Piden responsabilidad civil al Ayuntamiento de Granada por el espionaje a una víctima de malos tratos

Fuentes judiciales han confirmado a ABC que el consistorio será incluido en la denuncia porque «aunque las corporaciones no delinquen como tales, sí que lo pueden hacer quienes las representan, y en este caso hay siete policías que presuntamente han espiado no sólo a una víctima de malos tratos, sino también a sus dos hijas, una de ellas menores de edad, lo cual hace más grave aún el caso».

Cuatro de esos policías ya han declarado en sede judicial y los otros tres están pendientes de hacerlo. Según fuentes de la investigación, habrían entrado hasta setenta veces en el sistema Viogén de protección a víctimas de violencia de género. Uno de esos agentes, de forma anónima, ha admitido los hechos pero ha precisado que no vio el expediente de la víctima sino el del presunto maltratador, su jefe, el subinspector.

El motivo no lo ha especificado, pero fuentes policiales y judiciales consultadas por ABC tienen la fundada sospecha de que el objetivo era comprobar qué medidas se habían adoptado contra él por vía judicial y cómo marchaba el expediente que se le había abierto por parte del ayuntamiento.

Entre otras medidas, el juzgado ordenó el alejamiento de la víctima y que se le instalara al subinspector un brazalete telemático de localización. Quebrantó ambas -la del alejamiento al menos en tres ocasiones- y eso empeoró su situación judicial. La Fiscalía pide para él casi siete años de prisión por la presunta comisión de un delito de maltrato continuado, agravado por esos quebrantamientos mencionados.

El subinspector fue retirado del servicio en la calle y obligado a entregar su arma reglamentaria, pero no se le ha apartado del cuerpo. Ahora, a raíz de conocerse que existe esa importante petición de cárcel para él, se le ha abierto un nuevo expediente, pero hasta que no se resuelva puede continuar trabajando. No lo está haciendo porque ha pedido una baja, agregan las citadas fuentes policiales.

Volviendo a los policías, las fuentes judiciales justifican la petición de hasta tres años de prisión –aún por precisar- por el hecho de que «sabían que se les estaba ordenando hacer algo ilegal y aun así lo hicieron, en lugar de reprender a su jefe o por lo menos exigirle que esa orden se le diera por escrito, para que quedara constancia». En consecuencia, no sólo podría existir un delito de revelación de secretos, sino también otro de prevaricación.