La Junta rechaza cualquier quita de deuda que no venga avalada por un pacto autonómico en el Consejo de Política Fiscal

La comunidad autónoma andaluza es la tercera con más deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico del Gobierno de España, en torno a 25.000 millones de euros, pero en relación con el PIB, el endeudamiento andaluz es asumible de acuerdo con el criterio de la Consejería de Hacienda. A esto se añade que el 20% de la deuda que para Cataluña supone 15.000 euros más intereses, en el caso de Andalucía apenas representaría 5.500 millones de euros. La Junta reclama, por eso al Estado, en total una aportación de 17.000 millones de euros como equivalente al efecto del acuerdo entre el PSOE y ERC para Cataluña, además de una renegociación del sistema de financiación y la creación de un fondo de compensación que aportaría 1.000 millones de euros extraordinarios a Andalucía.

Por este motivo, como punto de partida, el Gobierno andaluz rechaza aceptar un planteamiento similar al pactado para Cataluña. Pero deja a la puerta abierta en caso de que se plantee de forma adecuada, con un acuerdo entre comunidades autónomas y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El escenario de momento no es fácil para que esto se produzca cuando una comunidad autónoma como Madrid, con un gran peso político, no tiene deudas con el Fondo de Liquidez Autonómico del Estado y para otras como Valencia el endeudamiento sí es un problema.

Lo que tiene claro el Gobierno andaluz, y así lo expresó su portavoz, es que no tiene intención de entrar en la estrategia del PSOE de elevar la financiación autonómica al Consejo General de Comunidades Autónomas del Senado, el órgano donde comparecieron recientemente tanto el presidente Juanma Moreno como el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

«Estamos a favor de que se debata sobre financiación autonómica en todos los ámbitos, pero existe un mecanismo constitucional para que ese debate entre las comunidades que es el Consejo Política Fiscal y financiera, que el Gobierno de Pedro Sánchez no convoca. Somos un Estado de Derecho y debemos usar los mecanismos existentes», concluyó Fernández-Pacheco.