El Supremo investiga la exclusión de Granada como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial

El Consistorio se ha quedado atrás en la reivindicación, aunque ya ha avisado que mandará su recurso en los próximos días antes de la fecha tope para ello, el día seis de febrero. La decisión, que enfrenta directamente a dos ayuntamientos socialistas, el coruñés y el granadino, ha tensado el ambiente en la ciudad de la Alhambra ante las críticas de la oposición por el poco peso político que demostró el alcalde, Paco Cuenca, en su propio partido. La espera, que ya se retrasa varias semanas de lo previsto, ha dejado vía incluso al adelantamiento de la acción por parte de la sociedad civil.

El asunto ha pillado, de hecho, a traspiés a Cuenca, que ha recordado que «las competencias pertenecen al Ayuntamiento» en esta materia. El regidor socialista, que puso buena parte de su capital político en la consecución de la sede, quiere hacer bandera de la acción contra la decisión del Gobierno. Es la misma posición que han tomado desde PP y los demás partidos en el pleno del consistorio, que ven claramente que la pérdida de la Agencia el pasado diciembre tendrá consecuencias electorales, todavía por discernir, en las municipales de mayo.

Con recurso del Ayuntamiento o sin él, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ya ha ordenado que se requiera al Ministerio de la Presidencia para que remita en el plazo «improrrogable» de 20 días, el expediente administrativo y estudiar el caso. De mandarse el recurso desde el consistorio, se entiende, el Supremo tomaría el mismo camino.

Junto a ello, se acuerda la formación de una pieza separada de medidas cautelares, después de que la asociación granadina solicitara la suspensión cautelar de la designación de La Coruña como sede de la agencia hasta que se resuelva el procedimiento.

El colectivo, a la par de lo que viene reclamando tras la convocatoria incluso de una manifestación por la pérdida de la Agencia, insiste en que se declare la invalidez del mismo. También, y por consiguiente, la anulación de la adjudicación misma de la sede de la Aesia. Todo por entender que La Coruña «no ofrecía ni el mejor proyecto ni la mejor puntuación posible a obtener por los concursantes, a tenor de los criterios establecidos por el Real Decreto por el que se establece el procedimiento».

Según denuncia Juntos por Granada, La Coruña fue seleccionada «por considerarse, solo por la opinión de la ministra del ramo, que era la que mejor se adecuaba a los requisitos establecidos por el decreto». A colación de esto, la asociación incide en que, por los motivos expuestos en el dictamen de la comisión consultiva se debe concluir, según sostienen, que la candidatura granadina era «la de mayor nivel en todos los conceptos». La puntuación, sin embargo, quedaba nivelada, lo suficiente para que entraran en juego otros aspectos.

De aquí que la disparidad de criterios en cuanto al porqué de la elección de la ciudad gallega crease una crispación importante en el ámbito político granadino, que se vio compuesto y sin agencia por decisiones que nada tenían que ver con la calidad de su candidatura. Estaban avisados. Durante el proceso, mientras desde la Universidad de Granada, principal promotor de la candidatura, insistían en que en el fondo se trataba de cuestión política, el Ayuntamiento jugó la baza de los criterios estrictamente técnicos para plantear la opción granadina. No fue suficiente.

Faltó todo el trabajo de 'fontanería' política que el Ayuntamiento de La Coruña sí tuvo y que Granada apenas transitó. Al mismo tiempo, la decisión del Gobierno de escoger a Sevilla, también con alcalde socialista, como sede de la Agencia Aeroespacial fue definitiva para que Granada, otra capital andaluza, no formara parte del reparto. La iniciativa de descentralización del Estado por parte del Gobierno repartía una agencia al sur del país y otra al norte.

La situación, sea como fuere, ya pasada al plano eminentemente judicial, tiene pocos visos de llegar a puerto, según apunta fuentes jurídicas a este periódico. Solo podría retrasar el proceso de adjudicación a la capital gallega como sede, circunstancia que el Supremo valorará próximamente, y que, no obstante, tiene igualmente pocas posibilidades de producirse.