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Juzgan a un subinspector de la Policía Local de Granada por agredir a su mujer y quebrantar tres veces la orden de alejamiento

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer acuerda abrir un procedimiento penal contra el denunciado, que además se habría quitado el brazalete de localización que le impuso

Mantiene como medida cautelar que el hombre no se le pueda acercar a menos de 500 metros tras un juicio rápido en el que ella se ratifica y él niega los hechos

El Ayuntamiento de Granada le retira el arma y le abre expediente informativo, aunque continúa en activo ejerciendo "tareas administrativas"

El denunciado es un mando de la Policía Local, que no le ha apartado de sus funciones por el momento abc de sevilla

Guillermo Ortega

Granada

El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha decretado abrir un procedimiento penal e iniciar el proceso de diligencias previas contra V.G.B., un hombre de 53 años al que su mujer, M.I.M.T., ha denunciado hasta en tres ocasiones por quebrantar la orden de alejamiento que le impuso el Juzgado de la Mujer número 2 de Granada.

V.G.B. es subinspector de la Policía Local de Granada, un cargo del que, según han confirmado fuentes judiciales, no ha sido apartado en ningún momento pese a las denuncias y a lo decretado por el juzgado, que ahora entiende que el investigado deberá responder por la presunta comisión de un delito de violencia y maltrato en el ámbito doméstico.

A esas tres denuncias que la mujer interpuso se añade otro hecho: además de impedirle acercarse a menos de 500 metros de su mujer, el juzgado ordenó instalarle un dispositivo telemático para detectar su ubicación. El denunciado, según consta en las diligencias judiciales, se quitó ese brazalete pese a estar expresamente prohibido.

La pareja vivía en la localidad de Armilla, muy cercana a Granada, tiene dos hijas, una de ellas menor de edad, y está en trámites de separación. La orden de alejamiento se dictó después de que ella presentara el 20 de julio de 2023 una denuncia contra él por supuestos malos tratos en el ámbito familiar.

Sin embargo, él la habría incumplido hasta en tres ocasiones. Así lo denunció M.I.M.T. los días 27 de julio, 3 de agosto y 8 de septiembre. En consecuencia, el 20 de septiembre el Juzgado de la Mujer ordenó que se le instalara el brazalete para tenerlo localizado.

No sirvió esa medida, puesto que el 23 de septiembre, el Centro Cometa, encargado de vigilar el comportamiento de quienes tienen ese dispositivo telemático, informó de que se lo había quitado. Un día después dio aviso de que el brazalete se había quedado sin batería y V.G.B. estaba «ilocalizado».

Alto riesgo de «violencia muy grave o letal»

El equipo Viogén de Armilla emitió el 25 de septiembre un informe de valoración policial del riesgo que entrañaba esa circunstancia y determinó que existía un nivel de riesgo «alto», puesto que sobre el denunciado recaía una «especial combinación de indicadores» que aumentan «significativamente» la posibilidad de que «ejerza sobra la víctima violencia muy grave o letal».

Entre esos factores, el informe mencionaba lo siguiente: celos exagerados, acoso, antecedentes penales o policiales, agresiones físicas o sexuales y adicción a sustancias tóxicas.

En un juicio rápido celebrado este viernes 29 de septiembre en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 se ha acordado mantener las medidas cautelares dispuestas hasta ahora: orden de alejamiento de 500 metros y sistema telemático de localización.

En esa vista, según fuentes judiciales, él ha negado los hechos y ella se ha ratificado punto por punto en sus denuncias anteriores. Asegura que siente «pánico» y que teme que le pueda pasar algo no sólo a ella sino también a su hija mayor de edad, que reside en Almería.

Fuentes judiciales apuntan a que el denunciado es un hombre «extremadamente celoso» y que acentuó ese carácter cuando, hace aproximadamente seis meses, su mujer le dijo que quería separarse.

Expedientado y sin arma

El Ayuntamiento de Granada ha reaccionado de manera inmediata. La concejal de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo, ha confirmado que se ha abierto un expediente informativo y que al subinspector le han sido "retirados los privilegios", lo que incluye la obligación de entregar su arma.

"Se ha seguido el protocolo establecido en caso de denuncia", ha precisado la edil en una escueta respuesta a la pregunta formulada por ABC. En ella habla del establecimiento de "medidas cautelares" por parte del cuerpo local de seguridad y añade que el policía no ha sido apartado sino que continúa en activo, ejerciendo "tareas administrativas".

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