El nuevo Gobierno del PP en Andalucía tiene más altos cargos que el de Susana Díaz

Trece fueron también los consejeros del último Consejo de Gobierno de Susana Díaz. Cuando la presidenta socialista perdió la Junta de Andalucía en las elecciones del 2 de diciembre de 2018 después de casi 37 años de poder continuado, la Oficina del Portavoz del Gobierno saliente difundió un documento que radiografiaba la Administración autonómica que dejaba. Según el citado informe, el traspaso de poderes implicaba el relevo de 273 altos cargos o asimilados, aparte de 239 eventuales y 148 empleados con contratos de alta dirección en la llamada 'administración paralela' de la Junta. Los altos cargos fueron menguando durante su mandato. Habían llegado a ser más: 286, la cifra que en 2016 ofreció al Parlamento la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero.

En uno u otro caso, el tamaño del gabinete gubernamental es mayor que el que diseñó su predecesora. Supera en al menos 24 altos cargos al del PSOE antes de que fuera desalojado de la Junta, según el listado de puestos con responsabilidad política que recogen los decretos de estructura orgánica de las distintas consejerías aprobados por el Consejo de Gobierno. En los organigramas afloran nuevas viceconsejerías, secretarías y direcciones generales en ocho consejerías.

Los 297 puestos de mando político que conforman el nuevo rompecabezas del Ejecutivo incluyen no sólo los órganos directivos que tiene cada consejería, sino también a los delegados territoriales y los presidentes, directores o asimilados que ejercen la función ejecutiva de máximo nivel en las agencias, fundaciones, empresas y el resto de entidades instrumentales autonómicas. Todos ellos tienen algo en común: la consideración de alto cargo.

Al final de la pasada legislatura, el Portal de Transparencia contabilizaba 290. La lista actualizada no está publicado en dicha web que por ahora sólo arroja 272 altos cargos, pero ni siquiera están los designados por el nuevo Gobierno en los últimos días. Hay omisiones destacadas. En el registro del portal no figuran la interventora general ni la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, por citar dos ejemplos. Desde la Consejería de la Presidencia rehúsan detallar a ABC el listado de altos cargos ni tampoco confirmar el número aportado alegando que no se han completado los nombramientos y que el saldo puede variar. Por esta razón tampoco facilitan una cifra atendiendo a los órganos directivos reseñados en sus propios decretos de estructura.

Lo que no va a cambiar es el número de delegaciones en las ocho provincias andaluzas. Son 89, las mismas que había antes de las elecciones del 19 de junio, incluyendo la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar.

Los altos cargos que dirigen entidades instrumentales tienden a la baja por la fusión de algunos entes, como las cinco agencias empresariales sanitarias disueltas e integradas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde el 1 de enero pasado. La operación va a representar un ahorro de 326.632 euros al año al prescindir de los cinco gerentes, con rango de viceconsejeros, que estaban al mando de las entidades extinguidas. El nuevo SAS tiene un equipo comandado por el director gerente con cuatro direcciones generales a su cargo.

Cuando hizo público su Gabinete el 25 de julio pasado, Moreno reivindicó que el suyo iba a ser uno de los Ejecutivos regionales más reducidos aun después de ampliar las consejerías. Lo justificó por que gobierna la Comunidad más poblada de España, con casi 8,5 millones de habitantes y un «techo competencial muy alto» que precisa de una estructura más potente que otra con sólo medio millón de habitantes.

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El aumento de consejerías eleva en once los altos cargos que tenía el anterior gobierno compartido del PP y Cs. Once es la diferencia entre los puestos que se crean, 15, y los cuatro que decaen en dos consejerías: la de Salud y Consumo suprime tres y se ahorrará 252.831 euros al año –según la memoria económica del decreto de estructura–, mientras que la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, dirigida por Rocío Blanco, da ejemplo de austeridad y cuenta con una dirección general menos.

El incremento de puestos políticos no se va a traducir en un coste añadido para el contribuyente al menos para lo que resta de año. Es un imperativo que viene recogido expresamente en los informes de la Dirección General de Presupuestos que evalúan el impacto económico de los organigramas diseñados por cada consejería. Una coletilla que se repite en sus análisis internos es que toda «reestructuración habrá de realizarse en un escenario de coste cero de acuerdo con las previsiones actuales en 2022 del presupuesto».

El Gobierno actual funciona con unas cuentas prorrogadas porque el PSOE, Unidas Podemos y Vox tumbaron el proyecto económico para 2022 que presentó el anterior Ejecutivo en minoría. Significa que está maniatado a la hora de gastar, «dada la inexistencia de partidas presupuestarias que permitan cualquier alteración al alza en el presente ejercicio», avisan los citados documentos.

¿Cómo entonces se van a costear las retribuciones de los nuevos altos cargos? La ampliación de once puestos representa un coste adicional de 647.875 euros al año (sin incluir los gastos de la cuota patronal de seguridad social del 30%), después de restar los sueldos de los cuatro puestos eliminados. La Dirección General de Presupuestos fuerza a las consejerías afectadas a detraer el dinero de otras partidas y compensar así el incremento del gasto para que, en el saldo que arrojen sus cuentas, el coste final sea igual a cero. «En el caso de incremento de costes», cada consejería está obligada a equilibrarlo con «la desdotación de plazas de administración general o la minoración de otras partidas presupuestarias», advierte.