La Audiencia pregunta a la Fiscalía si Griñán debe ingresar en prisión a la vista del informe forense
El tribunal esperará al escrito de Anticorrupción y la acusación del PP para tomar una decisión
La Audiencia de Sevilla pide un informe forense sobre si el ingreso en prisión de Griñán afecta a su tratamiento del cáncer
Sevilla
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónLa Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha preguntado este lunes a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular ejercida por el PP si el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán debe entrar en prisión, a la ... vista del informe forense que valora si el que fuera presidente federal del PSOE puede tratarse del cáncer de próstata que padece dentro de un centro penitenciario. La defensa del que también fuera exconsejero andaluz de Economía y Hacienda había pedido suspender la ejecución de la pena de seis años de prisión que le impuso la Audiencia en una sentencia que el pasado 26 de julio fue ratificada el Tribunal Supremo en el caso ERE.
En una providencia dictada este lunes, el tribunal resuelve que, «presentado informe médico forense sobre reconocimiento médico efectuado al penado, dese traslado del mismo y de la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena conforme al artículo 80.4 del Código Penal al Ministerio Fiscal y acusaciones particulares para que informen sobre dicha solicitud en el plazo de tres días», según ha informado el TSJA. El contenido del informe médico no ha trascendido.
La petición del letrado de Griñán se producía después de que la Sección Primera de la Audiencia desestimase un último recurso de súplica. En su escrito, el abogado del expresidente andaluz esgrimía que es posible dictar la suspensión de la privación de la pena de cárcel sin requisito alguno en caso de que el penado esté aquejado de «una enfermedad muy grave con padecimientos incurables» que requiere un tratamiento especial fuera de la cárcel. Este último movimiento de Griñán se produjo cuando había empezado a correr el plazo de diez días que el tribunal estableció para que eligiera una cárcel en la que cumplir su condena firme. Además, trasladó esta petición después de que el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, también condenado, esgrimiese argumentos similares y la Audiencia accediese a suspender temporalmente la ejecución de su pena de cárcel.
Presos comunes, algún privilegio y una pelea: la nueva vida entre rejas de los condenados de los ERE
Antonio R. VegaLos seis ex altos cargos del PSOE tratan de adaptarse a las rígidas normas de la prisión
Una vez vista la documentación médica aportada por la defensa del condenado, la Sección Primera de la Audiencia acordó librar oficio al Instituto de Medicina Legal (IML) a fin de que, «por el forense designado al efecto, examinada la documentación y con reconocimiento del paciente si fuera necesario, se emita informe valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito».
En los dos recursos anteriores que presentó sin éxito ante el tribunal sentenciador, el expresidente andaluz y del PSOE, a través de su abogado, pidió esperar tres meses a que se tramitara su indulto y adujo razones «humanitarias y de equidad», así como su avanzada edad. Griñán, de 76 años, no había esgrimido entonces el artículo 80.4 del Código Penal, que permite suspender la ejecución de la pena por padecer una «enfermedad muy grave con padecimientos incurables», aunque su salud llevaba meses siendo delicada y una biopsia confirmó hacía pocos días que sufría un cáncer de próstata.
Reducir su expectativa de vida
La Audiencia dejó en el aire su ingreso tras recibir un escrito de la defensa del exdirigente socialista. El letrado expuso que «el ingreso en un centro penitenciario incrementaría el riesgo de fracaso del tratamiento iniciado, dificultaría su control por especialistas en oncología o urología y podría reducir su expectativa de vida».
El tribunal dio por probado que, entre los años 2000 y 2009, la entonces cúpula del PSOE andaluz urdió un «sistema fraudulento» dotado con 680 millones de euros que, sin control, repartió fondos a empresas en crisis para garantizar la «paz social» que el desmantelamiento de industrias había puesto en riesgo.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete