La Junta lamenta «la confusión e inseguridad jurídica» generada por el Registro Único para las viviendas turísticas

En primer lugar, el consejero ve demostrado los cálculos que se han dado desde la Consejería y desde el Observatorio de Sostenibilidad Turística Local sobre la gran cantidad de declaraciones en el registro «ad cautelam» que efectivamente no tenían actividad turística; «estimamos que alrededor de un 30% de las altas no dan servicio turístico. El discurso sobre la responsabilidad de la Vivienda de Uso Turístico en la falta de oferta en las ciudades procede de reflexiones incompletas. No se trata de demonizar a este fenómeno alojativo. En el día de hoy hemos conocido que Andalucía es la comunidad con más viviendas vacías en España. La ley de derecho a la vivienda del Gobierno central ha sido nefasta para que los ciudadanos puedan acceder a una casa».

En cuanto a lo que se refiere al Real Decreto, el consejero considera que también se han cumplido los vaticinios que durante meses hemos hecho desde Andalucía. «Este procedimiento lo único que ha generado es confusión e inseguridad jurídica en miles de alojamientos en un momento clave para la industria turística como es el inicio del verano. No lucha contra la clandestinidad al no tener medidas concretas ni régimen sancionador específico aprobado, duplicándose la carga administrativa por igual entre todos los ciudadanos propietarios y operadores que actúan legalmente y los que no. Desde el Gobierno central no ha habido ninguna voluntad de consenso y diálogo con las comunidades autónomas», ha expuesto.

Bernal ha dejado claro el apoyo que desde el Gobierno andaluz se hace al Reglamento Europeo 2024/1028, que pretende la mejora en la recogida e intercambio de datos sobre alquileres turísticos de corta duración. Sin embargo, «ha duplicado las cargas administrativas para propietarios y explotadores que ya cumplen con la normativa autonómica». Todo ello justifica, para Bernal, la tramitación de la interposición de un recurso contencioso administrativo por parte de la Junta de Andalucía a este Real Decreto.

En este punto, el consejero ha recordado el posicionamiento que ha hecho el Consejo de Estado sobre esta disposición al proponer su revisión profunda o sustitución por imponer ciertas obligaciones y la insuficiencia de rango normativo para modificar registros como el de la Propiedad. Del mismo modo, ha apuntado el procedimiento abierto por la Unión Europea (Pilot) contra la aplicación y puesta en marcha de esta medida que el Ministerio de Vivienda ha adoptado separándose por completo de las recomendaciones del reglamento europeo sobre la materia.

«Nos preocupa la falta de diálogo y consenso del ministerio, al ignorar las advertencias que hemos hecho desde las comunidades autónomas y por otro lado que no se hayan tenido en cuenta los criterios del Consejo de Estado y la Unión Europea. Al mismo tiempo, es llamativo que el Ministerio de Turismo haya estado ausente en todo este proceso. Resulta alarmante el poco peso que el ministro de la principal industria de este país tiene en el Consejo de Ministros», ha subrayado Bernal.

El consejero reprocha al Gobierno central las escasas reuniones de coordinación que se han llevado a cabo sobre este Real Decreto. «Han sido reuniones telemáticas sin contenido real, no se ha respetado el orden del día y no ha habido escucha efectiva de los planteamientos de las comunidades autónomas, lo que ha impedido un debate real ni soluciones ante la incertidumbre y dudas que se han generado».

Ante esta situación, el consejero ha explicado que Andalucía trabaja activamente para garantizar la legalidad y el control de las viviendas turísticas. «Gracias a los convenios que hemos firmado con los ayuntamientos, nuestro Decreto 31/2024 sobre Vivienda de Uso Turístico, el Decreto Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda en Andalucía y refuerzo de la inspección hemos impulsado la cancelación de más de 9.200 Viviendas de Uso Turístico que no cumplían con los requisitos necesarios».