El pasado 28 de febrero, el Gobierno de España aprobó la declaración de impacto ambiental para la ampliación del cementerio nuclear de El Cabril, el mayor de España. El plan no sólo supone su mayor ampliación en 30 años de historia sino también la ... prórroga de la concesión de esta instalación que es de titularidad estatal durante 49 años. Aún quedan informes y trámites pendientes, como el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, pero la ampliación sigue avanzando y la previsión es que pueda arrancar en 2025.
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, exigió en el Pleno del Parlamento la paralización de este proyecto y pidió a la Junta de Andalucía que adopte medidas urgentes para evitar que la comunidad autónoma se consolide como el gran «vertedero de España«. »Tomemos decisiones y actuemos de forma contundente«, le reclamó.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, mostró coincidencia en el fondo con el portavoz de Adelante Andalucía: «No queremos ser el vertedero de nadie y estamos en contra de este proyecto». Pero incidió en que se trata de una decisión de ámbito estatal y de un proyecto liderado por el Gobierno de España.
«No queremos la ampliación del cementerio nuclear. Es una imposición sin diálogo del Gobierno de España. Le pedimos que se sienten a negociar con la Junta de Andalucía«, afirmó. En este sentido, el Gobierno andaluz ha presentado alegaciones durante en las fases de tramitación que ha sido posible, siempre con »el rechazo« del Gobierno de España.
«Desde Andalucía estamos en contra por el peligro que supone el transporte por carretera, por el impacto que tiene sobre el Medio Ambiente y el entorno y porque se ha rechazado nuestro ofrecimiento para trabajar de forma conjunta para encontrar alternativas«, resumió el presidente andaluz.
A partir de ahí, la Junta asume que no tiene instrumentos administrativos para impedir el proyecto de ampliación en el tiempo y en tamaño del cementerio nuclear de El Cabril por lo que se centrará en «controlar» el cumplimiento de las autorizaciones y el respeto a la normativa y en pedir políticamente una rectificación por parte del Ejecutivo central.
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