Un enredo administrativo mantiene sin actividad 18 meses a una empresa de Granada donde se detectó listeria

En abril de 2024, esa empresa, de casi 50 años de antigüedad, sigue sin poder producir, su administrador único asegura que ha perdido en todo este tiempo dos millones de euros y confiesa que está a punto de cerrar. Todo lo que le ha pasado en estos 18 meses, asegura, ha sido «injusto».

Según se divulgó en su momento, los productos potencialmente peligrosos fueron fuet, salchichón, chorizo ibérico, chorizo vela picante y queso de cerdo y fueron distribuidos en Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga y las islas Baleares. No ha trascendido hasta el momento que hubiera ningún afectado por su consumo.

Sin embargo, David Díaz, responsable de la empresa, matiza que el análisis negativo sólo se produjo en un lote de fuet y que éste no se hizo de la manera correcta. «No se siguió el protocolo porque el análisis se realizó cuando el producto ya había salido de aquí, fuera del control de nuestra empresa. Tampoco nos dejaron hacer un análisis contradictorio o contraanálisis», narra.

Añade que Cárnicas Sierra Nevada no fue entonces sancionado por esa cuestión. Sí se abrió un procedimiento penal, que fue archivado a través de un auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada en septiembre de 2024. Se decretó el sobreseimieinto de la causa.

Juan José Álamo, abogado del responsable de la empresa, especifica que si la empresa no ha podido funcionar a pesar de todo ha sido por los numerosos expedientes administrativos abiertos desde entonces, un total de seis, que se están dirimiendo por la vía del contencioso, y sobre todo porque en diciembre de 2024 a la fábrica le fue retirado el registro sanitario.

«Se han hecho informes sin sellos, sin número de registro, sin código de barras, hay tantas irregularidades que no podemos entender lo que ocurre. La Junta nos dice, además, que dificultamos la actividad investigadora y que no hemos subsanado las deficiencias que se han encontrado, pero no nos indican cuáles son ni cómo podemos resolverlas», añade el letrado.

En efecto, la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Granada, a preguntas de ABC, ha informado de que ha requerido «en varias ocasiones» a la empresa que subsane «cuestiones sanitarias para poder facilitar las autorizaciones pertinentes, pero hasta la fecha la empresa no ha subsanado nada». Ha añadido que la seguridad alimentaria «es fundamental para todos los ciudadanos» y que para garantizarla «hay que cumplir con la normativa establecida y vigente».

No lo ha dicho ahora, pero sí cuando estalló el caso: la Junta de Andalucía dictó una resolución del 26 de julio de 2023 en la que instaba a Industrias Cárnicas Sierra Nevada SL a cesar su actividad tras detectar la bacteria en lotes de productos. La fábrica se habría saltado esa prohibición y habría seguido vendiendo en varios puntos de Andalucía.

En el momento de la alerta sanitaria, Cárnicas Sierra Nevada tenía doce empleados. Ahora sólo quedan David Díaz y el contable. Dentro de la fábrica hay siete mil jamones ibéricos y blancos inmovilizados. «Esto se terminará resolviendo por la vía judicial, no por la administrativa, pero mientras tanto no sé cómo vamos a hacer», insiste David Díaz, con un punto de resignación.

«Conocemos casos de establecimientos donde se produjo una intoxicación por salmonelosis, con afectados que tuvieron que ir al hospital y todo, y sin embargo pudieron reabrir al cabo de un mes y medio. Aquí nadie se puso enfermo por consumir ese fuet y sin embargo ha pasado año y medio y todo sigue paralizado. No conseguimos entenderlo», concluye el abogado Juan José Álamo.