Las universidades de Andalucía piden la «implicación directa y personal» de Juanma Moreno ante el problema de su financiación

Así lo ha explicado Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide, durante la rueda de prensa celebrada este martes en el rectorado de la Universidad de Sevilla en la que pidió la «implicación directa y personal» del presidente del ejecutivo andaluz, Juanma Moreno.

El acto contó con la presencia de los nueve rectores, de los que Oliva ejerció como portavoz al ser el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA). En su nombre agradeció el primer paso dado por la Junta, que la semana pasada ofreció a estas instituciones «21 millones de euros como pago único y no consolidable», que queda a todas luces lejos de «satisfacer nuestras legítimas reivindicaciones».

«Aceptarlo sería asumir un recorte unilateral», además de «injusto, ineficiente e irracional», recalcó el malagueño en tanto que si se destina esa cantidad a pagar los complementos retributivos del personal aprobados el 25 de junio la cuantía «solo podría satisfacer el pago en 2024, pues no figuraría en los sucesivos presupuestos. No tiene sentido pagar un complemento consolidado en las nóminas con una finaciación que tiene fecha de caducidad». Lo mismo si se opta por «abordar con ella la cuestión presupuestaria».

Además, esta misma mañana han recibido un documento con criterios de reparto de las cuantías entre las distintas universidades que «aún estamos estudiando». Por ello, y aún «reconociendo que se está avanzando», la solución ofrecida está «lejos de cumplir los objetivos asumidos en ambos acuerdos».

Por ello, y aún «reconociendo que se está avanzando», la solución ofrecida está «lejos de cumplir los objetivos asumidos en ambos compromisos».

Hacen referencia al Consejo Andaluz de Universidades del 22 de mayo del presente año, en el que se decidió que el reparto para las universidades debía ser de 16.855.000 euros, en virtud del modelo de financiación y de la partida de nivelación del 22 de septiembre de 2023. Pero también a otros 7,5 millones de euros que surgen del incremento salarial por la revisión del PIB, correspondiente a un incremento del 0,5%. «Una partida de obligado cumplimiento incluida dentro de la cláusula de salvaguarda», recordó Oliva.

A esos casi 25 millones que surgen «simple y llanamente de cumplir el modelo de financiacíon aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta» habría que añadir los recogidos en el citado acuerdo del 22 de junio entre la Consejería, las universidades y Ccoo, Csif y UGT para poder afrontar complementos como el que corresponde a nivel autonómico al personal docente investigador temporal (PDI) o a la carrera horizontal del Personal Técnico de Gestión de Administración y Servicios (PTGAS).

El portavoz ha recordado como la Consejería de Universidades se comprometió a «cubrir las necesidades adicionales de financiación a las universidades públicas de capítulo I».

En ese sentido, Oliva recordó que los profesionales de las Universidades públicas de Andalucía aportan a la sociedad «cinco euros por cada euro que reciben de financiación», por ello si finalmente las posturas no concluyeran, los rectores no descartan «hacer uso de cualquier instrumento o medida de las que nos dota el estado de derecho».

Entretanto, este jueves se ha convocado la Comisión de Programación del Consejo Andaluz de Universidades, una cita que los profesionales esperan que traiga el desenlace definitivo a estas dos demandas... a 18 días de la llegada de 2025.