La Junta acusa a Yolanda Díaz de dar ayudas «desde la trastienda» a comunidades afines y marginar al resto

Blanco, que el pasado viernes remitió una carta a la ministra reprochándole haber utilizado «de forma fraudulenta la reserva de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)», ha asegurado que la gravedad no radica tanto en el montante de los fondos como en los cauces empleados para concederlos, «al margen de todos los mecanismos establecidos por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en la que se distribuyeron los fondos de Bruselas.

«Hemos solicitado que se convoque urgentemente la Conferencia Sectorial, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta y me temo que no la vamos a recibir», ha lamentado la consejera. Junto a Andalucía, se han sumado a la petición Galicia, Murcia, la Comunidad de Madrid y Castilla y León.

Paradójicamente, esta última contempla un proyecto «exactamente igual», en palabras de Blanco, que el aprobado a Navarra para el emprendimiento y las microempresas. Por esta iniciativa, incluida en el Plan de Reactivación Económica de los Pirineos Orientales la comunidad de María Chivite (PSOE) va a recibir tres millones de euros.

El programa que ha levantado la polémica se denomina 'Nuevos proyectos territoriales para el equilibrio y la equidad' . Extremadura, la Comunidad Valenciana y País Vasco, por su parte, recibirán dos millones de euros cada una para desarrollar proyectos piloto dirigidos a fomentar la contratación de jóvenes vulnerables o con discapacidad en coordinación con los servicios sociales.

«Las subvenciones permitirán dotar siete proyectos que cuentan con 1.200 iniciativas empresariales que podrán beneficiar en torno a 500 personas trabajadoras», según detalló el ministerio en un comunicado. La ministra ha justificado el reparto asegurando que en el caso de los proyectos dirigidos a los jóvenes, por ejemplo, se subvencionan en las autonomías elegidas « debido a sus diferentes estructuras socioeconómicas , que incluye una diversidad sectorial, industrial, de servicios y agraria».

La norma elaborada por Trabajo recoge que «la ejecución de las actuaciones específicas previstas en este real decreto por parte de determinadas comunidades autónomas, de unas ayudas financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, permite confirmar que existen motivos legalmente previstos para articular un mecanismo excepcional de concesión directa de subvenciones». Un argumento que no convence al resto de autonomías, que quieren que Díaz dé explicaciones y justifique el real decreto que regula la concesión directa de estas subvenciones.