análisis
Doñana, un paraíso asediado tras 20 años de inacción del PSOE
La regularización de los regadíos se cerró en falso con un plan andaluz de 2014 que no acabó con la proliferación de pozos ilegales
El Gobierno de Zapatero desoyó los informes que alertaban del expolio del acuífero, según la sentencia europea
Cuatro años esperando las obras prometidas por Sánchez para llevar el agua a Doñana
Matalascañas, un núcleo turístico en medio del parque que también bebe del acuífero
Crimen ecológico, terrorismo medioambiental, ataque negacionista, gamberrismo… Los sustantivos pronunciados ante los micrófonos por parte de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez definen por sí solos la batalla campal por el agua y la conservación del espacio natural en la que se ha convertido Doñana ... . Todo lo que tenga que ver con este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco se ha tornado en material altamente inflamable en un escenario político dominado por el vértigo de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo y las generales del 23 de julio.
Cultivos ubicados fuera
de la cartografía oficial de
‘Suelos Agrícolas Regables’
en la Corona Norte
Cultivos ubicados dentro
del Plan Especial de
Ordenación de Regadíos
en la Corona Norte
Límite de los municipios
que conforman la Corona
Norte de Doñana
Río Tinto
Sevilla
Huelva
Bonares
Parque
Nacional
de Doñana
Rociana del
Condado
Lucena
del Puerto
Jerez
Almonte
Moguer
Río Odiel
Río
Guadiamar
El Rocío
Ubicación de los regadíos en la Corona Norte de Doñana
Río
Guadaira
Límite del
Parque Natural
de Doñana
Matalascañas
Límite del
Parque Nacional
de Doñana
Río
Guadalquivir
ABC SEVILLA
Ubicación de los
regadíos en la Corona Norte de Doñana
Cultivos
ubicados dentro
del Plan Especial de
Ordenación de
Regadíos en la Corona Norte
Cultivos
ubicados fuera
de la cartografía
oficial de ‘Suelos
Agrícolas Regables’
en la Corona Norte
Límite de los municipios
que conforman la Corona
Norte de Doñana
Bonares
Rociana
Lucena
del Puerto
Almonte
Río
Guadiamar
Moguer
El Rocío
Río
Guadaira
Matalascañas
Límite del
Parque Natural
de Doñana
Río
Guadalquivir
Límite del
Parque Nacional
de Doñana
ABC SEVILLA
El espacio natural lleva meses abonado a los conflictos, algunos justificados, otros exagerados y dañinos para la población que comparte vecindad con Doñana y vive del cultivo de la fresa, y todos ruidosos. Si a todos estos ingredientes se unen las luces rojas encendidas en la Unión Europea y una prolongada sequía que ha hecho del agua un bien todavía más escaso y codiciado, el resultado es una tormenta perfecta. ABC trata de reconstruir con datos el relato de lo que ha sucedido en los últimos 30 años. Que cada uno saque sus propias conclusiones.
Los responsables
¿Quién ha secado Doñana?
Es la gran pregunta que resuena en este partido de ping-pong que juegan el Gobierno y la Junta de Andalucía pasándose uno a otro la responsabilidad de secar el acuífero y las lagunas de esta importante reserva de la biosfera. En el punto de mira están las captaciones del agua que dan sustento a la agricultura y el turismo. Para encontrar la respuesta, basta con leer con atención la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictada el 24 de junio de 2021, tras una denuncia presentada por la ONG ecologista WWF. El Estado español fue condenado por no haber puesto coto a las «extracciones desmesuradas de agua subterránea» que incumplen las Directivas Marco del Agua y Hábitats.
La Justicia europea es muy clara: «En el momento en que se elaboró el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2009-2015 había indicios suficientes para considerar que el acuífero de Almonte-Marismas, tal y como se definía en dicho plan, estaba sobreexplotado y corría el riesgo de no alcanzar los objetivos fijados por la Directiva 2000/60». El documento aseguraba que el acuífero presentaba un «buen estado cuantitativo», una conclusión «errónea» para la Comisión Europea, puesto que dos informes del Instituto Geológico y Minero de España de 2009 y 2017 habían acreditado «las extracciones excesivas de agua subterránea» cerca del parque.
