La Diputación de Huelva da un megacontrato de 47 millones a una empresa pública que preside una alcaldesa del PSOE

La historia se repite con la última adjudicación del contrato aprobada por el Pleno de la Diputación el pasado 28 de octubre. Una de las empresas excluidas del concurso, Óbolo Cooperativa Andaluza de Interés Social, ha presentado un recurso ante el citado tribunal. Denuncia que se ha dado un «trato de favor» a la Empresa de Diversificación Integral del Andévalo S.L.U. (EDIA), una sociedad sin ánimo de lucro propiedad de la Mancomunidad de Municipios de Beturia, entidad pública que preside la alcaldesa de Villanueva de los Castillejos, la socialista Dolores Ruiz.

EDIA ha resultado adjudicataria de uno de los tres lotes en los que se ha dividido el contrato por un valor de 49.697.506 euros. Por prestar este servicio a las personas mayores y dependientes de veinte municipios y una entidad local, la corporación provincial le pagará 11.741.876 euros el primer año y tiene la posibilidad de prorrogarlo durante tres ejercicios más (cuatro en total). El domicilio social de EDIA es la propia sede de la mancomunidad. A pesar de ser una entidad sin ánimo de lucro, gracias a las concesiones recibidas, su facturación ha crecido un 73 por ciento entre 2017 y 2019. Sus ventas han aumentado desde 7,40 millones de euros a 12,80 millones en dicho periodo y ha pasado de tener a 375 a 663 empleados.

El consejo de administración de EDIA está controlado por cargos públicos del PSOE: además de la citada regidora, lo integran la alcaldesa de El Almendro y la teniente de alcaldesa de El Granado. El consejo lo completa el alcalde de Villablanca, José Carlos Zamora (PP), y un letrado que está en nómina de la Diputación.

La mancomunidad pertenece a la comarca onubense del Andévalo, un histórico caladero de votos socialistas donde también se ubica San Bartolomé de la Torre, cuya alcaldesa es María Eugenia Limón, la actual presidenta de la Diputación y secretaria general del partido en Huelva.

Pero lo que ha hecho saltar las alarmas de la empresa excluida es que el secretario de la entidad EDIA es un letrado interino de los Servicios Jurídicos de la Diputación, José Carlos G. L. Este funcionario es, además, «la mano derecha del secretario de la Diputación Rafael Jesús V. T., el cual como responsable de contratación se apoya en los diversos informes y dictámenes consultivos» que este abogado elabora, detalla Óbolo en un recurso presentado el pasado viernes ante el citado tribunal, al que ha accedido ABC, avalado por documentos acreditativos. Reclama a la institución provincial que anule la adjudicación porque hay un «conflicto de intereses» y la califica como «fraudulenta».

Para la empresa excluida no hay duda de que «en su condición de letrado interino el asesor jurídico ha colaborado de primera mano en la redacción de los pliegos de la licitación». «Estamos ante un órgano de contratación (la Diputación) que adjudica un contrato a una entidad de la que su letrado es secretario», expone.

El citado letrado «tiene un interés directo –financiero, económico o personal– que ha comprometido la imparcialidad e independencia del procedimiento» atendiendo a su «condición de secretario y antiguo consejero» (desde 2013) de la adjudicataria del lote 1. «La concurrencia del conflicto de intereses implica una irregularidad insoslayable que debe conllevar la nulidad del proceso de licitación por haberse producido un muy grave quebranto en el principio de igualdad, transparencia y objetividad exigible que debe regir en todo proceso de contratación pública», avisa el recurso.

La empresa recurrente subraya que el letrado de la Diputación y secretario de EDIA es quien «redacta los informes jurídicos en los que se basa el propio Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de dicho organismo para fundamentar sus tesis y veredictos».

La cooperativa Óbolo ya se opuso a su exclusión del concurso en un primer recurso presentado el pasado verano que fue desestimado precisamente por el citado tribunal el pasado 14 de septiembre. La mesa de contratación la dejó fuera del procedimiento alegando que su oferta no había pasado el corte a la hora de asignar las puntuaciones. Esta empresa no se ha quedado de brazos cruzados y ha anunciado otro recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) porque dicha exclusión es «lesiva» para sus legítimos intereses.

El letrado interino de la Diputación no es el único funcionario que tendría una vinculación con la entidad encargada de este servicio social, según Óbolo. El asesor jurídico de la empresa excluida apunta otra curiosa coincidencia en su escrito de impugnación. «La jefa de Servicios Sociales Comunitarios y coautora de los informes de valoración de las propuestas técnicas de fechas 29 de junio de 2022 que han servicio de soporte para acordar la exclusión de mi representada, guarda una relación de parentesco dentro del cuarto grado con D. Francisco Santana Rivas, que ostenta el cargo de consejero de EDIA, entidad que ha resultado adjudicataria del lote 1 del contrato por valor de 49.967.506 euros», esgrime.

En su segundo recurso, Óbolo sostiene que «EDIA ha recibido un trato de favor por parte de la Diputación» con el objetivo de «resarcirla» por la anulación de un contrato anterior para prestar el servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Moguer. La institución invalidó dicha adjudicación a EDIA tras impugnarla Óbolo porque Moguer estaba fuera del campo de acción de la empresa pública. Según sus estatutos, ésta tiene como objeto social «promover e impulsar el desarrollo y la diversificación económica, integral, social o cultural de la Mancomunidad de Municipios de Beturia».

La empresa excluida sospecha que EDIA ha modificado sus estatutos para prestar la ayuda a domicilio fuera de su ámbito de influencia, la comarca del Andévalo. El nuevo contrato adjudicado también comprende otras zonas de la provincia como el llamado Cinturón agroindustrial y la Costa de Huelva. A modo de conclusión, subraya «la cuanto menos llamativa predisposición e inclinación de la Excma. Diputación de Huelva de excluir a Óbolo en el fraudulento ánimo de favorecer a EDIA».

La Diputación de Huelva ha declinado pronunciarse sobre las irregularidades denunciadas cuando ABC ha solicitado su versión. Se remite a la resolución desestimatoria del primer recurso en el que aún no se aportaba información sobre el letrado y secretario de EDIA. En dicho informe, que tampoco ha sido facilitado a este diario por la institución, el tribunal justificó la exclusión del recurrente «por no alcanzar el umbral de puntuación mínimo en ninguno de los tres lotes» y rechazó el resto de argumentos.

Quien sí se ha pronunciado es el director general de Óbolo, Antonio Peña. «EDIA, que comparte sede social con la propia Mancomunidad de Beturia, lógicamente posee una ventaja competitiva financiándose con fondos públicos, lo que sitúa al resto de licitadores en una desigualdad absoluta y desequilibrio económico total a la hora de presentar sus ofertas». Denuncia las maniobras para «politizar» el servicio público que «menos debería estar politizado» porque atiende a los colectivos más vulnerables. «Siempre defenderemos a las entidades de interés social para que el mayor peligro de los gobiernos no sea querer gobernar demasiado», declara el empresario a ABC.