Díaz riega con 9 millones de los fondos europeos a cuatro regiones afines

El pasado miércoles el BOE publicaba el Real Decreto 900/2021 por el que se regula la concesión directa de subvenciones para este ejercicio destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de inversión en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y con la publicación de esta norma ha estallado la guerra autonómica , dado que solo han resultado agraciadas con subvenciones públicas cuatro regiones, tres de ellas socialistas y una tercera con un gobierno que es aliado del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según el texto publicado en el BOE, País Vasco, Navarra, Extremadura y Valencia recibirán de los fondos europeos nueve millones de euros, de los que tres irán a la región que preside María Chivite; el resto se repartirá dos millones cada una. Estas subvenciones serán de designación directa ya que, según se recoge en el decreto, «concurren razones de interés público que determinan la improcedencia del concurso público ». El Servicio Público de Empleo será el encargado de gestionar estos recursos económicos, que se justifican en el apoyo a medidas de empleo destinadas a colectivos vulnerables, en otras para combatir la despoblación y en apoyo al emprendimiento y a la microempresa.

En el caso de Navarra el decreto del Gobierno especifica que se pretende dar cobertura a un plan de reactivación económico específico en una región despoblada como el Pirineo navarro. Y que se quiere hacer a través de proyectos que aborden el reto demográfico y faciliten la transformación productiva, en particular a una economía verde y digital mediante la promoción de planes y líneas de intervención para favorecer el emprendimiento y el empleo colectivo. Para las otras tres regiones agraciadas, País Vasco, Valencia y Extremadura, las subvenciones se justifican, por un lado, en el objetivo de acometer proyectos piloto dirigidos a jóvenes, mediante actuaciones sobre colectivos vulnerables. Y, por otro, en poner en marcha políticas de emprendimiento y microempresas.

¿Cómo se justifica Yolanda Díaz que estas comunidades autónomas son las únicas que deben recibir los fondos que llegan de Europa? Argumenta, por ejemplo, que en el caso de los proyectos dirigidos a los jóvenes se subvencionan en las autonomías elegidas « debido a sus diferentes estructuras socioeconómicas , que incluye una diversidad sectorial, industrial, de servicios y agraria».

Dice la norma elaborada por Trabajo que «la ejecución de las actuaciones específicas previstas en este real decreto por parte de determinadas comunidades autónomas, de unas ayudas financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, permite confirmar que existen motivos legalmente previstos para articular un mecanismo excepcional de concesión directa de subvenciones ». Y añade que existen «razones de interés público, social y económico, dado el objetivo prioritario de la medida de contribuir a realizar inversiones destinadas, por una parte, a la promoción de proyectos de empleo para colectivos especialmente vulnerables y, por otro, a la promoción de proyectos y líneas de intervención para favorecer el emprendimiento y el empleo colectivo , así como la fijación de población».

El reparto económico, además de no ser conocido por las comunidades autónomas que han sido excluidas de la distribución presupuestaria, ha generado un profundo malestar entre algunas de ellas, que ya tildan esta política de nueva «cacicada» . Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León han remitido cartas a la titular de Trabajo en las que manifiestan su rotundo rechazo al método con el que se distribuirán los fondos públicos.

El pasado viernes el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, envió una carta a Yolanda Díaz en la que le recordó que el real decreto con el reparto de las ayudas a las regiones afines «contradice la orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente para 2021, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión del Plan Nacional de Competencias Digitales y Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo». Recordó también el consejero a Díaz que la concesión directa de las ayudas «convierte en papel mojado» el acuerdo adoptado en la Conferencia Sectorial celebrada el pasado 21 de julio, en la que se aprobaron los criterios de distribución de los créditos.

Relata Fernández-Lasquetty en su misiva, a la que ha tenido acceso ABC , que la norma publicada en el BOE se basa en las competencias de gestión del SEPE recogidas en la Ley de Empleo para la concesión de ayudas directas, concretamente en el artículo 18 ‘h’, pero también añade que ninguno de los planes y programas que pretende financiar tienen encaje legal en la letra ‘h’ del artículo 18 del texto refundido de la Ley de Empleo.

Por todos estos motivos el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid asegura que «podría afirmarse que con este real decreto, el Estado vulnera el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y utiliza una forma fraudulenta de reserva de crédito del SEPE no sujeta a la distribución en Conferencia Sectorial para repartir fondos adicionales a cuatro comunidades sin conocimiento previo de la Conferencia, sin justificación alguna y alterando el sistema de distribución de fondos legalmente establecido».

Por último, Fernández-Lasquetty manifiesta que «dada la gravedad del asunto» la Comunidad de Madrid solicita «la convocatoria urgente y extraordinaria» de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, con un único púnto en el orden del día : «información y justificación de la aprobación» del decreto de las ayudas.

Como ya informó este diario, en la caja del Estado ya está la primera remesa de 9.000 millones de los fondos europeos, el 13% de los 69.500 millones en transferencias no reembolsables que debe recibir nuestro país del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El resto hasta los 140.000 millones comprometidos vendrá en forma de créditos en condiciones ventajosas.

La primera entrega del ‘maná europeo’ viene, por tanto, ya condicionada a cómo se hayan empleado los primeros fondos. Una vez analizados los deberes, España recibirá otros 10.000 millones este mismo año, en diciembre. Además, obtendrá entre 2021 y 2023 el 80% de las transferencias previstas, un ingente caudal que irá acompañado de otros 38.000 millones en concepto de fondos estructurales europeos. Las labores de vigilancia de los fondos por Bruselas van a ser extremas en un proceso en el que Pedro Sánchez concentra todos los poderes.