El plan que subestima la amenaza que los pozos representaban fue tramitado y aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), siendo ministra de Medio Ambiente la socialista Elena Espinosa. De aquellos polvos vinieron los lodos de la condena judicial.
la vigilancia
¿Quién controla el agua?
La tarea de vigilancia, control y sellado de las captaciones ilegales de agua corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el órgano estatal que regula la cuenca. Su falta de celo con los infractores ha contribuido al agotamiento del acuífero 27, la 'cantimplora' subterránea que abarca 2.410 kilómetros cuadrados y nutre a la reserva natural. Dicha pasividad ha sido puesta de manifiesto también por la Justicia española.
Hasta 2006, la CHG no empezó a expedientar a agricultores por regar frutos rojos con pozos ilegales, a pesar de que llevaban diez años utilizando el agua en la finca de Matalagrana, según recoge el sumario de una causa que terminó con una sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva en diciembre de 2021. El magistrado censuró la actuación «negligente» del órgano gestor de la cuenca, pero no se pudo acreditar que los agricultores quebrantaran la ley a sabiendas.
La Junta, que gestionó el Guadalquivir entre 2009 y 2011, dejó expedientes de sanción en los cajones y acabaron prescribiendo
En el banquillo de los acusados se sentaron quince personas, dos de ellos exalcaldes de Almonte, uno del PSOE y otro del PP. «Ninguna Administración pública competente en materia de aguas o medio ambiente, a la que se le presume una actuación basada en el principio de responsabilidad, advirtió a los acusados que debían dejar de regar», concluyó la Audiencia de Huelva, que ratificó la sentencia absolutoria el pasado marzo. La CHG denegó los permisos de los pozos en el año 2007, pero no los cerró. El problema se zanjó con la imposición de sanciones leves.
Este contencioso tuvo otro protagonista: la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves (PSOE), que en febrero de 1996, a través del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, había cedido 75 hectáreas de la finca Matalagrana al Ayuntamiento de Almonte para introducir «técnicas de cultivo de fresas compatibles con el medio ambiente». Las tierras se repartieron en lotes entre agricultores de la zona y fueron ampliándose en los años sucesivos hasta alcanzar las 211 hectáreas. Hoy todas ellas tienen autorizado el uso de agua.
el otro protagonista
¿Qué papel juega la Junta de Andalucía?
El 1 de enero de 2009 es una fecha clave en esta historia. El Gobierno de Zapatero traspasó al Ejecutivo andaluz las competencias exclusivas en la gestión de la cuenca del Guadalquivir. En octubre de 2011, éstas fueron devueltas al Estado tras declararse inconstitucional el artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 que reclamaba su cesión, impugnado por la Junta de Extremadura.
Después
Antes
Durante los casi tres años que la Junta de Andalucía se hizo cargo de la gestión, cientos de actas de inspección levantadas contra las extracciones clandestinas del acuífero 27 se quedaron guardadas en los cajones, presas de la descoordinación burocrática. En dicho periodo, «las cajas de los expedientes administrativos estuvieron yendo de un sitio para otro, de modo que muchos volvieron prescritos», declaró a El Mundo el fiscal de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores, en el año 2015.
Después
Antes
El detonante
¿Cuándo empezó la guerra del agua?
La caja de los truenos se abrió el 3 de marzo pasado a raíz de que el PP y Vox iniciaran la tramitación de una proposición de ley en el Parlamento andaluz para ampliar los regadíos regularizables que se quedaron fuera del Plan de Ordenación de la Corona Forestal al norte de Doñana aprobado por la Junta de Andalucía en el año 2014, bajo el mandato de Susana Díaz (PSOE). Dicho programa, que afectaba una superficie de 64.457 hectáreas, dio el salvoconducto legal a 9.340 hectáreas en la comarca del Condado de Huelva, integrada por cinco municipios: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Para entonces, el acuífero llevaba décadas vaciándose a toda mecha para regar explotaciones de fresas cuya modernización subvencionaba el Gobierno andaluz.
