El italiano que maltrató a Juana Rivas la denuncia por secuestro y violencia psicológica sobre sus hijos

La denuncia apunta el supuesto « estado psicológico de desequilibrio emocional» de Juana Rivas, lo que supondría un «riesgo para sus hijos, ya que sus comportamientos son imprevisibles y puede dirigirse contra éstos». En ese sentido, la representante legal de Francesco Arcuri observa un presunto delito de « sustracción interparental» , por lo que solicita que la madre sea «objeto de una orden de detención con difusión internacional».

Además, Arcuri ha denunciado otros dos delitos por « violencia psicológica» habitual y continuada contra él –desde que ella se marchó de Italia hasta hoy– y contra los menores por el traslado de domicilio y la transmisión de «ideas erróneas» que han generado «daño y secuelas que deberán ser tratadas por profesionales».

La última vez que Francesco Arcuri vio a sus hijos fue el 18 de mayo de 2016. Por sorpresa, Juana Rivas se fugó con los dos menores de la isla de Carloforte , donde residía la pareja desde que se dieron una segunda oportunidad tras una primera etapa que acabó en una condena al hombre por malos tratos . Después de que él cumpliera la orden de alejamiento y la convenciera de que había cambiado, ambos se fueron a vivir a la ínsula italiana.

Allí vivían y regentaban un hotel rural ubicado a 8 kilómetros del núcleo poblacional más próximo. Juana decidió huir a escondidas por la violencia física y psicológica a la que supuestamente estaba sometida, como denunció al retornar a España en el verano de 2016. Dicha denuncia aún no ha sido resuelta, como tampoco lo ha sido el recurso de Juana ante el tribunal supremo. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ha obligado a la madre a devolver a los niños a la que en teoría es su residencia habitual .

Ante la negativa del juzgado a reconsiderar su caso para que se tenga en cuenta que ha sido una mujer maltratada, Juana Rivas optó el pasado miércoles por fugarse de su fuga para ganar tiempo y presionar con tal de que el Ministerio Público o la Justicia adopten medidas cautelares ante la situación de «peligro» en la que podrían estar los menores.

La Junta, cuyos servicios psicológicos estiman que la ejecución de la sentencia supondría un daño para los niños , ha prestado su servicio jurídico a Juana Rivas y ha anunciado que se personará en la causa para defender sus intereses y los de sus hijos.