Juan Espadas contrata al bufete de abogados donde trabaja su hija para llevar al juzgado los encargos de emergencia del PP en el SAS

El detonante de este caso fue una querella que el pasado 20 de junio registraron ante el juzgado los 30 parlamentarios que integran el Grupo Socialista en la Cámara autonómica. El principal grupo de la oposición al presidente y líder regional del PP, Juanma Moreno, se ha puesto en manos de los letrados Alfonso Martínez del Hoyo y Juan Carlos Alférez, socios de Estudio Legal Constitución 23, donde Cristina Espadas Ibanco, la hija del jefe de filas de los socialistas andaluces, está empleada desde septiembre de 2023, según detalla su perfil en la red LinkedIn, dedicada al ámbito profesional.

La joven abogada forma parte actualmente del equipo de este reconocido despacho especializado en Derecho Penal y, específicamente de carácter económico, como difunde a través de su página web el propio bufete que tiene su sede en la avenida de la Constitución, considerada la 'milla de oro' de la capital hispalense.

En la cartera de clientes de este estudio jurídico figuran ex altos cargos socialistas acusados e investigados en las macrocausas de corrupción que en los últimos trece años han protagonizando la crónica de tribunales en Andalucía como son los ERE, el fraude de la formación, los Avales de la agencia IDEA, Invercaria, Santana Motor o el préstamo irregular de la multinacional malagueña Isofotón.

Juan Espadas confirmó este lunes a ABC que su grupo político ha contratado el referido despacho porque cuenta con «procesalistas en materia penal bastante buenos y acreditados» para ejercer la acusación en la causa abierta contra los contratos del SAS y que su hija «no tiene nada que ver con este caso concreto». De hecho, asevera que ella lleva apenas un «año y pico» vinculada a este estudio e invita al periódico a contactar con el despacho contratado para corroborar que, en efecto, no se hace cargo de este sumario.

«Yo no estoy contratando a un familiar, yo estoy contratando a un despacho de abogados», insistió el dirigente socialista. Puntualizó que son otros «los profesionales que están personados» en este caso y que figuran en la querella registrada por su formación. «¿Quiénes son la defensa legal? En este caso son Juan Carlos Alférez y Alfonso Martínez del Hoyo, no sé si hay algún socio más. Son los que llevan personalmente este caso», apostilla. Un proceso de este tipo «requiere de una veteranía y conocimiento» que no tiene su hija, con apenas 24 años, aclara, y por esta razón han recurrido a «dos penalistas procesalistas de primer nivel» que «conocen muy bien los tribunales en Sevilla». El líder del PSOE-A niega de manera categórica que el contrato con el bufete sevillano que emplea a su hija incurra en algún conflicto de intereses.

Al ser consultado por ABC, Espadas también señaló que Constitución 23 no es el único servicio jurídico que su grupo parlamentario ha contratado. Recordó, por ejemplo, que el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra el megadecreto de simplificación de la Junta lleva la rúbrica del jurista y exministro socialista Tomás de la Quadra-Salcedo.

Para contratar al bufete donde trabaja Cristina Espadas, el Grupo Socialista aprovecha las asignaciones económicas que el Parlamento andaluz reparte entre las distintas formaciones política, atendiendo a la representación obtenida en los últimos comicios, paras, facilitar el desarrollo de su actividad y sufragar gastos de funcionamiento. Defiende que su grupo asuma dichos honorarios con cargo al «presupuesto específico» que le proporciona la Cámara para costear su asesoramiento legal y jurídico.

El grupo que preside Espadas ha confiando en Estudio de Litigación Constitución 23, creado a partir de la unión de «cinco experimentados abogados» —como destaca en su portal de internet—, para emprender una gran batida jurídica y política contra Juanma Moreno, que gobierna con una mayoría absoluta de 58 escaños desde las autonómicas del 19 de junio de 2022.

La querella de los diputados socialistas ha dado origen a una investigación judicial que trata de averiguar si determinadas contrataciones millonarias y las decisiones que derivaron de ellas se hicieron cuando ya no estaba en vigor al norma que amparaba este tipo de adjudicaciones a dedo —sin publicidad ni libre concurrencia— para seguir prestando servicios con la agilidad que demandaban las restricciones sanitarias durante la pandemia.

