El Tribunal de Cuentas eleva a 128 millones el coste del inactivo tranvía de Jaén

Miguel Contreras denuncia que las administraciones firmaron convenios y adquirieron compromisos previos sin determinar si la obra era viable. Así, el 30 de octubre de 2007 la Consejería de Obras Públicas encargó el proyecto de ejecución, para pedir con posterioridad el estudio. Por esta razón, a juicio del dirigente municipal, la implantación del tranvía careció de la preparación necesaria pertinente para acometer las obras.

El informe también refleja, según el equipo de gobierno, que la entonces alcaldesa socialista, Carmen Peñalver , firmó convenios con la intención de implantar el tranvía sin adoptar acuerdos en el pleno municipal . Los compromisos adquiridos requerían, no sólo la firma de la regidora, sino también la aprobación de la corporación porque el tranvía iba a tener un fuerte impacto en la ciudad. Que prescindiera del pleno aclara, dice Contreras, que el tranvía ha sido consecuencia de un capricho del PSOE .

El alcalde en funciones añade que el informe recalca también la inexistencia de un estudio justificativo sobre la conveniencia de los terrenos donde se ubicaron las instalaciones de la Policía Local, que estaba ubicada en la superficie donde se instalaron las cocheras del tranvía. Según Contreras, esta decisión elevó el coste en 9 millones de euros . En este sentido, El Tribunal de Cuentas ha descubierto irregularidades en la ejecución de las obras del traslado de las dependencias de las fuerzas de seguridad 

Respecto a la inversión que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento para la ejecución del proyecto del tranvía, Contreras ha resaltado que el Tribunal de Cuentas aclara que durante la contratación están prohibidas las ofertas condicionadas. Sin embargo, en la adquisición de los vagones se conculcó esta prohibición. El alcalde en funciones asegura que la Junta compró las locomotoras y los vagones y luego derivó la factura, cifrada en 6 millones de euros , al consistorio. El Tribunal de Cuentas, en la página 71, aclara, textualmente, que el Ayuntamiento carecía durante el periodo fiscalizado de recursos suficientes para cubrir sus deudas vencidas . Además, presentaba una situación financiera que permitía deducir que la administración local difícilmente dispondría de la financiación necesaria para poner en funcionamiento el sistema tranviario.