La representación de la ex pareja de Juana Rivas en España abandona el caso

El motivo de la disputa, según ha precisado a Europa Press el letrado José Luis Sariego , obedece a la remisión de un comunicado por parte del equipo transalpino para darlo a conocer a la opinión pública, algo que el despacho español ha llevado a cabo este jueves. Sin embargo, con posterioridad, han recibido una llamada desde Italia en la cual «nos decían, sin haberlo explicado antes, que teníamos que haberlo hecho después».

«Nuestro cliente es Arcuri, no él, pero al parecer tiene plenos poderes. No necesitamos pasar por estas cosas: después de una reunión de urgencia, hemos decidido dejar el caso ante la falta de entendimiento con esta parte», ha añadido Sariego, que como novedad procesal también ha aludido a la personación como acusación popular en la causa contra Rivas de una asociación en defensa de los derechos de los niños.

En el comunicado que ha propiciado esta resolución, los abogados italianos de Arcuri - Alessandro Righetti (civil), Marco Capucci (penal), Serlapo Bardi (civil) y el mencionado Bruno Poli , como coordinador y experto en Derecho Internacional Privado, apuntan haber encontrado que en muchos artículos de prensa y opinión «Arcuri ha sufrido graves daños a su honor, dignidad y reputación, lo que le ha causado un considerable daño moral y psicológico».

Los penalistas de este equipo, sostiene el comunicado, están redactando « numerosas denuncias de difamación y más en la Procura della Repubblica di Cagliari» desde diciembre de 2016 hasta hoy, pues «todo se ha registrado».

Asimismo, lamentan que «Juana Rivas y otros sigan con su sistemática labor de denigrar y destruir la honorabilidad del señor Francesco Arcuri», añadiendo, sobre la situación legal y judicial de Rivas en Italia a nivel penal, que «está siendo investigada por el juez de lo Penal, por la posible comisión del delito a que se refiere el art. 574bis del Código Penal Italiano, secuestro y detención en el extranjero de menores, cuya pena privativa de libertad está prevista hasta un máximo de cuatro años y, como pena accesoria, se prevé la suspensión de la patria potestad».

Tendría asimismo que responder del posible delito de difamación por Internet y en prensa y otros medios , así como de otros delitos conexos.

En el ámbito del Derecho civil, «los menores son confiados exclusivamente al padre (custodia paterna exclusiva) y la madre goza actualmente y de forma provisional, del derecho de visitas. Aún no existe pensión de alimentos fijada para los niños a cargo de la señora Rivas».

Tras el regreso de los niños a Italia, la madre «no ha ejercido su derecho de visitas, aunque ha pedido contactar con sus hijos vía Internet, en vía de apelación ». Los letrados italianos informan de que se está redactando la oposición a dicha petición, así como de que se han facilitado al Juez de Familia todos los hechos recientes protagonizados en España por Rivas, con el objeto de suspender la patria potestad de la misma sobre los niños».