También resultó llamativo el baile de cifras de asistencia, habitual en este tipo de concentraciones, pero que llegó a duplicar el dato ofrecido por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla en cuestión de dos horas. De 10.000 congregados en el arranque de la calle José Laguillo a 20.000 al terminar la marcha frente al Palacio de San Telmo. Aun así, una cifra a todas luces alejada del recuento ofrecido por CC.OO., UGT, Satse y CSIF, que cuantificó 100.000 personas a lo largo de este recorrido de poco más de dos kilómetros.
Además de la líder socialista, la marcha contó con la presencia de la portavoz de Por Andalucía Inmaculada Nieto, la representante de Podemos Alejandra Durán y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, así como de representantes de una veintena de organizaciones ciudadanas, asociaciones, colectivos profesionales, profesionales del SAS y otras entidades.
Detrás de este frente común figuraba un manifiesto que culpa de todos los problemas a «un Gobierno andaluz que apuesta por un sistema sanitario público débil, maltratado, que decide trasladar una gran parte de su presupuesto público a las grandes empresas farmacéuticas y a la sanidad privada», pese a que la Junta trata de demostrar, con datos, lo contrario.
Tono «catastrofista»
La propia Junta de Andalucía ha criticado el uso político de esta movilización y del trasfondo sanitario. La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, quiso trasladar su «mayor respeto» a quienes hayan considerado necesario manifestarse, pero calificó de «catastrofista» el tono empleado. Así, reconoció que en «un sistema sanitario que da atención a 8,6 millones de habitantes siempre hay mucho que mejorar, y en ello estamos».
En ese sentido de la politización de la protesta, el también consejero —de Justicia— José Antonio Nieto aseguró que habían «querido aprovecharla para mejorar la salud del PSOE de Andalucía».
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