El juez desinfla la teoría del gran complot del Gobierno andaluz en los contratos de emergencia del SAS

El Juzgado ha rehusado imputar a siete responsables provinciales de los centros de gasto de la agencia pública de la Junta por supuestos delitos de malversación, falsedad en documento público y organización criminal. Así lo habían solicitado los 30 diputados autonómicos firmantes de la querella que ha dado pie a una causa penal donde están siendo investigados los exdirectores del Servicio Andaluz de Salud entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y la actual responsable, Valle García Sánchez.

El magistrado Javier Santamaría da una de cal y otra de arena. Justifica la inadmisión de la nueva denuncia porque, por un lado, que no es competente para indagar en los nuevos contratos realizados en distintas provincias y, por otro, coincide con la Fiscalía en que las irregularidades «no se pueden extender a toda la contratación ni hacer una revisión general». Tampoco el PSOE aporta pruebas que permitan establecer una conexión entre los nuevos encargos y unas «instrucciones» de los servicios centrales del SAS, en los que se centra esta investigación penal, precisa el juez.

En otro auto avanzado este viernes por el PSOE, el magistrado rehúsa archivar la investigación, como habían solicitado las defensas de los gerentes imputados, al entender que faltan pesquisas por realizar para aclarar los supuestos hechos delictivos. Además, rechaza pedir una fianza de 15.000 euros a cada uno de los diputados personados para continuar en el proceso, como pedían los gerentes.

La idea que inspiraba esta estrategia, con la que el PSOE trata de erosionar al gobierno con mayoría absoluta del PP, era la de presentar el uso de esta fórmula excepcional de contratación como un complot o trama que implicaba a la cúpula de la Junta de Andalucía y que, a su juicio, perseguía «contratar a dedo a las empresas que se elegían por criterios desconocido y opacos». Su abogado lo llegó a comparar con el fraude de los ERE, soslayando la contradicción de que los socialistas han calificado dicha causa como un «bulo» de la derecha.

En su nueva denuncia, los 30 diputados socialistas elevaban la responsabilidad hasta el Consejo de Gobierno que preside Juanma Moreno (PP) y lo acusaba de que «consintió o toleró» la «clamorosa cadena de contrataciones ilegales en el seno del SAS». «Las más altas instancias de la Junta de Andalucía habrían necesariamente tenido un cabal conocimiento y habrían consentido la descrita contratación corrupta en el área de emergencia del SAS», recoge el PSOE en su querella ampliada, rechazada por el Juzgado.

En el auto notificado este viernes a las partes, el magistrado afea a los diputados socialistas que hagan aseveraciones sin aportar una prueba sólida. «Si bien se alega que deben existir directrices, instrucciones», rebate que «no se aporte documento alguno que permita ni siquiera indiciariamente determinar que existan y que correspondan a los servicios centrales [del SAS]» previas. Su resolución «no es firme» y «cabe interponer recurso de reforma y/o apelación» contra la misma.

El juez entiende que «la competencia para conocer de cada uno» de dichos contratos «corresponde al Juzgado de Instrucción de la provincia correspondiente por ser el lugar donde se dicta la supuesta resolución, se suscriben los contratos e incluso en ese ámbito territorial despliegan los efectos». Para decidir la admisión o no de la ampliación de querella, procede «realizar un juicio de competencia y otro de tipicidad, con el fin de conocer si el juzgado es competente para la instrucción», así como «si lo descrito, caso de ser cierto», constituiría «un ilícito penal», detalla el auto.

De entrada, el magistrado acota el perímetro de su investigación al expediente 110/21 (contratos de servicios) y al expediente número 2/21 (contratos de obras, ejecución de la segunda fase de obras del Hospital Militar Vigil de Quiñones de Sevilla). Solo considera «relevantes» para la investigación tres documentos referidos a informes de la Intervención central del SAS de los años 2020-2023 que analizan contratos de emergencia para facilitar «estancias médicas» a usuarios en clínicas privadas debido a la sobrecarga de recursos hospitalarios que hubo durante la pandemia del covid.

El juez Santamaría afirma que «no concurre ninguno de los supuestos de conexidad» recogidos en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para indagar sobre los nuevos hechos, «toda vez que no hay coincidencia en cuanto a su objeto ni en cuanto al sujeto, más allá de la posible tipología del contratación de emergencia».

En cuanto a la mención que el PSOE hace a una adjudicación, por vía de urgencia, del servicio de información y control de acceso al Hospital Reina Sofía de Córdoba que Valle García Sánchez tramitó como directora gerente de dicho centro, indica que «correspondería la competencia en su caso a los Juzgados de Instrucción de Córdoba».

En su resolución desestimatoria de la denuncia, el magistrado precisa que «los incumplimientos» que mencionan los 30 diputados socialistas se refieren «a diversos contratos suscritos por las diferentes plataformas logísticas sanitarias de contratación o centrales provinciales de compras que tienen la gestión en la contratación de los centros sanitarios de la respectiva provincia, por parte de los directores provinciales los que dictan y suscriben». Por tanto, considera que «la competencia para conocer de cada uno corresponde al Juzgado de Instrucción de la provincia» en cuestión.

En su ampliación de la querella del pasado 5 de diciembre de 2024, los socialistas aportaron al Juzgado informes realizados por las intervenciones provinciales referidos a contrataciones de emergencia en las ocho provincias andaluzas.

Además, el Grupo Parlamentario Socialista entregó al juez una auditoría de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Andalucía, un documento sobre la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, que gestiona centros de las provincias de Jaén y Córdoba, y otros informes de intervenciones provinciales del SAS relativos a una «pluralidad de servicios» adjudicados en el año 2021.