La Junta de Andalucía asegura que «no se debe nada» a ninguna de las diez universidades

La tajante reacción se produjo poco después de la rueda de prensa celebrada en el Rectorado de la Universidad de Sevilla en la que nueve de la decena de rectores expusieron su preocupación ante los «graves incumplimientos que podrían poner en entredicho la sostenibilidad financiera del sistema», en palabras de Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (Aupa).

De hecho, lanzaron el guante al propio Juanma Moreno, al que pidieron una «interlocución directa» y su «implicación personal» para que se deshaga este entuerto antes de que concluya el año. Si las posturas finalmente no se acercaran, las universidades abren la puerta a «tomar medidas» y utilizar «cualquiera de las herramientas de que nos dota el Estado de derecho».

La fría mañana y lo sombrío del patio de Maese Rodrigo, lugar concreto donde los rectores abundaron en su exposición, fue la analogía perfecta de cómo se recibió el acto en el seno de la Junta. Les sorprende que nunca antes, «ni con una deuda de 800 millones de euros por parte de los gobiernos del PSOE, se movilizasen así».

En ese sentido, la Consejería de José Carlos Gómez Villamandos saca pecho de que «nunca antes las universidades habían recibido más financiación de la Junta que este año 2024». Cifran la subida respecto a 2023 en 86 millones de euros, para más señas.

En este relato doble no dejan de sorprender las versiones tan antagónicas. Los rectores no cejan en su empeño de trasladar a la opinión pública que los profesionales universitarios se encuentran en una situación «de urgencia y totalmente insostenible», sin embargo la Junta está totalmente segura de que tienen financiación «más que suficiente para afrontar el pago de las nóminas». Se escuda en las previsiones de cierre de año en superávit de todas las universidades -salvo la UMA, en Málaga- remitidas al Gobierno andaluz.

Por ejemplo, fuentes de la Consejería recuerdan que, en base a la liquidación de 2023, «las universidades destinaron 1.514 millones de euros al pago de las nóminas, mientras que recibieron, tan solo vía modelo de financiación, 1.651 millones». Además, añaden, este año «supera los 1.708 millones a través del modelo de financiación.

También defienden su postura con el hecho de que «frente a un IPC que ha crecido un 18 por ciento desde 2018, la financiación de las universidades públicas por parte de la Junta ha sido del 22%». Todo durante un período de Gobierno en el que insisten en que «se han saldado todas las deudas».

Durante el acto rectoral, Oliva sí que quiso agradecer «un primer paso» dado por la Junta, que la semana pasada ofreció a estas instituciones «21 millones de euros» para hacer frente a los compromisos pendientes. Lejos de ser recibido como una solución, las universidades ven que el gesto queda lejos de «satisfacer nuestras legítimas reivindicaciones».

Más allá de la mera cuestión aritmética -ellos reclaman 50 millones- está el hecho de que sería «un pago único y no consolidable, con fecha de caducidad, con el que habría que cubrir complementos que sí están consolidados».

Así, y aunque están «aún estudiando» un documento recibido horas antes en el que figuran criterios de reparto de las cuantías entre las distintas universidades, el portavoz aseguró que aceptar esta cuantía «sería asumir un recorte unilateral». Lo calificó también de «injusto, ineficiente e irracional».

Por su parte, el secretario de general de Universidades de la Junta, Ramón Herrera, incide en que esta «nueva inyección» económica es «superior al coste tanto de los complementos autonómicos como el pago del 50% del quinto tramo del personal técnico de gestión y administración de servicios».

Herrera insiste en que las andaluzas «son las universidades mejor financiadas de España, algo admitido por el Ministerio, y que este año han recibido una cantidad récord». Por eso pide a los rectores que «no hagan rehén a la comunidad universitaria, impidiendo el pago de los acuerdos alcanzados en junio».

Para el próximo jueves se ha convocado la Comisión de Programación del Consejo Andaluz de Universidades, una cita que los profesionales esperan que traiga el desenlace definitivo a sus dos demandas. A tenor de las posiciones, parece que será un capítulo más de esta historia a contrarreloj... pero no el último.