Juicio por el «robo del agua» en Doñana: ex alcaldes de Almonte dicen al juez que solo fueron «intermediarios»

Así se posicionaron ayer ambos ex regidores durante sus respectivas declaraciones en la segunda sesión del juicio que se sigue en el Penal 1 de Huelva.

Fracasado el Plan Almonte-Marismas, cuando «se pensaba que se podía sacar todo el agua del mundo», Bella explicó que posteriormente el dictamen del comité de expertos (1992) marcó el camino. En aquel momento, «la Junta dijo que se iba a hacer una experiencia con el Ayuntamiento como intermediario » y, de la mano de los agricultores, «apareció un primer embrión y se empezó a hablar de regadío respetuoso y de lucha biológica».

Ese fue el comienzo. El convenio lo redactaba la Consejería, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), y «nosotros no teníamos más remedio que aceptarlo», afirmó el acusado a preguntas de la Fiscalía. Los primeros convenios se firmaron en 1996 y el último, con vigencia de 25 años, se suscribió en 2006.

Posteriormente, se introdujeron algunas cláusulas en los convenios . «La junta nos obligaba (al ayuntamiento) a poner un canon», que se revertía en las fincas mediante la construcción de puentes, cuidado de caminos y otras infraestructuras básicas, explicó en sala al tiempo que afirmó que las fincas «no se inspeccionaban» por parte del ayuntamiento, sino que esta tarea estaba en manos de los guardas del IARA y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH).

En cuanto a los sondeos (para las extracciones de agua), Bella manifestó que el IARA «nos dijo que únicamente tenían que mandar un escrito a la CHG para la inscripción y autorización de los mismos, que eran de su propiedad, que con la mera petición ya estaba autorizado». «Nadie comunicó nada, no sé si se autorizó el uso del agua», dijo.

La misma posición mantuvo en el juicio el ex alcalde del PP, que dijo haber tenido conocimiento del problema del agua en Matalagrana por boca de la Fiscalía, cuando solicitó una información al Ayuntamiento en el marco de la investigación.

Conocida la situación y una vez que contactó con los agricultores, Domínguez indicó que envió escritos tanto a la Consejería de Medio Ambiente como a la CHG en los que instaba a inscribir los pozos de Matalagrana, para «subsanar el error administrativo que había dado lugar al problema». La respuesta que llegó por parte de la Confederación, según el relato del ex alcalde popular, fue que el Ayuntamiento «no tenía legitimidad» para pedir la inscripción de los pozos , que debía ser la Junta como propietaria de los terrenos y – agregó- por parte de la administración autonómica «ni se nos contestó».

Domínguez afirmó en su declaración que no era «consciente» de que la no inscripción de los sondeos por parte de la CHG suponía que el uso del agua era ilegal, ya que «si en los convenios el fin concreto es la puesta a disposición de los agricultores de parcelas con sondeos para la explotación agrícola, se supone, que al no haber ninguna negativa expresa al uso de los mismos se podían usar».

El juicio continúa con las declaraciones de testigos y peritos .