La Junta de Andalucía ordena el desahucio de la finca que Marinaleda quiere quedarse gratis

Entre otras propiedades, colgó (figuradamente) el cartel de 'se vende' a las cerca de 1.200 hectáreas de cultivo situadas en el municipio sevillano de Écija y adquiridas por la Junta en el año 1991 al duque del Infantado. Desde el año 1992 estas tierras están siendo explotadas por ocho cooperativas de la vecina localidad de Marinaleda mediante un acuerdo de cesión que les compromete a pagar un canon anual a las arcas autonómicas por su ocupación y uso.

El objetivo es que este latifundio público, verdadero pulmón económico de Marinaleda, sea realmente para quien lo trabaja, precisaron a ABC fuentes del Gobierno andaluz. Pero el revolucionario lema invocado por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) cuando abanderaba las ocupaciones de esta finca en los primeros años de la democracia, no significa lo mismo para todos.

Hay tres partes en conflicto: la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que quiere desprenderse de estas tierras; el Ayuntamiento de Marinaleda, que aspira a quedarse con ellas de manera gratuita, y las sociedades cooperativas que pretenden pasar de concesionarios a propietarios. Pero la Administración autonómica los considera 'okupas' y ha decretado su desahucio.

Son los protagonistas de un culebrón que puede tardar años en desenredar la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla, que ha unificado los ocho procesos que estaban abiertos en diferentes juzgados, tantos como cooperativas explotan Los Humosos. Sus nombres representan un canto a la nostalgia soviética y a la revolución cubana comandada por Fidel Castro y su ejército de 'barbudos': 'Los Moledores', 'Hierbabuena', 'El Ciervo', 'Camilo Cienfuegos', 'Los Jornaleros', 'Los Compañeros', 'Domingos Rojos' y 'Tierra, Trabajo y Libertad'.

La recuperación de las casi 1.200 hectáreas no está siendo un proceso pacífico. Las cooperativas agrarias han recurrido una resolución dictada el 9 de junio de 2021 por la Secretaría General Técnica que les negaba el acceso a la propiedad, según informó a este periódico el abogado de estas sociedades, Jesús Sendra.

El 22 de junio pasado, el órgano judicial acordó dejar en suspenso la ejecución de este acuerdo autonómico como medida cautelar y, por ende, frenar la orden de desalojo, «hasta que se dicte sentencia firme que ponga fin al proceso», según recoge el auto facilitado por el TSJA. Los jueces atendieron así la petición de los cooperativistas que habían alegado la necesidad de mantenimiento de las labores agrícolas y posibles pérdidas de ayuda de la Política Agraria Común (PAC). La propia letrada de la Junta de Andalucía terminó accediendo a dicha solicitud para no causar un perjuicio a los recurrentes. Este es el último episodio de un litigio que empezó a fraguarse hace doce años.

La ley de reordenación del sector público de 2011 ponía fin al régimen de concesión y apostaba por la venta de las tierras procedentes del extinto IARA. El Gobierno autonómico de Susana Díaz (PSOE) apremió a las cooperativas a cerrar el proceso de compraventa. Amparándose en un cambio legislativo del año 2015, éstas iniciaron los trámites para acceder a la propiedad de las 1.200 hectáreas bajo la fórmula de una fundación.

Con la llegada del nuevo Ejecutivo de Juanma Moreno, las tornas cambiaron. La Consejería de Agricultura aprueba un nuevo decreto que da una opción preferente de compra al Ayuntamiento de Marinaleda, un pueblo de la sierra sur sevillana con 2.626 habitantes que desde 1979 no han conocido más alcalde que el utópico comunista Juan Manuel Sánchez Gordillo.

El derecho de adquisición preferente contempla, además, ventajas para los ayuntamientos afectados: pueden beneficiarse de una reducción del 30 por ciento en el precio de venta siempre que quede «acreditado el interés social al que se va a destinar la tierra», según reza en el citado decreto. El Consistorio de Marinaleda ha roto con los cooperativistas y ejercido la opción de compra de la finca que la Corporación y los cooperativistas se disputan.

La pelea por el control de la tierra ha hecho extraños compañeros de viaje. Contra todo pronóstico, el Gobierno regional del PP se ha convertido en el mejor aliado de Sánchez Gordillo, fundador de un partido nacionalista andaluz, el CUT (Colectivo de Unidad de los Trabajadores), que concurrió a las pasadas elecciones municipales bajo una marca local vinculada a Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que dirige Carmen Crespo, considera que los actuales concesionarios no cumplen los requisitos para convertirse en titulares de las tierras y ve con buenos ojos su traspaso al Consistorio.

El decreto prioriza «el acceso a la tierra a los jóvenes que se incorporen a la actividad y tengan como objetivo proyectos que vertebren el medio rural y sean generadores de empleo». Desde la consejería señalan a ABC que los concesionarios ya no reúnen las condiciones para seguir gestionando Los Humosos, donde llevan años plantando alcachofas, pimientos y recogiendo la aceituna. Cuentan también con una planta de envasado que comercializa un aceite de oliva virgen extra 'gourmet' bajo la marca 'Cortijo El Humoso'. El centenar de socios que integraban las cooperativas agrarias en sus orígenes ha quedado reducido a 36, tres décadas después, y están próximos a la edad de jubilación.