La Junta dilata el caso Nevada y la indemnización se acerca a los 200 millones de euros

El empresario Tomás Olivo, aunque podría hacerlo, no ha solicitado aún la ejecución de la sentencia , como confirman desde su gabinete. Entre tanto, la factura sigue devengando intereses sobre la indemnización millonaria de una sentencia que es «absolutamente» firme, puesto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha resuelto en contra del incidente de nulidad de actuaciones presentado por la Junta, que pedía la suspensión del caso con el argumento de que el TSJA no había admitido las pruebas del Gabinete Jurídico de la Junta por la ausencia del letrado en la vista prevista para ello.

Tras la negativa del TSJA, la Junta de Andalucía está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre otro incidente de nulidad simultáneamente presentado, esta vez contra la providencia por la que el TS acordó no revisar el caso . Fuentes jurídicas consultadas por ABC coinciden en señalar el dudoso recorrido que puede tener esta «argucia» , pues el Alto Tribunal ya se pronunció al respecto de este tema e inadmitió el recurso de casación presentado por los servicios jurídicos del Gobierno andaluz, lo que daría por concluida la vía ordinaria que preceptivamente debe agotar la Junta antes de acudir al Tribunal Constitucional .

«Entendemos que resulta incompatible con la jurisprudencia constitucional acudir al amparo ahora frente a la resolución del Tribunal Superior de Justicia, cuando aún no hemos agotado la vía de la jurisdicción ordinaria , cosa que se producirá si finalmente el TS resuelve y desestima la nulidad», reconocen desde el propio Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía: «Ese, entendemos, es el momento procesal idóneo para plantear el Recurso de amparo, y no ahora, ya que el TC inadmitiría el amparo, precisamente por este motivo».

«Todo ello no prejuzga el planteamiento de ese futuro recurso de amparo, ya que realmente será éste el momento en que se produzca la lesión de nuestro derecho a la tutela judicial , y será el momento en que se agote la vía de la jurisdicción ordinaria», apunta la asesoría jurídica del Gobierno andaluz a ABC tras múltiples intentos para recabar información al respecto.

Sin embargo, según fuentes expertas, el Tribunal Constitucional únicamente estaría habilitado para revisar la posible vulneración de derechos fundamentales, hecho que además debe haberse alegado durante el procedimiento. Las fuentes referidas también dudan del recorrido que tendría el recurso de amparo ante el TC, que en ningún caso entraría en el fondo de un litigio en el que la Junta de Andalucía ha dado sucesivas e inexplicables muestras de «pasividad» , como han puesto de relieve diferentes sentencias judiciales a todos los niveles.

La construcción del Centro Comercial Nevada Shopping ha ido acompañada desde su inicio de todo tipo de anomalías. El proyecto planteado, que fue creciendo hasta hacerse cuatro veces más grande que el original, se edificó con una planta extra y sobre zonas verdes , por lo que la Fiscalía llegó a considerar necesaria la demolición total del «mamotreto» levantado en plena Vega de Granada . Todo ello avalado por las sucesivas reformas normativas que hizo el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Armilla, cuya cúpula resultó condenada en la vía penal, al igual que el promotor.

Sin embargo, el pleito en la vía administrativa acarreó la sentencia histórica contra la Junta de Andalucía, cuyos «errores» a lo largo de este proceso judicial han derivado en la indemnización millonaria a la que las arcas andaluzas deberán hacer frente. En primer lugar, la Justicia achaca al Gobierno autonómico su responsabilidad por dar «cobertura» jurídica a las bases de una «ilegalidad» , cuando autorizó el mismo proyecto urbanístico que con meses de retraso ordenó frenar.

La paralización de las obras fuera de plazo provocó un lucro cesante –perjuicio económico que se produce a raíz de un suceso dañino– por los ocho años de más que tardó en construirse el centro comercial, que abrió sus puertas a finales de 2016. Además, la suspensión de la edificación se demoró en el tiempo sin que la Junta de Andalucía solicitara el levantamiento de esta medida cautelar ante una previsible sentencia condenatoria .

Así lo expuso el propio fallo, emitido tras una vista judicial clave a la que no asistió el mismo letrado autonómico que pocos meses después fue ascendido a jefe del Gabinete Jurídico de la Junta en Granada, que atribuyó a otro «error material» la incomparecencia de su abogado, al que teóricamente no le fue notificada la citación de una sesión de la que dependía la sentencia millonaria, extremo que cuestionan otras fuentes próximas al caso.