Granada, condenada a la parálisis con el PSOE

Cuenca será alcalde pero eso no significará que vaya a tener en sus manos el control de la ciudad que corre un serio riesgo de bloqueo político y económico.

Ese gobierno es «muy complicado que el PSOE lo pueda hacer sin el PP», indicó ayer el alcalde en funciones, Juan García Montero.

El portavoz de Ciudadanos en Granada, Luis Salvador, ya ha adelantado en varias ocasiones que su formación, una vez invista a Cuenca, se irá a la oposición para cuidar que el modelo de ciudad que votaron los casi 40.000 electores del Partido Popular no quede al albur de la izquierda radical.

Y aquí vendrá un problema que se deriva de una sola suma: la que dan los once concejales del PP con los cuatro de Ciudadanos, esto es, la mayoría absoluta de un pleno que tiene veintisiete. El PSOE tendría imposible tratar de gobernar con solo siete concejales y el alcalde si bien confía en que Ciudadanos no apueste por el bloqueo político como estrategia con Cuenca.

La regeneración democrática es la máxima que une a los partidos de la oposición tras la operación Nazarí pero luego hay que poner a funcionar la ciudad. Programas electorales como el socialista, que contempla la recuperación del Instituto Municipal de Formación y Empleo y la creación de «chiringuitos» varios, no están sobre la mesa de negociaciones en las que no abordan más que un acuerdo de mínimos con IU y Vamos Granada, la plataforma en la que está incluida Podemos, que someterá a sus bases el apoyo a los socialistas.

Más allá de los equilibrios políticos, el Ayuntamiento de Granada tiene ante sí un panorama económico desalentador en el que pagar las nóminas de los funcionarios ya será un logro. La deuda que arrastra el Consistorio puede superar los 300 millones de euros según la oposición que ha pedido sin éxito en los últimos años una auditoría financiera en paralelo a otra urbanística.

Ahora accederán a la información que el equipo de Gobierno del PP les ha denegado en su totalidad, según han denunciado reiteradamente. Pero aparte de «abrir ventanas y cajones», como ayer resaltaba el concejal socialista Miguel Ángel Fernández Madrid, la ciudad tiene proyectos estratégicos pendientes que con solo los votos del PSOE no se podrán sacar adelante.

Fernández Madrid, que anunció que su grupo se personará como acusación popular en la investigación judicial que derivó en la operación Nazarí, advirtió además que casi la totalidad de los desarrollos urbanísticos puestos en marcha por el gobierno del ex alcalde José Torres Hurtado «pueden suponer un lastre económico para las arcas municipales difícil de calcular en este momento».

Declaraciones judiciales

La juez María Ángeles Jiménez ha comenzado a tomar declaración a los 17 investigados por una supuesta trama de corrupción urbanística en Granada. Ayer lo hicieron la única persona que no fue detenida hace dos semanas en la operación Nazarí y el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, Enrique Legerén, que aseguró que va a colaborar con la justicia para aclarar unos hechos ante los que también manifestó su más «absoluta tranquilidad».

Está previsto que, de martes a jueves, durante esta semana y las dos próximas, sigan pasando ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, y la fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Sara Muñoz Cobo, el resto de detenidos, todos en libertad con cargos, entre los que se encuentran otros dos importantes constructores y altos cargos de Urbanismo.

Los dos últimos días serán los que levanten más expectación mediática por la implicación política de los declarantes. Así, el 11 de mayo declararán la secretaria municipal, Mercedes López Domech, y la ex concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, mientras que el 12 cerrará las declaraciones el también dimitido alcalde de Granada, José Torres Hurtado.