El TSJA insiste en su queja en la Memoria de 2024: la Justicia en Andalucía es lenta y funciona mal

Durante 2024, Andalucía volvió a aumentar los niveles de litigiosidad, con el ingreso de un 5% más de asuntos que en 2023. Los tribunales andaluces, a la cabeza de España en esta dudosa clasificación, ingresaron 1.434.551 asuntos frente a los 1.372.072 del pasado año, lo que revela que ha subido el nivel total de litigiosidad, aumentando sobre todo en los órdenes jurisdiccionales social, con un 16% de incremento, y civil, con un 8%

Por buscar un relativo consuelo, Andalucía sigue por encima de la media nacional, pero no tanto como en 2023, porque ha aumentado la litigiosidad en el conjunto del Estado. Así, la comunidad andaluza presenta una tasa de litigiosidad superior en casi un 2% a la media estatal: si en el conjunto del Estado fue de 160,41 asuntos por cada 1.000 habitantes durante 2024, en el ámbito del TSJA dicha tasa fue de 163 (frente a los 156,8 asuntos del año anterior).

En aras de precisar, la jurisdicción civil ingresa un 8% más y continúa la tendencia al alza desde el incremento de 2017. La social ingresa un 16% más de asuntos, mientras que en la jurisdicción penal los asuntos disminuyeron un 3%. La jurisdicción contenciosa también bajó, un 20%. Los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, el 50% del total; el porcentaje relativo a la jurisdicción civil supone un 41% , la jurisdicción social representa un 7% y la contencioso-administrativa supone un 2% del total de asuntos ingresados.

La Memoria indica que se sigue con idéntica tendencia de años anteriores: gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, sobreutilización del proceso y sobrecarga innecesaria en los juzgados. Se ha hecho y se sigue haciendo «un uso abusivo» de la Justicia por parte de los ciudadanos, ha remarcado el presidente del TSJA.

Como es «necesario cumplir con el mandato constitucional de una justicia en plazos razonable, esperamos que den sus frutos las medidas a implantar durante 2025 en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ya que es imprescindible en nuestro ordenamiento jurídico, al lado de la propia jurisdicción, la coexistencia de otros medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional», ha subrayado.

Pese a que durante 2024 los órganos judiciales resolvieron 1.340.223 asuntos (un 5% más que el año anterior), quedan pendientes al final del año un total de 862.511 asuntos. La tasa de resolución ha sido del 0,93, cifra que indica «laboriosidad con carácter general«, si bien los órganos judiciales resuelven menos de la totalidad de los asuntos ingresados anualmente. Esto supone que la pendencia aumentó un 13,8% respecto a los asuntos que quedaron en trámite a final de 2023.

En este sentido, el volumen de asuntos pendientes se ha incrementado en una década un 67%: de 514.636 a final de 2014 se ha pasado a 862.511 en este año, «un atasco sumamente llamativo y preocupante«. La carga total de trabajo »siempre es superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales«, resalta Del Río en la Memoria.

Una valoración de los datos «nos conduce a unas conclusiones negativas y similares a las Memorias de los últimos años, máxime a la vista los datos estadísticos de 2024: la justicia andaluza sigue en cifras sumamente llamativas de pendencia y dilaciones, contexto que manda un mensaje y percepción inevitable a la sociedad: justicia lenta y poco eficiente».

Eso, pese a que en este último año, matiza, «se han dado pasos importantes desde la Administración autonómica hacia la definitiva consolidación de la modernización tecnológica, aunque todavía queda un importante camino por recorrer«. Se debe continuar por la vía de la modernización y también es »imprescindible un significativo aumento del número de plazas judiciales«.

La Memoria también hace referencia a la agrupación de los partidos judiciales, para decir que es una buena idea pero que se echa de menos «una apuesta más decidida», puesto que en el actual contexto socio-económico, con la facilidad de comunicaciones tanto para el desplazamiento físico como para la interacción vía telemática, no parece concebible mantener la actual dispersión y pluralidad organizativa, es evidente el beneficio que para el sistema de justicia supondría la agrupación».

Después de todo, la Memoria deja una conclusión no tan negativa: El año 2024 puede marcar el final de una etapa en nuestra Administración de Justicia caracterizada por la ausencia de las reformas y recursos imprescindibles, en un entorno de ausencia también de consenso político, todo ello imprescindible para adaptarse a la realidad de los tiempos y ser capaces de dar respuesta ágil y eficiente a la demanda social de tutela judicial efectiva«.