El juicio contra el ex alto cargo andaluz del PSOE que hizo 45 pagos en burdeles con dinero público se celebrará en la campaña electoral

Mediante un auto dictado el pasado 21 de marzo y consultado por ABC, la magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha programado siete sesiones de juicio oral tras la selección y constitución del jurado que debe determinar si el que fuera secretario de Empleo de la ejecutiva del PSOE andaluz (2008-2010) cometió delitos continuados de malversación y falsedad documental.

El exdirector de la fundación compartirá el banquillo con la directora económico-financiera de la Faffe, Anna Valls Roc. La audición del archivo sonoro y los informes de las acusaciones y defensas se leerán el próximo 26 de mayo, dos días antes de que se abran las urnas que deben elegir a los concejales en los distintos ayuntamientos, según el cronograma que ha realizado la juez que presidirá este tribunal con jurado popular. Será el 5 de junio cuando se le haga entrega del veredicto a los acusados, que han pedido su libre absolución. Alaya será la encargada de dictar la sentencia de acuerdo con lo determine el jurado.

Según el relato de los hechos que recoge la magistrada, el ex alto cargo socialista llegó a realizar hasta 45 pagos distintos con cargo a la tarjeta corporativa en cinco locales de alterne diferentes. Utilizó tres de las seis tarjetas de crédito que tenía asignadas como máximo responsable de esta entidad de la Junta de Andalucía para abonar servicios por un importe total de 32.566 euros en locales de Sevilla, Cádiz y Córdoba donde se ejercía la prostitución entre los años 2004 y 2010 y y en quince días diferentes.

Las tarjetas estaban vinculadas a las cuentas de la fundación, que a su vez se financiaba principalmente con los fondos públicos que la Junta de Andalucía le inyectaba para dar una salida laboral a desempleados. La Faffe, hoy disuelta, funcionó como una auténtica agencia de colocación para familiares y militantes del PSOE andaluz y cuya gestión investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

El local que más frecuentaba, ya desaparecido, era Don Angelo, un extinto local de Sevilla sito en la avenida Manuel Siurot 62 de Sevilla, donde llegó a desembolsar un total de 25.277 euros repartidos en 29 abonos realizados en distintas fiestas.

En otro local de Sevilla, Top Show Girls, perteneciente a la entidad Electro Dance SL. 12 y sito en la avenida de Jerez de la capital hispalense, el exdirector de la entidad autonómica realizó siete cargos a la tarjeta por importe de 2.591 euros. En el establecimiento denominado La Casita, perteneciente a Restaurante I. Carrasco y radicado en la avenida de Andalucía de Sevilla, Fernando Villén realizó un único pago ascendente a 780 euros.

Su afición por este tipo de servicios se extendió a otras provincias andaluzas. En la Sala Delux, Pub La Movida, anteriormente denominada American Show, situada en la calle Platino de Córdoba, el exdirector de la Faffe endosó a la tarjeta de crédito hasta 1.390 euros mediante dos abonos. Por último, en el club Bahía 2, vinculado al Restaurante Bahía 16 y emplazado en la avenida del Mueble de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, Villén utilizó la tarjeta corporativa hasta en seis ocasiones y se gastó en total 1.931 euros.

El juicio complica la situación del PSOE cuando está siendo investigado por otro juzgado su exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado Tito Berni. El parlamentario canario del PSOE dejó su escaño en el Congreso tras destaparse una trama corrupta que recibía comisiones en especie -en forma de cocaína, fiestas con prostitutas y cajas de puros- por parte de los empresarios que acudían a él en busca de favores y ayudas.

El que también fuera dirigente del PSOE en Cádiz dirigió la fundación dedicada a impartir cursos de formación a trabajadores y parados andaluces durante los ocho años que estuvo funcionando, desde 2003 a 2011, bajo distintos gobiernos del PSOE en Andalucía.

«Fernando José Villén, prevaliéndose de su cargo, habría venido llevando a cabo de manera continuada una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, utilizándolos para abonar, entre otros, los servicios recibidos en distintos locales de alterne», expone la magistrada.

Sólo en el club Don Ángelo, en Sevilla, se gastó 25.277 euros, de los que 14.737 euros se abonaron entre la noche y la madrugada del 22 al 23 de marzo de 2010. Los pagos se efectuaron apenas unas horas después de que el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán -condenado por el caso ERE- acometiese una remodelación de su gobierno del que salió, entre otros, el consejero de Empleo al que estaba adscrita la Faffe, Antonio Fernández, que ahora está en prisión por el fraude de los ERE. Villén nunca reveló quiénes participaron en aquella fiesta.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido seis años de prisión para Villén y cuatro años para la exdirectora financiera de la Faffe en una causa donde también ejercen la acusación la Junta de Andalucía y el PP andaluz.

El principal acusado, «prevaliéndose de su cargo» como director de la Faffe, «habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad –que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados–, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne», señala el auto de apertura de juicio oral.

El juez que dictó el auto de apertura de juicio oral, José Ignacio Vilaplana, detecto «ocho operativas distintas de gastos efectuados a través de las tarjetas asociadas a las cuentas de la Faffe en diferentes establecimientos donde se habría ejercido la prostitución». La Faffe fue creada en 2003 por el Gobierno de Manuel Chaves para formar a los desempleados andaluces con las subvenciones que le concedía.

Además de los 32.566 euros abonados en los clubes de alterne, Villén, «abusando de la disponibilidad que le ofrecían las tarjetas«, habría realizado gastos en otros establecimientos mencionados en el auto: El Corte Inglés, 113,90 euros; discotecas, 136,10 euros; estación de servicio, 216,39 euros; hoteles, 2.521 euros; peajes, 11.200,24 euros; restaurantes, 21.005,76 euros; taller de vehículos, 173,79 euros, entre otros.

Según los investigadores de la Guardia Civil, que testificarán en el juicio, el ex alto cargo, «en connivencia» con Anna Valls, creó una suerte de 'caja b', una contabilidad opaca o una «mecánica delictiva», según la califica el juez, para borrar el rastro de los pagos efectuados en clubes de alterne.

El exdirector de la Faffe alegó que el dinero de estas juergas salió de su propio bolsillo después de haber utilizado las tarjetas de la entidad «por error». El juez instructor del caso no dio pábulo a su versión exculpatoria y sostuvo que ambos exdirectivos «habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos».

La juez ha admitido todas las pruebas propuestas por las partes, salvo la más documental primera de la defensa de Anna Valls «en tanto que no se expone el motivo de su proposición ni se puede vislumbrar ninguna relación que pueda tener dicha Memoria de Actividad de la Faffe con los delitos que van a ser objeto de enjuiciamiento«, señala.