Los sanitarios andaluces sufren una media de cinco agresiones al día

En concreto, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se contabilizaron un total de 863 ataques a sanitarios y al resto de trabajadores de los centros de salud de Andalucía, lo que representa un crecimiento del 12,08 por ciento con respecto al mismo periodo de 2022, cuando se produjeron 770 agresiones a estos profesionales. Es igualmente superior a los datos que se notificaron en los años 2020 y 2021, cuando las limitaciones por la pandemia redujeron al máximo el contacto entre los pacientes y los facultativos. Sin embargo, llama la atención que si se comparan con las cifras de 2019, el último año de normalización antes de la llegada del Covid-19, estaríamos hablando de unos registros también superiores a los de aquel momento, cuando se notificaron unas 750 agresiones durante los primeros seis meses.

En cuanto a la tipología de estos ataques sufridos por los sanitarios, la mayoría de ellos corresponden a agresiones no físicas, concretamente 711 de las situaciones denunciadas. En estos casos, los profesionales del SAS sufrieron amenazas, insultos, coacciones u otro tipo de humillación pública durante su jornada laboral. El resto de ellas, un 17,61 por ciento, fueron agresiones físicas a los facultativos del Servicio Andaluz de Salud. En concreto, los 152 incidentes de este tipo que se produjeron durante los primeros seis meses de este año son 5 más que los ocurridos en el mismo periodo de 2022, cuando se quedaron en un total de 147 ataques físicos. Por meses, marzo fue el que contabilizó un mayor número de agresiones (172), de las que 21 fueron físicas. Junio, por su parte, se cerró con 142 ataques (28 físicos).

A este repunte de la violencia a los profesionales del SAS que constata el balance del primer semestre del año se suman también las dos agresiones que se han producido esta misma semana en el sistema sanitario andaluz. Por un lado, el pasado lunes un familiar de un paciente agredió a una médico embarazada del hospital Clínico de Málaga, a la que empujaron y tiraron al suelo al no estar de acuerdo con la decisión tomada por la facultativa. Por otro lado, el mismo lunes se produjo una situación similar en el ambulatorio de Matalascañas, en el municipio onubense de Almonte, en el que un médico de guardia y un técnico de ambulancias fueron amenazados por otro familiar de un enfermo. Ambos casos están siendo investigados por los responsables sanitarios de la Consejería de Salud.

Para hacer frente a este tipo de situaciones, la Consejería de Salud y Consumo cuenta con el denominado Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que entró en vigor en el mes de julio de 2020. El documento cuenta con un programa especial de acompañamiento al profesional agredido, además de con un profesional con formación específica que ejerce en estos casos como una especie de guía a la hora de prevenir estos ataques y en las correspondientes actuaciones que se derivan en estas circunstancias especiales. Una figura que cumple un papel «esencial», tal y como se recoge en el desarrollo normativo, y que tiene entre sus funciones las de acompañar al sanitario, asesorar en los trámites que se han de llevar a cabo, así como dar todo el apoyo necesario al trabajador que sufre este tipo de agresiones.

La experiencia de algunos de los sanitarios afectados revela la importancia de que el apoyo por parte de los responsables del SAS se produzca con la máxima celeridad posible, ya que los primeros minutos suelen ser claves en este tipo de situaciones. Por ello, desde la Consejería de Salud y Consumo se insiste en que el plan también habilita una serie de canales «ágiles y rápidos» que ahondan en este objetivo, permitiendo que la persona que sufre una agresión verbal o física no se encuentre sola momentos después de ser atacada. Además, se facilita atención psicológica durante todo el tiempo que resulte necesario.

Salud señala que el plan ha venido también a reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. Igualmente, aseguran, mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales, que se verán reforzadas próximamente. De este modo, han quedado integradas buena parte de las aportaciones de un grupo de trabajo creado por la Consejería de Salud y Consumo, en el que han participado los agentes sociales, asociaciones de pacientes, letrados de la Administración Sanitaria y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por su parte, los centros sanitarios andaluces cuentan con más de 45.000 elementos de seguridad de distinto tipo. Entre ellos, destacan 3.973 cámaras de seguridad, 14.396 teléfonos y 5.489 timbres en consulta, 1.142 consultas comunicadas con interfonos, 3.744 salidas alternativas o 14.425 terminales en puestos de trabajo con el software antipánico instalado.