Los regantes de Doñana reciben «entre 10 y 15 multas diarias» de la Junta de Andalucía

Aunque admiten que esas multas les llegan y descartan que la Junta actúe saltándose la normativa a la hora de abrir expedientes sancionadores, los regantes han indicado este viernes que el que haya multas no quiere decir que se haya cometido una ilegalidad. Señalan así lo que entienden que es una persecución contra su actividad y «las familias que viven en simbiosis» con el espacio natural.

Para la Plataforma de regantes, que este viernes ha convocado a los medios para explicar su postura sobre el proyecto de ley de reordenación de regadíos en la zona de la Corona Norte de Doñana, el PSOE, el Gobierno central y la CHG «mienten» cuando dicen que no hay agua para regularizar tierras de regadío. Así lo ha indicado uno de sus asesores, Juan Manuel Ponce, ingeniero agrícola. Ponce ha señalado que en la depuradora de Huelva hay hasta 40 hectómetros cúbicos de agua recuperada que no se usa. «Y nosotros solo necesitamos 3,5, no pedimos los 40 hectómetros», ha explicado.

A ese caudal de agua, han insistido, se suman los 19,99 hectómetros del trasvase aprobado del Tinto-Odiel-Piedras. Este agua, sin embargo, es objeto de polémica. El PSOE y el Gobierno central aseguran que ese agua ya está asignada hasta la última gota. El PP y la Junta, que no. Esta última teoría es la de los regantes, que aseguran que no se ha podido hacer aún el reparto pormenorizado de ese agua porque faltan por constituirse dos comisiones que deben aprobarlo.

Otra de las polémicas que rodean la proposición de ley del es el hecho de que, si se acaba aprobando y se regularizan como regables los terrenos que hasta ahora se habían quedado fuera de la ley en 2014, hay agricultores que, aun habiendo podido extraer agua de Doñana de forma ilegal podrían conseguir tener fincas de regadío como los que han actuado conforme a la ley y pararon la extracción de agua. Los regantes niegan, sin embargo, que haya una amnistía con la norma y señalan que las sanciones son cosa de la Junta o la CHG, no objeto de la ley en cuestión.

El origen de este problema se remonta, han recordado, a 2004. En junio de ese año se hizo una foto que determinó quién estaba cultivando fresa y fruto rojo con regadío. Y esos son los terrenos que, en 2014 , se admitieron con derecho de riego. El resto, quedó fuera. Esto es lo que desde la Plataforma de regantes consideran una afrenta. Una «injusticia» que, aseguran, viene a reparar la ley que ha propuesto el PP y apoya Vox en el Parlamento de Andalucía.

La cuestión es que la sequía viene a complicar las aspiraciones de los agricultores. Porque, aunque consigan regularizar sus terrenos ahora de secano o forestales, el agua es un bien muy escaso. Pero la aprobación de la norma les daría a esas 650 explotaciones un papel que vale mucho dinero. El reconocimiento de regadío supone que si finalmente el Gobierno o la Junta -o ambos- compran los derechos de riego, recibirían una cantidad mucho mayor que si fuesen, como ahora, terrenos que no se pueden cultivar.

Los regantes lo saben. Tanto que el portavoz de la plataforma ha hecho referencia a esa posible compra por justiprecio. «Si los cien millones que de los que habla el Gobierno se usan para comprar esos derechos de riego, cada agricultor decidirá qué hace», ha explicado.

Desde la Plataforma de regantes aseguran que no hay forma de saber cuáles de sus afiliados han infringido la ley y extraído agua de Doñana. «No pedimos papeles a quienes quieren entrar, es lo tiene que preguntar la Administración», ha señalado su portavoz, Julio Díaz. El asesor legal de la organización ha matizado: «la plataforma busca que llegue el agua y se recuperen las tierras. Que una persona esté en la plataforma no supone que asumamos la defensa de lo que está haciendo. Esta plataforma tiene sus fines y la gente se une».