Sánchez Gordillo y las cooperativas pelean por la tierra y el cortijo de Los Humosos
El control de Los Humosos, antigua propiedad del duque del Infantado, ha abierto grietas entre los concesionarios y el ayuntamiento. La Junta reclama a los primeros 393.902 euros del canon por su uso
La Junta de Andalucía ordena el desahucio de la finca que Marinaleda quiere gratis
La ocupación de la finca de Los Humosos, perteneciente al duque del Infantado, se convirtió en un símbolo de la revolución jornalera en los años 80 del siglo pasado. Durante semanas, de lunes a sábado, un grupo de 400 braceros comandados por el alcalde ... de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, recorría diez kilómetros para ocupar esta tierras. Allí permanecían, bajo el sol abrasador de julio, hasta que la Guardia Civil les instaba a desalojarlas.
La liturgia se repitió un día tras otro, protagonizando horas de televisión y llenando páginas en los periódicos con sus protestas. Tal fue la presión que la Junta de Andalucía terminó comprando las tierras a dicha casa nobiliaria en el año 1991 a precio de mercado para cederlas a la población de Marinaleda una vez que constituyeron ocho cooperativas agrarias. Desde el año 1992, éstas se dedican a su cultivo. Los socios estaban obligados a pagar un canon por la concesión administrativa, pero la realidad es que no lo abonaban, al menos en los inicios.
De aliados de la ocupación a rivales
En el año 2016, la deuda acumulada, que ascendía unos 5,7 millones de euros, prescribió. Con posterioridad, los pagos se han ido regularizando. Pero entre el Ayuntamiento de Marinaleda y las cooperativas, antiguos aliados en la lucha jornalera, han surgido enormes grietas. Ambos pujan por la propiedad del latifundio, que cuenta con su propio cortijo.
La Junta ha requerido a los cooperativistas el abono de 393.902 euros, según informó la consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, el 25 de octubre pasado. Desde 2015 habían pagado 870.288 euros. Así lo recoge su respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado andaluz de Vox Rodrigo Alonso, quien interpeló a la Junta sobre las medidas que pensaba adoptar después de que el Ayuntamiento de Marinaleda acordara iniciar el expediente para que la finca pasase a ser de propiedad municipal sin pagar nada.
En la moción que el 6 de febrero de 2021 llevó al Pleno, el equipo de Sánchez Gordillo se arrogaba la titularidad de la finca con el argumento de que «la tierra está más que pagada» tras haber invertido más de 18 millones de euros en la creación de empleo, 52 millones en subsidios y 1,2 millones en concepto de canon abonado a la Administración. Por esta razón, la tierra, calificada en la exposición de motivos de la moción como un «don de la Naturaleza», «no puede ser de nadie en particular sin dejar de ser una grandísima injusticia».
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