Susana Díaz insiste en seguir recurriendo el caso Nevada pese a la falta de argumentos judiciales

Y todo ello a riesgo de que actúe con temeridad procesal y suponga el plausible aumento de la indemnización histórica que deberán pagar los andaluces: más de 165 millones de euros por una sentencia que ya es firme y ejecutiva , dado que el centro comercial aún no ha solicitado su ejecución. La factura sigue creciendo por los intereses devengados , aproximándose a la cantidad reclamada por el empresario Tomás Olivo, quien ya fue condenado por la construcción ilegal del edificio con la cobertura jurídica de la Junta, que ordenó parar fuera de plazo las obras avaladas por el Ayuntamiento de Armilla .

«Llegaremos al límite que nos permite el ordenamiento jurídico español», ha aseverado la presidenta andaluza, convencida de un posible final «justo» . Sin embargo, el recurso de amparo ante el Constitucional en el que ya trabaja el Gobierno andaluz ni siquiera serviría para entrar al fondo del caso, sino que se limitaría a revisar una supuesta vulneración de derechos fundamentales que los tribunales niegan de antemano que se haya producido .

Los argumentos de la Junta se han centrado en evidenciar la vulneración de la tutela judicial efectiva , una tesis que niegan los diferentes tribunales por los que ha pasado el caso, dado que el letrado autonómico – emparentado con el responsable de impugnar fuera de plazo las obras del centro comercial – se ausentó en una vista clave del juicio. Su incomparecencia impidió que el Gobierno andaluz presentara su pericial cuando tenía que hacerlo.

Por si hubiera dudas, y ante el previsible recurso de amparo que pretende formular ahora la Junta, el Tribunal Supremo apunta en su última resolución que tanto sus fallos como los del Tribunal Constitucional en ningún caso supondrían una vulneración de la tutela judicial efectiva , como sostiene «de forma reiterada y sin fisuras» la jurisprudencia existente, lo que deja sin argumentos al Gobierno autonómico para seguir dilatando la causa.