Cristina Espadas está habilitada por el Colegio Oficial de Abogados de Sevilla para desempeñar la profesión desde 2023, poco después de finalizar el máster que da acceso al ejercicio del Derecho, según consta en el currículum que su empresa empleadora ha colgado en internet. Fue el pasado año cuando obtuvo este posgrado impartido por la Universidad Antonio de Lebrija en el Instituto Cajasol de Sevilla y también cuando realizó una formación específica en el despacho de abogados donde ahora trabaja.

La hija del también portavoz del Grupo Socialista en el Senado se graduó en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de la capital andaluza en 2021. Según publica su actual empresa, su experiencia previa como profesional son unas prácticas que realizó ese mismo año en el bufete de Amparo Díaz Ramos. Esta conocida abogada especializada en asistir a víctimas de violencia machista fue condecorada con la Medalla de Sevilla al año siguiente (2022) por el gobierno presidido por el anterior alcalde, Antonio Muñoz, que había sido elegido por Espadas para sustituirlo en el cargo tras dimitir para concentrar sus esfuerzos en armar una alternativa a Juanma Moreno en las pasadas autonómicas.

El letrado que representa la acusación popular en nombre del Grupo Socialista, Alfonso Martínez del Hoyo, ha consagrado su vida profesional al ejercicio del Derecho y es miembro de la Unión Española de Abogados Penalistas. Entre sus clientes destaca el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien fue condenado en firme a siete años y 11 meses de prisión por un delito continuado de malversación en la pieza política del caso ERE.

El Tribunal Constitucional (TC) redujo posteriormente la pena de su defendido y la de otros antiguos altos cargos como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, inhabilitados y/o sancionados con la cárcel por el reparto clientelar y arbitrario de casi 680 millones de euros a lo largo de una década (2000-2009) desde la Junta. El órgano de garantías, por siete votos a favor de los magistrados progresistas frente a cuatro en contra del bloque conservador, ordenó a la Audiencia de Sevilla que dicte nuevos fallos respetuosos con derechos fundamentales que ha visto vulnerados.

Precisamente, la sentencia del Tribunal Supremo en el caso ERE, que confirmó la mayoría de las penas, es el banderín de enganche que ha utilizado el abogado del Grupo Socialista para atacar jurídicamente los contratos sanitarios de emergencia efectuados por gobiernos del PP entre 2021 y 2024.

En un escrito dirigido al juez instructor de Sevilla para ampliar su denuncia, Martínez del Hoyo ha señalado el «presunto fraude» del SAS guarda un «enorme paralelismo» con el reparto ilícito de ayudas de los ERE. El Ejecutivo del PP adjudicó servicios sanitarios «con incumplimiento absoluto de las normas sobre gestión y control», así como pagando un «mayor precio» que si hubieran seguido «el procedimiento administrativo debido», respetando la publicidad y libre concurrencia de ofertas.

Dicha argumentación jurídica encierra una extraña paradoja: el PSOE ha tratado de desacreditar a nivel político las sentencias condenatorias. Aprovechando el giro de guion del TC, el propio Espadas aseguró que el caso ERE fue «una gran mentira que planteó el PP» y que fue validada «en el Tribunal Supremo».

Todas las consignas y argumentarios de entonces han quedado en un segundo plano ahora que la corrupción pasada, aunque sea propia, puede servir como ariete en el juzgado para remover los cimientos del Gobierno de mayoría absoluta que preside Juanma Moreno. El PSOE ha apostado fuerte a la carta de los encargos del SAS. Muy fuerte. Utilizan para ello frases y acusaciones que parecen sacadas de las hemerotecas, pero escuchadas en boca de dirigentes del PP cuando estalló el escándalo de los ERE.

«Los contratos de emergencia no eran más que un colosal fraude que escondía una contumaz voluntad de contratar a dedo a las empresas que se elegían por criterios desconocidos y opacos», concluyen los diputados socialistas en la denuncia presentada por su abogado y compañero de despacho de la hija de Espadas. A través de las contrataciones urgentes y amparadas en la pandemia del Covid-19 se ha llevado a cabo un «despilfarro de dinero público por el abuso de la contratación de emergencia», añadían.