Los roces derivados de la difícil convivencia entre la agricultura y el espacio natural no son, pues, de ahora. Vienen de tiempo atrás. Se agudizaron a raíz de la mencionada regularización. Para determinar qué fincas se quedaban dentro o fuera de la ley, se recurrió a una fotografía aérea de los terrenos agrícolas captada en junio de 2004, nada menos que diez años antes. Este criterio dio lugar a situaciones anómalas, como que en una misma finca de cultivo, una mitad fuera catalogada de regadío y la otra mitad como terreno forestal y, por tanto, inexplotable.
Tan selectiva criba hizo que incubara un sentimiento de frustración entre los agricultores excluidos, dueños de 1.400 hectáreas que quedaron al margen de la ley. Pero muchas de ellas continuaron regándose con pozos piratas, mientras los sucesivos gobiernos andaluces miraban para otro lado. El conflicto se había cerrado en falso. Para el actual Ejecutivo andaluz del PP, urge resolverlo, aunque la sequía no sea el mejor escenario para abrir este melón. No es una ocurrencia, sino un compromiso que figura en el programa electoral con el que el PP ganó las pasadas elecciones andaluzas con mayoría absoluta.
Para Bruselas, las medidas recogidas en el plan especial de regadíos de 2014 que ahora quiere modificar el Gobierno andaluz y el mencionado plan hidrológico de 2009 «no son apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales», como recordó la sentencia del TJUE. Hasta el 24 de agosto de 2020, tras la investigación abierta por la Justicia Europea, el Gobierno de Pedro Sánchez no movió ficha publicando una ley que declaraba sobreexplotadas tres de las cinco masas de agua en que se divide el famoso acuífero 27.
localización
¿Los regadíos están dentro de Doñana?
Claramente, no. Todas las fincas que obtuvieron la condición de regables al amparo del plan de 2014 y las entre 600 y 700 hectáreas que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno propone ahora regularizar, no están situadas en el corazón del Parque Nacional, sino a una distancia de entre 40 y 100 kilómetros.
La CHG, sin embargo, considera una «excusa» dicho argumento empleado por la Junta actual. «En la cuenca del Guadalquivir, el 93% de la superficie regada fuera del suelo agrícola regable localizado mediante imágenes de satélite en abril de 2023 está a menos de 5 kilómetros de los límites de las zonas protegidas» de Doñana, asegura.
El ente gestor de la cuenca ha cerrado 722 pozos en el Condado de Huelva
La legalización no termina con los riesgos que amenazan a la «fortaleza asediada» del humedal más importante de Europa, como lo define el documento titulado 'Marco de Actuaciones para Doñana', presentado el 30 de noviembre pasado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a alcaldes, organizaciones agrarias, ecologistas y científicos. El plan, que prevé una inversión de 356 millones, se fija como objetivo tener cerrados todos los pozos ilegales de su entorno en 2025, con el objetivo de revertir la degradación ambiental que sufre este emblemático espacio.
recuento
¿Cuántos pozos ilegales hay?
El último balance realizado por la CHG, se han cerrado 722 pozos: 231 ilegales y 491 tras obtener sus dueños el derecho a sustituirlos por agua superficial proveniente de trasvase. Además, hay otros 428 pozos que cataloga como «en tramitación del cierre».
nuevas concesiones
¿Se siguen autorizando captaciones de agua?
Sí. El 2 de febrero de 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica concedió 13 permisos para extraer aguas subterráneas en el término municipal de Almonte, atendiendo una petición de la Junta que se remonta al año 2007. El 27 de julio de 2022 se inscribieron 544 concesiones más para extraer 6,3 hectómetros cúbicos al año de pozos y sondeos localizados en cuatro municipios de la Corona Norte de Doñana. Entre los años 2020 y 2022, la CHG ha regularizado derechos de agua en una extensión agrícola de más de 2.100 hectáreas de la comarca, incluidas 814 hectáreas de los regantes de El Fresno, en este caso mediante la concesión de aguas superficiales, lo que ha facilitado el cierre de 300 pozos.
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