La médico forense desaconseja que Griñán entre en prisión hasta que remita su cáncer

Tras la entrevista personal y a la luz de la información clínica que el expresidente ha aportado, la forense del Instituto de Medicina Legal apunta a «la no conveniencia de su ingreso en un centro penitenciario hasta tanto se confirme la remisión, en su caso, de su patología oncológica por los servicios de Urología y de Oncología Radioterápica», según su informe.

En el documento remitido el pasado 3 de enero al tribunal que tiene la última palabra sobre el internamiento de Griñán, argumenta que «nos encontramos que, aunque Sanidad Penitenciaria puede hacer frente a cualquier demanda médica, lo cierto también es que los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia, así como las frecuentes revisiones a las que va a ser sometido, parecen poco compatibles con la dinámica carcelaria». Esto es, añade la forense que ha examinado a Griñán, «la vida en prisión, que tiene sus propios requerimientos para los penados».

Con todo, la médica del Instituto de Medicina Legal que ha entrevistado y explorado el estado de salud del expresidente andaluz, se muestra optimista sobre el pronóstico: «En la actualidad, el tratamiento del cáncer es eficaz en un alto porcentaje de casos, salvo cánceres muy agresivos o en estadios terminales».

En su informe, la facultativa reconoce que el cáncer es una enfermedad muy grave, aunque, en principio, «dado el pronóstico emitido, existen posibilidades de curación». Sin embargo, «como aún no se ha realizado el tratamiento, desconocemos cuál será su evolución tras la toma de la medicación y de la radioterapia, de los posibles efectos secundarios e incluso de los efectos adversos del mismo, que llevarían o bien hacia su remisión, o bien hacia un pronóstico más desfavorable».

La especialista reflexiona sobre otros aspectos emocionales y familiares que rodea el padecimiento de un tumor. «No cabe duda de que el diagnóstico de cáncer, por sí mismo, en cualquier persona produce un derrumbe de su estructura psíquica», expone. Además, reconoce «una incertidumbre enorme respecto al tratamiento y evolución, datos difícilmente valorables desde un punto de vista objetivo».

Por tanto, la médica advierte de que el ingreso en un centro penitenciario «no ayuda a afrontar una enfermedad de esta entidad que necesita todos los recursos disponibles» en estas circunstancias, esto es, «un apoyo familiar y social, necesario e incluso imprescindible».

La petición del letrado de Griñán para suspender la pena se produjo después de que la Sección Primera de la Audiencia desestimase un último recurso de súplica y diese diez días a siete ex altos cargos socialistas condenados por malversación para entrar en una cárcel de su elección. Seis de ellos están ya recluidos en una prisión.

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera ingresó el pasado domingo 1 de enero en la cárcel de Huelva, mientras que su sucesor al frente de la consejería, Antonio Fernández, eligió la prisión gaditana de Puerto III. No coincidirán con el resto de penados del caso ERE. El exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, han preferido cumplir su condena en la cárcel de Sevilla I, más cercana a sus domicilios. Carmen Martínez Aguayo, por su parte, ha optado por penar su castigo dentro de la única cárcel andaluza reservada exclusivamente a mujeres, el centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra, a poco más de 20 kilómetros de Sevilla.

Todos ellos están condenados en firme a penas de entre seis y siete años por malversar casi 680 millones de euros a través de un sistema fraudulento de ayudas a empresas que funcionó durante diez años (2000-2009) en la Junta de Andalucía.

En su escrito, el abogado del expresidente andaluz esgrimía que era posible dictarla suspensión de la privación de la pena de cárcel sin requisito alguno en caso de que el penado esté aquejado de «una enfermedad muy grave con padecimientos incurables» que requiere un tratamiento especial fuera de la cárcel, como sería su caso. Este último movimiento de Griñán se produjo después de que el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, también condenado, esgrimiese argumentos similares y la Audiencia accediese a suspender temporalmente la ejecución de su pena de cárcel.

Una vez vista la documentación médica aportada por la defensa del condenado, la Sección Primera de la Audiencia acordó librar oficio al Instituto de Medicina Legal (IML) a fin de que, «por el forense designado al efecto, examinada la documentación y con reconocimiento del paciente si fuera necesario, se emita informe valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito».

En los dos recursos anteriores que presentó sin éxito ante el tribunal sentenciador, el expresidente andaluz y del PSOE, a través de su abogado, pidió esperar tres meses a que se tramitara su indulto y adujo razones «humanitarias y de equidad», así como su avanzada edad. Griñán, de 76 años. No había esgrimido entonces el artículo 80.4 del Código Penal, que permite suspender la ejecución de la pena por padecer una «enfermedad muy grave con padecimientos incurables», aunque su salud llevaba meses siendo delicada y una biopsia confirmó hacía pocos días que sufría un cáncer de próstata.

La Audiencia dejó en el aire su ingreso tras recibir un escrito de la defensa del exdirigente socialista. El letrado expuso que «el ingreso en un centro penitenciario incrementaría el riesgo de fracaso del tratamiento iniciado, dificultaría su control por especialistas en oncología o urología y podría reducir su expectativa de vida».