El Gobierno saca pecho de la lucha contra el narco en Andalucía: «No se está escatimando ni se va a escatimar un solo euro»

En Algeciras, el delegado dijo que se está haciendo «una gran inversión con 160 millones de euros» vinculados al Plan de Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. Eso con los sindicatos de Policía Nacional y las Asociaciones de la Guardia Civil protestando en la puerta de la Delegación del Gobierno en Sevilla para pedir ser declarados «profesión de riesgo».

«No me gusta hablar de dinero porque la seguridad no tiene precio», comentó Fernández, quien resaltó que hay inversiones en medios de defensa, de observación, de investigación y en medios automovilísticos motorizados y de vigilancia, entre otros. Al tiempo que decía no conocer las reclamaciones que hacen los sindicatos.

En este punto enmendó la plana al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, que aseguró el día antes que «hay una mayor peligrosidad, no sólo en Sevilla, sino en Europa, por eso hay que responder con más medios». Lo hizo tras el tiroteo en el que un agente del Greco de la Policía Nacional resultó herido por el disparo de un fusil en Isla Mayor.

Lo que sí reconoció Fernández es el potencial armamentístico de los narcos. «Armas largas, más sofisticadas y más complicadas desde el punto de vista de que son más peligrosas», apuntó el delegado, quien dijo que era un problema «a nivel internacional» y no únicamente en España.

En este sentido quitó la razón a sus eurodiputados, que como ya adelantó ABC, han votado dos veces en contra de considerar la violencia del narco un eurodelito. Un reconocimiento que haría más sencillo la lucha cuando el crimen organizado cruce las fronteras de los países. En una propuesta de directiva desvelada por este periódico se pidió un sistema de protección para los agentes en Europa, así como el reconocimiento de «profesión de riesgo».

El PSOE votó en contra de la propuesta alegando que los sanitarios o los conductores de autobuses también reciben agresiones. Además, se negó, durante las propuestas de enmiendas a la futura directiva, a que el marco protector a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad siguiera adelante. Algo que también niega el Gobierno de España, que luego se limita a condecorar a los agentes heridos o fallecidos en esta guerra contra el narcotráfico.