La Junta matiza su decreto de precios del SAS y aclara que la sanidad en Andalucía seguirá siendo «pública y gratuita»

El Ejecutivo de Juanma Moreno ha negado esa privatización desde el primer momento. Sin embargo, mantuvo la redacción del decreto y lo publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), de modo que entró en vigor. Eso hizo que arreciaran las criticas desde la izquierda. Es el caso de Por Andalucía, donde su líder, Inma Nieto, insistió en que la intención del Gobierno andaluz con esta norma es la de «privatizar» el sistema sanitario. A esas críticas se sumaron tanto el PSOE como Adelante Andalucía.

La consejera de Salud, Catalina García, insistió en su momento en que no había intención alguna de privatizar la sanidad. De hecho, subrayó que la inversión en la sanidad pública andaluza se había multiplicado en Andalucía desde la llegada del PP a la Junta en 2018.

Tras dicha polémica y la publicación en el BOJA del texto del decreto que establece precios para la concertación de servicios sanitarios por primera vez en la Atención Primaria, el Gobierno andaluz ha querido corregirse. Así, ha incluido, por escrito, lo que lleva un mes explicando de viva voz: el decreto es solo un marco para activar en casos muy concretos y el compromiso del Ejecutivo andaluz está con la sanidad pública.

De esta forma, el nuevo decreto, que este jueves ha llegado al BOJA, señala que la orden publicada «tiene como objetivo desarrollar el sistema de presupuestación y tarifación de convenios o conciertos para la prestación de asistencia sanitaria» del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Pero la Junta garantiza «que solo acudirá a la misma en aquellas situaciones en que la cobertura prestacional relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias», salvando «siempre» la «naturaleza pública de la cobertura, tanto en atención primaria como en hospitalaria».

Con esta corrección de la norma el Gobierno andaluz pretende cerrar la polémica en cuanto a una hipotética privatización sanitaria que, en realidad, el Ejecutivo de Moreno siempre ha negado. Sin embargo, desde la Consejería de Salud son conscientes del daño político que puede hacerles el descontento entre los sanitarios y los pacientes justo cuando se inicia, además, un periodo electoral que arranca con los comicios locales del próximo mes de mayo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha querido salir al paso de la polémica. Antes de entrar en el Pleno de control a la actividad de su Ejecutivo, en el Parlamento de Andalucía, Moreno ha subrayado que «ningún andaluz va a pagar un céntimo por la sanidad pública y universal». El presidente de la Junta ha acusado al PSOE de Juan Espadas de difundir el bulo del pago por los servicios sanitarios y ha señalado que entiende «la desesperación» de los socialistas que «han perdido la Junta, tienen una situación de irregularidades o la polémica de la 'Ley del solo sí es sí'.

Sin embargo, ha señalado Moreno, «la desesperación no puede llevar a la mentira». Porque el presidente de la Junta ha insistido en que es falso que se vaya a privatizar la sanidad. «Estamos a 80 días de las elecciones y lo que busca desesperadamente el PSOE es lo que lleva buscando 40 años: decir que privatizamos y no, aquí nadie va a privatizar nada porque está en el Estatuto», ha defendido.

Estas palabras llegan tras las declaraciones del líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien ha señalado que «es claramente un error poner precio a la atención primaria en Andalucía para derivar pacientes a la sanidad privada« porque »se constata cómo Moreno Bonilla y la consejera del área«, Catalina García, «mintieron, tanto a la ciudadanía como al Parlamento, al negar una apertura a la privatización que hoy abordan con la corrección de esta orden».

Por este motivo, el líder de la oposición ha incidido en tildar de «insuficiente» la corrección de errores realizada, y ha exigido la «retirada completa» de una orden en la que, en opinión de Espadas, continúa «sin quedar claro por qué le van a pagar 16 veces más a un profesional privado que a uno público».