La sombra del fiscal general del Estado planea sobre la protesta judicial en Granada

Aunque este era el motivo oficial, no ha pasado en absoluto desapercibido el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien sólo el Gobierno parece defender en su puesto, mientras que desde el ámbito político y también desde la propia carrera judicial exigen su dimisión después de que haya sido procesado por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos, una decisión que le sitúa a un paso de sentarse en el banquillo.

En Granada, eso se ha demostrado de manera fehaciente. En la Plaza Nueva, donde se ubica la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), además de la Audiencia Provincial y otras sedes, se han concentrado, junto a los jueces y fiscales, varias decenas de personas que han criticado duramente al Gobierno central.

«Sánchez a prisión», ha sido uno de los lemas más coreados, que también se ha visto en alguna pancarta. «Los jueces no se compran», también han gritado algunos de los congregados, muchos de ellos con banderas de España y que no han protagonizado ningún incidente y que según fuentes consultadas por ABC serían entre cincuenta y un centenar de personas.

Mientras tanto, la portavoz del colectivo, Montserrat Peña, titular del Juzgado de Primera Instancia número 6, ha leído el comunicado en el que los magistrados, jueces y fiscales destacan que «una democracia real y una verdadera integración en la Unión Europea está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas. Entre estas se encuentra el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judiciales y fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas ambas contra las que reaccionamos con este paro».

Sobre las modificaciones para ser juez y fiscal, los jueces consideran que ha sido «tramitado injustificadamente por vía de urgencia» y que «no responde a demanda social alguna». Además «ha recibido un informe técnico muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración«.

«Se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad con grave perjuicio para las promociones más jóvenes y para los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal«, prosigue el comunicado.

En cuanto al segundo anteproyecto, lamentan que se quieren «aumentar las competencias del Fiscal General del Estado» para que los futuros fiscales «puedan seguir nombrados a dedo por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará más si cabe en contra de las exigencias europeas el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción«.

Todas estas reformas «tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que por todo ello minan la confianza de los ciudadanos en su justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos«, inciden los jueces y fiscales.