Junta y TSJA acuerdan pedirle al Ministerio al menos otros 22 jueces de violencia de género para Andalucía

Trece días después, Del Río ha recibido en Granada al consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y ambos han acordado solicitar al Gobierno central la creación de al menos 22 nuevas plazas de jueces de Violencia sobre la Mujer para Andalucía, dada la «elevada carga de trabajo que ya presentan» y ante las nuevas competencias que la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia tiene previsto para esta jurisdicción.

Es uno de los puntos tratados en la Comisión Mixta entre la Administración andaluza y el Alto Tribunal celebrada este lunes 19 de mayo, donde también se han abordado el resto de los cambios previstos en el texto legal y cuya implantación es inminente en 70 de los 85 partidos judiciales andaluces.

Nieto y Del Río Tanto han coincidido en la «importancia» de esta reunión, la primera que se produce tras la publicación de la citada ley, el pasado mes de enero. Uno de estos cambios es la ampliación de las competencias de los actuales juzgados de Violencia sobre la Mujer, que asumirán también los casos de violencia sexual. Eso «incrementa la carga de trabajo que ya de por sí era muy importante», ha dicho Nieto.

Por este motivo, el consejero ha lamentado que el ministerio, «sin negociarlo y desconociendo los criterios que ha aplicado para dotar de más o menos jueces a cada comunidad», haya anunciado que para Andalucía solo se creen nueve nuevas plazas de jueces de Violencia sobre la Mujer, y una décima que será una transformación de un actual juzgado de Instrucción que pasará a ser de Violencia. «Creemos que es una propuesta insuficiente, por eso proponemos más del doble, con un total de 22 para Andalucía. para que ninguna parte del territorio andaluz resulte perjudicada».

Nieto también ha reclamado al organismo ministerial que defina el modelo de tribunales de instancia en materia de Violencia sobre la Mujer, ya que propone la agrupación de partidos judiciales en esta materia, pero no se ha abordado por igual en todos los territorios. «Es necesario un debate sereno y tranquilo y si es bueno comarcalizar el servicio, pues hagámoslos en todos. Y si no vale, no lo hagamos en ninguno, lo que no vale es que en unos territorios lo hagamos de una forma y en otros de otra».

El consejero ha abogado por ese debate para «una posible ordenación de esa carga de trabajo, para ordenar el servicio a las víctimas y dotar de los medios que requieren los jueces y que entre los dos garanticemos un trabajo eficiente y de calidad para las víctimas de violencia de género o de violencia sexual».

En la reunión también se ha puesto sobre la mesa el resto de los cambios previstos en la Ley y que, a juicio de Del Río, «van a suponer un antes y un después» en la Justicia, generando un número importante de actuaciones que va a tener que abordar la Consejería, «como la reordenación del personal funcionario, la adaptación de espacios o el desarrollo tecnológico», ha indicado.

En este sentido, el consejero ha destacado que desde la Junta hubiese gustado «más diálogo con las comunidades autónomas y con el Consejo General del Poder Judicial, ya que hubiera resuelto algunos asuntos que hoy más que una solución son un problema».

Igualmente, ha criticado la falta de financiación y de apoyo económico por parte del Gobierno a las comunidades para afrontar esta Ley. «Vamos a hacer un sobreesfuerzo para cumplir los plazos de la primera fase de la transformación de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia y lo vamos a tener que hacer sin apenas contacto con el Ministerio y sin la aportación de un solo euro».

Además, la aprobación de la Ley se produjo a posteriori de los presupuestos andaluces. «Lo vamos a hacer, pero nos molesta que tengamos que estar trabajando siempre en esa misma situación, en el yo invito y tú pagas o en el yo la lío y tú lo arreglas, que es lo que desgraciadamente viene funcionando desde hace tiempo por parte del Gobierno».

La Ley establece que a 1 de julio de este año tienen que estar transformados en tribunales de instancia 70 de los 85 partidos judiciales andaluces. «Lo vamos a hacer, aunque no sin esfuerzo y dificultad», dado el importante cambio que supone y para el que ha sido necesario negociar con los sindicatos las nuevas relaciones de puestos de trabajo, que han conllevado un incremento de más de 80 plazas de funcionarios (la gran mayoría de nueva creación y una veintena de consolidaciones de refuerzos) y la creación de nuevos puestos de jefatura «con un coste importante, de 3,7 millones de euros anuales solo para la primera fase.

Igualmente, será necesario adaptar «todas las sedes judiciales», ya que al cambiar el modelo organizativo se requiere de espacios más diáfanos. También habrá que adaptar el sistema de gestión procesal a una nueva ordenación de la oficina, la tramitación y el reparto del trabajo, lo que solo en la primera fase supone más de dos millones de euros.