La fiscalía investigará los incidentes contra las familias gitanas de Peal de Becerro

El ministerio público investigará el presunto vandalismo de parte de la población de Peal de Becerro que, so pretexto de pedir justicia por el homicidio, dejó media docena de viviendas destrozadas, tres coches volcados y provocó el éxodo de familias gitanas sin relación con los protagonistas del suceso.

Además de la investigación de la Fiscalía, la gravedad de la situación ha motivado una reunión de urgencia convocada por el Ministerio de Derechos Sociales. En ella han participado representantes del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, del Ayuntamiento de Peal de Becerro y de la Junta de Andalucía.

En la reunión se ha analizado la reacción ciudadana tras el homicidio de Álvaro Soto Reyes, de 29 años, portero de un pub, que tuvo lugar durante la madrugada del pasado 18 de julio, cuando dos chicos de etnia gitana, de 18 y 20 años, le agredieron presuntamente con un arma blanca en la puerta del local de ocio.

Aunque los presuntos criminales fueron detenidos a las pocas horas del apuñalamiento mortal, centenares de vecinos protagonizaron altercados al término de una pacífica manifestación. Los autores de los actos violentos rompieron el cordón de seguridad y accedieron a una calle en la que residen vecinos de etnia gitana, que habían abandonado las casas en previsión de que fueran atacadas.

Así fue, a pesar de que el contingente de la Guardia Civil evitó males mayores. La actuación de los agentes, que ha sido ensalzada por la subdelegada del Gobierno en Jaén impidió que se produjeran más actos vandálicos durante una jornada marcada por el civismo de muchos y la violencia callejera de grupos de incontrolados.

Para la Sociedad Gitana Española los responsables de los organismos denunciados «no pueden seguir ejerciendo sus funciones al frente de estas instituciones en las que los ciudadanos confiamos en que sirven para estar al servicio de la gente sea de la etnia que sea« ya que, ha precisado, »estas familias gitanas agredidas también son ciudadanos españoles a los que les asisten derechos constitucionales«.

La Sociedad ha asegurado que se dirigirá a «las más altas instituciones judiciales para que se haga justicia con las víctimas de este inhumano y vandálico ataque en el que corrió serio peligro la vida de estas personas«.