El PSOE rechaza en Europa convertir en 'eurodelito' la violencia del narco

El pasado mayo, una misión de la Unión Europea llegó a Barbate y Algeciras para evaluar las condiciones de seguridad en las que trabajaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ahí salió una propuesta de directiva con una petición de un marco regulador estándar para todos los estados miembros. Tras conocer los testimonios de los familiares de los agentes asesinados o heridos en acto de servicio, se pide que estas agresiones sean un 'eurodelito', pero también unos mínimos de protección y de servicios para combatir las secuelas de un intento de homicidio.

Sin embargo, hechos como regular que todos los estados miembros den asistencia psicológica contra estrés post traumático o una atención sanitaria urgente ante un atropello premeditado, un disparo o ser arrollados por una narcolancha, al PSOE le parece «excesivamente alarmista», cuando hasta la propia jueza que lleva el caso del asesinato de los agentes en Barbate fue amenazada con pintadas y le vandalizaron el coche. 

Obvia que las más de 16.000 agresiones en España y las 43.000 en Alemania, al mismo tiempo que olvida como el crimen organizado es capaz de matar en el paseo marítimo de Fuengirola y a los pocos días en las calles de Ámsterdam. «No creo que sea necesario establecer regímenes especiales para determinadas profesiones, porque muchas profesiones sufren agresiones de vez en cuando, porque podemos pensar también en el personal sanitario», añadió Medina en su intervención, que también comparó el problema con los trabajadores del transporte público.

«Son muchos los sectores», remató Medina, quien dijo que los militares europeos y las policías tienen la normativa necesaria. «Tenemos que pensar que el ejercicio de la violencia de manera legal la ejercen, efectivamente, los funcionarios para el cargo y, por tanto, debemos proteger a la ciudadanía en el ejercicio de sus libertades civiles, de su derecho a la manifestación, de su derecho a la expresión pública, porque también hay que reconocer que corren malos tiempos en la Unión Europea», argumentó la eurodiputada socialista.

La propuesta, desgranada por ABC, pide un reconocimiento del riesgo y el peligro que supone para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ejercer su trabajo. Por eso se exige «protección jurídica» con el reconocimiento como 'eurodelito', pero además la Unión Europea tendrá que debatir un marco legal común que comprometan unos estándares de protección de policías, militares, funcionarios de seguridad de prisiones y agentes de aduanas y fronteras, así como de operativos de emergencias.

Ahí la propuesta que no apoyada el PSOE va más allá, al garantizar una serie de derechos y condiciones laborales que, por ejemplo, en Andalucía son necesarias y muy demandadas por los sindicatos de Policía y por las Asociaciones de la Guardia Civil. Entre otras, está la petición de la declaración de «profesión de riesgo» a la que se niega el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, es una llamada a regular desde Europa la compensación económica de las condiciones de especial riesgo, la rebaja de la edad ordinaria de jubilación o adaptar la jornada laboral al nivel de peligro que tiene cada agente cuando sale a hacer su trabajo a la calle.

El crimen organizado es el que más duro golpea a los que llevan uniforme, que se ven obligados a recelar hasta niveles extremos de su identidad para protegerse ellos y a su familia. Y cuando son heridos en una intervención, la proposición es que Europa haga que los estados miembros garanticen medidas adecuadas para la protección de su salud y que tengan un acceso inmediato a la asistencia.

Por eso se propone exigir planes de prevención de riesgos para la salud física y mental, así como programas de acompañamiento a los heridos. En el caso de una enfermedad, lesión o muerte derivadas del desempeño de sus funciones se pide garantizar a su familia la percepción de los derechos económico-financieros con una indemnización adecuada por los servicios prestados del agente.

En la memoria está el coche vandalizado de la mujer de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate o cuando los narcos pusieron precio a la cabeza del jefe de Antidroga en Andalucía. Para lidiar con las secuelas, la directiva proponía como fundamental la atención psicológica, que también se quiere regular. «Los profesionales de riesgo a los que se aplica la presente directiva tendrán acceso a asistencia psicológica para la prevención y el cuidado de la salud mental».

Del mismo modo, ese mismo apoyo se pide regularlo para los familiares dependientes. «Tendrán acceso a programas de apoyo psicológico y social en aquellas situaciones derivadas de la actividad laboral del profesional de riesgo», expone el documento.

Cuatro años tardó el inspector de Algeciras en regresar a su trabajo tras ser embestido por unos narcos a la fuga en una carretera secundaria. No regresó el agente de EDOA de Málaga al que casi seccionan las dos piernas atrapado entre dos coches, mientras el traficante no para de pisar el acelerador. Tampoco los agente asesinados en la bocana del Puerto de Barbate en medio de los vítores de una multitud. «La Unión Europea se tiene que construir sobre otros valores de convivencia, ciudadanía y democracia», abundó la eurodiputada socialista, que se olvidó de aquellos que sufren las secuelas de la guerra contra el narco para proteger esos mismo valores.