los recibieron, conforme «a este actuar delictivo», tuvieran dinero en exceso.